El Gobierno de Santos, fiel a su política de destrucción de la soberanía y de la producción nacionales, continúa golpeando a la educación pública y al magisterio: el servicio de salud se deteriora aún más, al punto que departamentos como el Vichada se han ido a paro; no se da respuesta a la petición del aumento salarial; se incumplen aspectos de los acuerdos de mayo y septiembre del año pasado; con los Tratados de Libre Comercio se convierte la privatización en una locomotora; se adopta como política de Estado el estudio de COMPARTIR que oculta la responsabilidad de las agencias internacionales y el gobierno en el desastre educativo, agencia la privatización, responsabiliza a los maestros de las devastadoras consecuencias de la política educativa gubernamental, es punta de lanza para reafirmar el 1278 y la evaluación de competencias, liquidar a marchas forzadas el 2277 y negar el nuevo estatuto docente; y la violación de la autonomía educativa se profundiza con programas como Todos a Aprender.
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