Las reformas a la educación superior contempladas por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el Plan Nacional de Desarrollo, no son producto del trámite democrático de sus actores más sensibles. Por el contrario, y entre otras cosas, apuntan a la introducción del Acuerdo por lo Superior 2034[1] en las universidades: política, según múltiples denuncias de la comunidad universitaria, formulada a sus espaldas y con un carácter ostensiblemente privatizador en el caso de las universidades públicas[2].

Revisemos algunos lineamientos del acuerdo, en principio.

El lineamiento 136[3] de este, “redefine” el financiamiento de las IES públicas “introduciendo” un modelo de “corresponsabilidad”, cuya novedad, si así puede interpretarse desacierto tal, es reafirmar el desembarazo fiscal del Gobierno Nacional Central respecto a la oferta pública en educación superior. Tanto es así, que el diagnóstico que antecede a los lineamientos da por hecho su existencia, y presume que el gasto en educación superior es del 2% respecto al PIB, cuando lo realmente cierto, es que solo el 0,8 % de tal porcentaje corresponde al gasto público; y lo restante, al gasto privado, reflejado en el esfuerzo de las familias por proveer educación a sus hijos[4].

Todo esto indica que favorecerá, tal como ha sucedido en los últimos 25 años, el aumento de incentivos a la demanda a través de créditos educativos que aseguren un nicho de mercado al capital financiero en la educación superior y el aumento de la carga financiera de las familias, lo que avocará nuevamente a las Universidades Publicas cuyo déficit ya supera los 12,5 billones de pesos, a la venta de bienes y servicios para librar las crisis financieras que recurrentemente enfrentan, desvirtuando así, el cumplimiento de sus fines misionales.

Por otra parte, en sus lineamientos 5.1, 10, 13 y 14 ordena flexibilizar los esquemas de ingreso y los currículos de las IES, para incrementar la cobertura y la tasa de graduación del sistema, elementos que ya se advierten en las metas del PND. Para colmo, constriñe a las instituciones que se nieguen a hacerlo, puesto que la flexibilización se torna en requisito para la acreditación y la obtención del registro calificado de los programas que estas oferten, lo cual constituye una flagrante violación a la autonomía universitaria. En últimas, quieren hacer la fácil; así lo precisa el espectáculo de presentar resultados de gobierno, donde el hecho de que 84 de cada 100 estudiantes que ingresan a las IES, deserten -esto, sumando la deserción de las instituciones universitarias con la de las técnicas y tecnológicas[5] – no resulta aceptable estéticamente.

Para terminar, por ahora, permítaseme parafrasear a Guy Debord cuando decía que todo lo que fracasa en la realidad, tiene una segunda oportunidad en el espectáculo: Así es la política educativa de Santos, un espectáculo que afanosamente encubre la tragedia que lo antecede, cuyo carácter, aun destructivo se desenvuelve en la más honda armonía.

Notas:

[1] http://www.universidad.edu.co/index…

[2] http://manecolombia.blogspot.com/20…

[3] http://www.dialogoeducacionsuperior…

[4] IBIDEM

[5] IBIDEM