Cuando queda sólo una semana para dar por culminado el proceso de concertación del pliego de peticiones presentado por la Federación Colombiana de Educadores al Ministerio de Educación Nacional, en opinión de Tribuna Magisterial el balance no es satisfactorio. Nosotros consideramos desde el principio que entre los diez capítulos que contiene el petitorio, hay por lo menos cinco temas que tienen mayor peso que los demás, a saber: política pública educativa, porque plantea confrontación al modelo neoliberal de intermediación del capital privado en la prestación del servicio público educativo; salarios, porque aborda uno de los temas que son la razón de ser de un sindicato: la negociación de las condiciones económicas del trabajo de sus afiliados; salud, porque exige solución a uno de los más graves problemas del momento para los docentes: el pésimo servicio de atención médica; Fondo de Prestaciones, porque apunta a preservar el régimen especial de prestaciones del gremio, amenazado de muerte por la actitud del gobierno que quiere aplicarnos a la brava el régimen general; estatuto docente único, porque pretende acabar con la oprobiosa división laboral del magisterio creada por el régimen al imponer un remedo de estatuto que elimina la estabilidad laboral y los derechos de carrera conseguidos por el gremio en ardua lucha hace treinta años.
De esos temas centrales sólo se ha avanzado en uno: la creación de la comisión tripartita Gobierno-Congreso-Fecode para iniciar la discusión de un proyecto de estatuto único docente. Esto constituye un avance en el sentido de que la movilización del magisterio logró modificar la inflexible postura del gobierno de no discutir acerca del Estatuto por considerarlo un tema concluido con la expedición y aplicación del 1278 desde 2002; pero este será un largo y duro pulso como lo analizamos en otro artículo de este boletín.
¿Cómo está la discusión de los temas nodales restantes? En cuanto a política pública educativa el gobierno dijo NO a todas y cada una de las peticiones de Fecode y persistió en defender su nefasta política de privatización, cuyo peso trató de minimizar con cifras mentirosas; acusó a Fecode de no tener propuestas para la calidad de la educación, pero tasó en 20 billones lo que la Federación pide en ese tema, para decir que es imposible invertir tal suma en educación.
El tema salarial aún no se ha abordado en la mesa. Lo correspondiente a salud fue tratado en los inicios de la negociación, pero se aplazó su discusión por petición del gobierno. La discusión de las peticiones relativas al régimen prestacional y al fortalecimiento del Fonpremag está en un punto muerto porque el gobierno negó las peticiones de Fecode con interpretaciones jurídicas amañadas que pretenden justificar la violación que hace de las leyes y sentencias judiciales, y eludir su responsabilidad fiscal, lo cual, sumado a las negativas en materia de política educativa, originó la indignación de la Comisión Negociadora de Fecode, que pidió suspender el proceso hasta que el gobierno muestre real voluntad de negociación.
La mesa de concertación volverá a reunirse el viernes 27 de mayo. Para conseguir avances en los temas restantes, que superen lo poco conseguido hasta el momento, la dirección de Fecode deberá emplearse a fondo en las tres o cuatro sesiones que aún faltan, y las bases magisteriales deberán responder positivamente a los llamados de movilización que se hagan. De todas maneras, los temas en los que no se logre conseguir resultados positivos, seguirán como puntos de conflicto del magisterio con el gobierno, a la espera de condiciones más propicias para adelantar luchas de profundidad.
El pleito mayor con el gobierno seguirá siendo el empeño que Santos y su ministra de Educación le ponen al aumento de la intermediación del sector privado en la prestación del servicio educativo, al cual deberán enfrentarse las comunidades educativas si no quieren que el derecho a la educación naufrague como lo está haciendo hoy la salud, entregada a unos intermediarios inescrupulosos, verdaderos criminales de cuello blanco, que han acumulado jugosas fortunas a costa de la salud y la vida de los colombianos, en desarrollo de la ley 100 de 1993, que ha causado más muertes que todas las violencias juntas. Será necesario levantar a todo el pueblo colombiano contra la privatización de la educación, para impedir que el “paseo de la muerte” que hoy caracteriza a la salud, se traslade a la educación, convirtiéndose en el “tour de la ignorancia”, por lo inaccesible que será este servicio si se entrega a manos de mercaderes insaciables.
ÁLVARO MORALES SÁNCHEZ, Director de “Tribuna Magisterial”
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