La Policía dijo que unas 2.000 personas iniciaron la marcha en la Plaza Italia, pero de forma paulatina se fueron sumando participantes que media hora después los medios cifraban en unas 8.000 personas y más tarde en unas 20.000.
La manifestación, que coincidió con la celebración del Día del Niño en Chile, congregó a familias completas que con banderas y pancartas se pronunciaban a favor de una educación pública de calidad y gratuita.
La intendencia (gobernación) de Santiago autorizó la manifestación, aunque por un recorrido alejado de la Alameda Bernardo O’Higgins, que al igual que la Plaza Italia fue escenario el pasado jueves de violentos enfrentamientos entre estudiantes y carabineros, tras prohibirlas el Gobierno como escenarios de protestas convocadas para ese día.
El recorrido autorizado, de unos 2,5 kilómetros, culminó en el Parque Almagro, a unas seis manzanas al sur de la Alameda, donde los organizadores programaron un acto cultural y artístico.
Daphne Concha, portavoz de la Coordinadora de Padres y Apoderados, dijo a los periodistas que la marcha “es para la familia, especialmente en el Día del Niño, y qué mejor regalo que pedir una mejor educación”.
“Exigir que ese derecho sea garantizado por el Estado es la expresión de secundarios, padres y apoderados, profesores y la familia chilena que se manifiesta”, añadió.
El ambiente tranquilo de la marcha de los manifestantes fue elogiado por el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, que lo consideró “un gesto importante en este ambiente enrarecido”.
Las federaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores han convocado además a un nuevo paro nacional para el próximo martes, cuando pretenden salir nuevamente a las calles, aunque, según las autoridades, aún no han tramitado las respectivas autorizaciones.
Los jóvenes esperan que el Gobierno modifique algunos puntos de la propuesta de 21 medidas con que busca mejorar la educación, entre ellos los referidos a la garantía constitucional de la calidad de la enseñanza, la prohibición del lucro en las universidades privadas y al retorno de la administración del sistema al Estado.
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