31/07/2021

Declaración Política XLVIII Junta Nacional de la CUT
Bogotá, marzo 18 de 2011
La crisis económica mundial no amaina, por el contrario las bancarrotas de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Hungría, Italia, entre otros miembros de la Unión Europea y los severos ajustes que sobre sus pueblos imponen el Banco Central Europeo y el FMI, develan que la crisis es larga y profunda, pero también que los pueblos saltarán inevitablemente a la resistencia como lo demuestran las huelgas en Grecia e Irlanda y las aguerridas manifestaciones estudiantiles de Inglaterra. Estados Unidos no logra reactivación industrial y por el contrario pierde mercados e influencia frente a las potencias emergentes China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Los índices de desempleo, pobreza e indigencia, la caída en la calidad y cobertura de la salud y la educación mantienen encendidas las alarmas de un estallido social al interior de Estados Unidos. Las multitudinarias y combativas protestas de los empleados estatales de Wisconsin, las presiones de sindicatos y productores contra la ratificación de los TLC, la siempre explosiva problemática de los trabajadores migrantes y el creciente rechazo a las guerras de intervención y ocupación que absorben cada vez mayores recursos económicos y ponen más muertos del pueblo estadounidense, son alentadoras reacciones contra la política imperialista.
Saludamos la concreción de los esfuerzos de integración de Unasur y la consolidación de gobiernos alternativos en América Latina, que rechazan el recetario neoliberal del FMI y el BM y apuntalan su soberanía. A los trabajadores nos corresponde animar los procesos que van dirigidos a recobrar la soberanía y la democracia de las naciones.
Mención especial merecen las populosas movilizaciones que se desarrollan en las naciones del norte de África y el Medio Oriente, reclamando el fin de los regímenes autoritarios y el cese de las políticas neoliberales y expoliadoras implementadas durante décadas de intervención de las potencias imperialistas, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea. Estas actúan con doble moral, de ahí que rechazamos la decisión adoptada por la ONU de intervenir militarmente, en el conflicto interno de Libia, violando su soberanía nacional y la autodeterminación de su pueblo. Con llamamientos amplios que han juntado a sindicatos, estudiantes, empresarios nacionales, todas las religiones y los partidos de oposición se desatan históricas jornadas de protesta y rebeldía que ponen en vigencia la lucha por la conducción soberana y democrática de sus naciones. El pulso se está dando y su resultado inevitable será la derrota de la dominación imperialista en esta estratégica y rica región del planeta. Los trabajadores y las fuerzas democráticas del mundo debemos esforzarnos por emular tan ejemplares batallas.
En nuestro país, a siete meses de instalado el nuevo gobierno, el inventario de sus realizaciones y anuncios no podía ser más diciente sobre su calado neoliberal y de acatamiento de las políticas imperialistas. Varias de sus medidas y propuestas hacen una profundización sin precedentes en la entrega de la soberanía económica de la nación. En noviembre de 2010, Juan Manuel Santos expidió un decreto de rebaja de los aranceles del 15 al 5% para más de tres mil ítems que tiene al borde de la desaparición a industrias de la cadena textil y de las confecciones; del caucho y los plásticos; de la metalmecánica, la electromecánica y los electrodomésticos; la química y las resinas; el cuero y el calzado, entre muchas otras. Al amparo de los decretos por la emergencia invernal se anuncia la privatización de los ríos Magdalena y Cauca, la venta de un 10% de acciones de ECOPETROL, adicional al 20% aprobado por Uribe Vélez y se alcahuetea el cierre de empresas. El favorecimiento a grandes inversiones de las multinacionales del petróleo y la minería a cielo abierto se complementan con la antipopular pretensión de quitarles, mediante Acto Legislativo, las Regalías a los municipios y departamentos productores y desalojar a los pequeños y medianos mineros de sus explotaciones artesanales.
El Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en políticas que profundizan el neoliberalismo, tales como: el Equilibrio Fiscal o Regla Fiscal que no es otra cosa que desmontar las obligaciones sociales del Estado para favorecer el pago de la deuda externa y los gastos de Defensa; una política agraria centrada en proyectos agroindustriales con miras a la exportación que no favorece la soberanía alimentaria y si estimula la concentración de la tierra en manos de monopolios nacionales y extranjeros tales como el grupo Aval, Manuelita, Santodomingo, Ardila Lule, Efremovich, Murgas y otros; un aumento del 700% del impuesto predial rural; alentar el monopolio en el transporte de carga y pasajeros para lo cual el Estado hace la infraestructura y los privados la explotan como ocurre con Transmilenio, Metrobús, El Mío e intenta hacerlo con los camioneros al desmontar la tabla de fletes y crear troncales de carga; la característica en materia laboral es la informalidad y la tercerización, por ello el aumento de la edad de pensión, la rebaja de la parafiscalidad, la utilización de aprendices y estudiantes en práctica; en educación, además de profundizar el proceso de entrega de establecimientos educativos estatales al capital privado, ya publicito su antinacional y retrograda pretensión, educación superior y técnica con universidades extranjeras y con ánimo de lucro. Acaban de aprobarse facultades extraordinarias para reformar el Estado sin garantía alguna de que no haya una masacre laboral; en la legislatura pasada se volvieron ley los decretos de la emergencia social que la movilización del sector salud y la población le derrotaron a Uribe y se implementan más medidas privatizadoras contra la red pública hospitalaria con la consiguiente masacre laboral. Este gobierno impulsa la aprobación de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea y negocia nuevos y dañinos tratados con Panamá y Corea; después de mantenerle por tres años una multa de 385 mil millones de pesos a Saludcoop, por desviar los aportes de salud a otras inversiones, la Superintendencia de Salud se la acaba de condonar. Y Como si fuera poco, el presidente Santos desconociendo el fallo de la Corte Constitucional contra el Acuerdo Militar con Estados Unidos, mantiene las inversiones del Pentágono en la Base Aérea de Palanquero. Son contundentes las demostraciones para caracterizar al gobierno como continuista y acucioso ante los mandatos de Estados Unidos.
En democracia no ha sido distinto, el gobierno no tiene voluntad para adelantar una política de paz; hay un evidente resurgimiento del paramilitarismo, los desplazamientos, el robo de tierras y los asesinatos de sindicalistas, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos; la concreción de verdad, justicia y reparación para las víctimas y garantía de no repetición se entraba cada vez más; la restitución de tierras es inocua frente a la magnitud del despojo y la concentración de las mismas y los ofrecimientos de garantías para la oposición resultaron una burla con la sacada del censo electoral de todo los ciudadanos que optaron por la abstención en las elecciones presidenciales.
Los trabajadores y la población no se confunden, la resistencia ha estallado. Los camioneros; los pequeños y medianos mineros; las comunidades afectadas por proyectos mineros como el de Greystar en Santander, que gracias a la masiva y combativa movilización del pasado 25 de febrero, la multinacional retira su petición de licencia ambiental, los de Ashanti Gold en la Colosa (Tolima) y en Marmato en Caldas; los productores de leche y carne resisten los decretos que favorecen a los monopolios nacionales y los TLC; los sindicatos se movilizan por sus pliegos de peticiones, contra la reestructuración del Estado, por la estabilidad laboral y derechos de los trabajadores provisionales, por hacer valer los derechos de organización y negociación y por el mantenimiento de sus puestos de trabajo; los indígenas y las comunidades negras han hecho notar sus procesos de agrupamiento y resistencia; los damnificados de la ola invernal agotaron la espera y se han lanzado a hacer bloqueos y movilizaciones reclamando la atención del gobierno.
No pocas veces la respuesta recibida del gobierno y patronos, ha sido la negativa a negociar y la represión brutal por parte del Esmad a trabajadores, viviendistas, camioneros, usuarios de Transmilenio y educadores como ha ocurrido recientemente en Bogotá y otras ciudades.
El proyecto de ley de reparación de víctimas, es una aspiración democrática que debe ser respaldada y fortalecida con las reivindicaciones planteadas por las organizaciones de los afectados, ante el riesgo de que termine en una ley inocua, sin garantizar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y que las tierras se devuelvan a sus verdaderos dueños sin trabas ni engaños.
La Junta Nacional de la CUT rechaza las propuestas de recorte a los derechos laborales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la agenda legislativa, y exige del gobierno nacional una interlocución frente a la Agenda Laboral presentada el año anterior.
En consecuencia con todo lo anterior, la Junta aprueba el Plan de Acción para sus organizaciones filiales dirigido a organizar y movilizar los trabajadores y el pueblo para hacerle frente a la profundización de la políticas neoliberales y la pérdida de soberanía. Es un compromiso responsable con el proceso de coordinación de las organizaciones y movimientos sociales para unificar esfuerzos y coordinar las luchas. Especial atención demanda la preparación y desarrollo de la Jornada Nacional de Movilización del 7 de abril y la conmemoración del 1 de mayo.
Nuestra agenda hará particular énfasis en reclamar del gobierno nacional y el parlamento la concreción de las observaciones contenidas en la relatoría de la Misión de Alto Nivel de la OIT, en su reciente visita al país, entre ellas, el inmediato desmonte de las CTA y toda forma de tercerización laboral y la inclusión, en el proyecto de ley sobre las víctimas, de la reparación para las organizaciones sociales y particularmente para la CUT como organización víctima. Igualmente impulsaremos una campaña internacional y nacional para que en la Conferencia de la OIT se trate el caso de Colombia para incluirlo en la lista de países violadores de los convenios de OIT y los DD.HH.
La CUT da buen recibo a la concreción de la aplicación de justicia y la persecución a todas las manifestaciones de corrupción, siempre que se respete el debido proceso. Particularmente rechazamos el detrimento del patrimonio público, el favorecimiento a los intereses de las multinacionales y monopolios nacionales, las acciones criminales contra la oposición y las organizaciones sociales y las políticas de privatización que al final conducen a traficar con los más elementales derechos sociales.
No perdemos de vista que será en medio de esas luchas que lograremos el crecimiento de nuestras huestes, un mayor grado de centralización de los sindicatos y avanzar en la búsqueda de la unidad sindical y la coordinación con otros sectores sociales y políticos. Todos pasos ineludibles en el propósito de acceder al poder y enrumbar con un gobierno verdaderamente alternativo a la nación por senderos de soberanía, paz y democracia.
Convocamos a todos nuestros afiliados, organizaciones sindicales filiales, para que con voluntad política saquemos adelante y de manera exitosa, esta declaración política y el plan general de trabajo.

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