Todos los reflectores están puestos hoy sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Gustavo Petro al Congreso de la República, son varios los factores que llaman la atención, el que más se discute, es si el monto de 523 billones representa una cifra que no tiene financiamiento real y es una vez más un presupuesto desfinanciado. Analistas y sectores económicos señalan que el faltante es de 12 billones, otros como la Comisión Autónoma de la Regla Fiscal -CARF- calculan que llega a 31 billones y los más pesimistas vaticinan $ 40 billones. Las dudas se afianzan por lo sucedido el año anterior ante similar trámite del presupuesto, y los oídos sordos que tuvieron los funcionarios y parlamentarios de la coalición de gobierno, sin embargo, les tocó hacer recortes por valor de 20 billones de pesos.
Ricardo Bonilla anuncia la decisión de presentar una nueva reforma tributaria, aspiran recoger 12 billones, aunque aún no se conoce su contenido, han dejado filtrar que buscaran recursos adicionales aumentando del 15 al 20 por ciento el impuesto a las ganancias ocasionales, colocar nuevos impuestos al carbón, petróleo y minería, y vuelven a incluir beneficios tributarios a las empresas reduciendo la tasa nominal de impuestos de renta corporativa del 35 al 30 por ciento. En medio de la crítica situación de estancamiento de la economía, este será otro palo en la rueda para la urgente necesidad de que haya unas condiciones favorables para la reactivación económica.
El PGN presentado tuvo un aumento respecto al del año anterior en un 3,9%, los gastos de funcionamiento aumentaron en un 6%, la inversión tuvo una disminución del 19% asunto muy preocupante para la necesaria reactivación económica que todo el mundo reclama, pero poco se ha hablado de un aspecto clave, el rubro del pago del servicio de la deuda, que aumentó la bicoca del 19% del 2024 al 2025, representando hoy 21,5% del total del presupuesto, consistentes en $ 112,6 billones, es el mayor desangre que ocurre de la riqueza creada en el país y que se va para beneficio del capital financiero especulador nacional e internacional. En este punto, los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, han señalado reiteradamente que en lo único que no puede fallar el Estado colombiano es el pago de los compromisos con la banca internacional, y que todo lo que se haga en materia de medidas económicas y tributarias debe en primer lugar garantizar el pago de la deuda, y el gobierno de Petro en eso es un fiel seguidor al pie de la letra de esos mandatos, los hechos así lo demuestran, encontró un hueco y dejará uno más grande.
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Dentro de la propuesta del gobierno está contemplado el cambio de la vigencia de la regla fiscal, del 2026 pasa al 2025, con el fin de anticipar la ampliación del cupo de endeudamiento, el cual subiría de -3,5% al -5,1% del PIB en el 2025. Lo que se avecina es muy grave, se profundiza y agranda la dependencia de la nación del sector financiero internacional y la imposibilidad de trazar una política económica soberana, quedando prácticamente al borde del colapso, más endeudados y más pobres, endeudarse para pagar. Se vienen más cargas para la población, aumento de impuesto de renta a personas naturales, alzas en la gasolina y el Acpm, menos ingresos del estado por baja de las utilidades de Ecopetrol ( -17,4% en primer semestre 2024), menos dinero para inversión, bajo recaudo de la DIAN, desempleo e informalidad creciente, corrupción a la lata, etc. Se vienen tiempos difíciles.
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