NI SOCIAL NI PARA LA VEJEZ, NEGOCIAZO PARA LOS FONDOS PRIVADOS Y GOLPE A LOS TRABAJADORES

Ni el más pesimista hubiera podido imaginarse que en menos de dos años este gobierno se convirtiera en el que después de la era Uribe Vélez realizase una reforma pensional no solo en el marco de los designios de las políticas neoliberales sino que golpeara con brutal dureza a los jóvenes, a los trabajadores con salarios “dignos”, los ancianos y los trabajadores en general.

Es cierto que como senador Uribe Vélez fue ponente de la Ley 100, que aumentó la edad para pensionarse, creó los fondos privados -el negocio del siglo- y disminuyó el monto de la pensión, y también lo es, que como presidente, es el responsable de la Ley 789 de 2002, que aumentó las semanas de cotización exigidas y disminuyó la tasa de remplazo a un rango del 55 al 65% del ingreso básico de liquidación, y del acto legislativo 01 de 2005, que eliminó la mesada 14, prohibió pactar pensiones convencionales, endureció el régimen de transición e introdujo los beneficios económicos periódicos BEPS; que son un avance en el objetivo neoliberal de quebrar el concepto de pensión mínima.

La reforma pensional del gobierno Petro no solo mantiene todos estos preceptos neoliberales, establece además un sistema de pilares que es un duro golpe al régimen universal de prima media, afecta los derechos pensionales de los trabajadores y la clase media, engaña con subsidios a los ancianos que no requerían de una reforma para ser establecidos, favorece a los fondos privados, satisface las exigencias de los organismos multilaterales y pone en riesgo el régimen especial en los maestros nombrados después del 2003. La ley aprobada consolida y hasta supera los anteriores recortes, la pensión máxima de prima media que otorgará Colpensiones quedará a valor de hoy en 1 millón 924 mil pesos independiente del salario que se devengue, condenando a millones de colombianos que ganen más de 2.3 SM a esta pensión de miseria y a ser víctimas de las operaciones especulativas de los fondos privados a donde deberá cotizar OBLIGATORIAMENTE sobre el excedente de los 2.3 SM sometiéndolos a sus muy inferiores tasas de reemplazo.

Los fondos privados, rechazados durante 30 años por el movimiento sindical y las fuerzas progresistas, por cuenta de la reforma mejoran su negocio al eliminarse la competencia directa entre regímenes en el momento en que ya 1.4 millones de personas se habían traslado a Colpensiones en los últimos 14 años, ocasionándoles pérdidas por 125 billones. La “reforma social más importante de los últimos tiempos” según el gobierno, les aseguró a Protección, Skandia, Porvenir y Colfondos una comisión anual de 2.1 billones de pesos, pactada con el gobierno, por administrar los 420 billones de pesos del ahorro de los trabajadores, por cuanto los 19 millones de afiliados que pasarán a Colpensiones lo harán sin sus ahorros, más el ingreso de la jugosa cotización de quienes ganen más de 2.3 SM que OBLIGATORIMENTE deben cotizar allí a partir de dicho umbral. Una indignante victoria del capital financiero apoyada por el gobierno del “cambio”.

Pese a que el eje de la reforma es un recorte drástico al gasto social del Estado, que de tiempo atrás venían exigiendo la OCDE, el FMI y el BM, hábilmente Petro presenta la renta de 223 mil pesos mensuales del pilar solidario como si se tratara de una pensión y de una ampliación de la cobertura pensional, desconociendo que el concepto legal de pensión tiene por piso en la Constitución un salario mínimo y que la aprobada es una medida asistencial, que será pagada por el Departamento de Prosperidad Social y no por Colpensiones, muy distante de la renta básica que planteaban las centrales obreras en el paro nacional de 2021. Se engaña vergonzantemente a los viejos de Colombia con el cuento que esa mísera suma los sacará de la pobreza.

Los defensores más honrados de la reforma plantean que ésta era necesaria porque el sistema actual es insostenible, olvidando que ese fue el mismo argumento en que se sustentaron las reformas anteriores, las mismas que ahora resultaron insostenibles, y que sin cambiar el modelo económico y generar riqueza no es sostenible ningún derecho pensional, ni laboral, porque la apertura hacia adentro establecida por Cesar Gaviria y agravada con los TLCs, representan la quiebra de la producción y del Estado. Por esta razón, adicional a las dudas sobre la legalidad de su aprobación por vicios de trámite de lo cual se encargará la Corte Constitucional, el mismo gobierno habla de la necesidad de otra reforma en cinco o 10 años.

No obstante los aplausos del presidente de la CUT, los fondos privados, la gran prensa, los partidos de gobierno y “oposición” y, del FMI, el BM y la OCDE, muy pocos le creerán a este gobierno que se trata de una reforma social, “la más importante que se haya aprobado”. La abrumadora mayoría de los colombianos tendrán claro que, principalmente, se trata de un recorte al gasto social, el más grande en pensiones de los últimos tiempos.

FRENTE DE TRABAJADORES TRIBUNA SINDICAL

TIMOTEO ROMERO Ejecutivo CUT Nacional, JHONSON TORRES Ejecutivo CUT Nacional, VICTORIA AVENDAÑO Ejecutiva de FECODE , DIÓGENES ORJUELA Expresidente CUT Nacional.

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