7 de marzo 2025
En pasados días, conocimos la revelación de alarmantes informes de corrupción en el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, FOMAG, operados por la Fiduprevisora S.A. contratada para este fin por cumplir los criterios definidos en la Ley 91/89 donde se precisa que estos recursos deben ser manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en donde el Estado tenga más del 90% de del capital; hoy, la Fiduprevisora posee más del 99% de capital estatal, además es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con control fiscal reglamentado por la Contraloría General de la República y es adscrita al Ministerio de Hacienda, es por esto que todo cuanto ocurre y se decide en la Fiduprevisora es de manejo y conocimiento del Estado, a través del gobierno de turno. En cumplimiento de lo definido por la Ley 91, en su momento, el gobierno por medio del Ministerio de Educación Nacional, MEN y la Fiduprevisora, suscriben el contrato de fiducia mercantil n° 81 del 21 de junio de 1990, para que administre, destine e invierta los recursos según los objetivos del FOMAG y las instrucciones o lineamientos emitidos por su Consejo Directivo conformado por 5 delegados de los cuales el gobierno tiene mayoría con tres ministros y el magisterio una minoría de dos ejecutivos de Fecode. Así las cosas, queda claro cualquier anomalía que se presente con el manejo de estos recursos es responsabilidad tanto de la Fiduprevisora, como del gobierno nacional.
Los presuntos actos de corrupción que hoy son de conocimiento público, son una reiteración de lo que de manera enérgica con movilizaciones y paros nacionales convocados por Fecode y regionales orientado por los sindicatos del magisterio se había venido denunciando desde hace lustros, malos manejos que se traducen en la mala prestación del servicio de salud, violación de los derechos legales para recibir pensiones, cesantías, entre otros, el último paro nacional convocado para reclamar solución a estos problemas, se realizó el 30 de agosto del 2023 el cual originó la decisión del presidente Gustavo Petro de proponer el cambio del modelo de salud del magisterio cuyos lineamientos se aprobaron el 1° de abril del 2024 e inició su aplicación un mes después en medio de la más absoluta improvisación. El dichoso “nuevo modelo de salud” no ha resuelto los problemas de fondo en la prestación de este servicio ni tampoco los manejos oscuros en su contratación, lo que hoy se conoce es que no solo se mantiene la gravedad del asunto, sino que se ha profundizado la corrupción en el resto de recursos del Fomag.
Lo más grave, es que hoy tales revelaciones son tomadas nuevamente por el presidente Petro, para plantear en sendos trinos criterios que dejan al descubierto nuevamente que su intención es acabar con el Fomag y de paso pasar por encima de la ley 91/89, poner en peligro nuestro régimen especial y quedarse con la plata de la salud, pensiones y cesantías de los docentes, tomando como excusa lo que él llama en su trino dos grandes fuentes de corrupción, la agenciada por algunos funcionarios, abogados y jueces, al tramitar demandas de los docentes por el incumplimiento legal de los términos para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, hoy existen más de 11 mil solicitudes de prestaciones sociales de docentes que no han sido resueltas y muchos de ellos tienen que recurrir a las demandas para recibir lo que por ley les pertenece, valga recordar que para cesantías tienen 45 días para pagar según Ley 1071 de 2006 y las Pensiones, 4 meses según Ley 797 de 2003, de no hacer la reclamación a tiempo declaran prescritos sus derechos como miles de veces lo han hecho las estadísticas hablan de más de 35.000 docentes por no reclamar a tiempo.
El gobierno nacional tiene todos los mecanismos en sus manos para evitar las demandas, reconocer a tiempo las prestaciones solicitadas por los maestros y maestras y evitarse las demandas, ha sido una exigencia desde hace mucho tiempo por parte de Fecode, sus sindicatos filiales y los maestros y maestras en general; la otra fuente de corrupción es la salud, que continúa su curso aún en este nuevo modelo impuesto por el presidente, como queda claro también en su trino, cuando dice “Dado que el régimen del magisterio es especial, entonces nos permite hacer la reforma a la salud que presentamos al congreso, y se puede hacer aún sin esa ley; y eso implica acabar con todos los operadores intermediarios privados y eso fue lo que ordené y eso fue lo que ordenó el consejo directivo del Fomag, conformado en su mayoría por mis tres ministros: hacienda, educación y trabajo”. Queda claro que el nuevo modelo de salud para el magisterio es un piloto de la ley general de salud que pretende hacer aprobar en el congreso de la república y en ese afán fue una orden directa de presidencia, cumplida por sus ministros en el consejo directivo de Fomag, además, Gustavo Petro, ha propuesto en ocasiones anteriores desmantelar el fondo y el caos generado por las últimas denuncias son utilizadas para plantearlo nuevamente “El Fomag se rige por una ley de 1985 (suponemos que se refiere a la Ley 91/89) que he pedido al magisterio que, de común acuerdo, cambiemos, porque hoy el Fondo del ahorro, el ministerio de salud, y Colpensiones, guardando el régimen especial del magisterio, son más eficientes que el Fomag”.
Todo esto, nos deja claro que no ataca la raíz de los problemas que generan el manejo corrupto de los recursos del Fomag, de lo cual no está exento, sino que aprovecha la crisis para acabar con lo que ha sido una de las más grandes conquistas del magisterio colombiano dirigido por Fecode: la Ley 91/89, el Fomag y nuestro régimen especial en salud, pensiones y cesantías.
Insistimos, en que Fecode debe llamar a un paro nacional con movilizaciones en defensa de una salud digna, oportuna y eficiente para el magisterio y sus familias y para seguir defendiendo la Ley 91/89, el Fomag y nuestro régimen especial exceptuado.
VICTORIA AVENDAÑO PEDROZO
Secretaria de mujer y Género, Inclusión e Igualdad –
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Tribuna Sindical: Timoteo Romero, ejecutivo CUT Nacional; Jhonson Torres, ejecutivo CUT Nacional; Carmén Helena Dussan; ejecutiva CUT Bogotá-Cundinamarca, Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT.
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