Quienes en el movimiento sindical hemos venido reclamando salvaguardar la independencia y la autonomía frente al gobierno para defender los derechos de los trabajadores, consideramos que la reciente controversia con Estados Unidos, el Consejo de Ministros del martes 4 de febrero y los hechos posteriores no solo nos dan la razón, sino que nos imponen pronunciarnos sobre la dura crisis que padece Colombia.
En sus dos años y medio de gobierno, el presidente Petro no se ha desligado de las imposiciones fundamentales del FMI, el Banco Mundial y la OCDE, al servicio de Washington. En especial, su decisión de seguir a rajatabla la llamada regla fiscal que privilegia el pago de la onerosa deuda pública, en la que nos han entrampado los monopolios financieros nacionales e internacionales, sobre la satisfacción de las ingentes necesidades de las masas y del desarrollo de país, crea una línea de continuidad con los gobiernos oligárquicos que lo precedieron. Igualmente sucede con problemas que atentan contra la soberanía nacional y la integridad territorial de Colombia, como son su permisividad de las maniobras militares en el Pacífico, la entrega al Comando Sur de los Estados Unidos de la isla-ciencia de Gorgona para que construya allí un base militar, y las condescendencias con las acechanzas gringas sobre la Amazonía, y el mantenimiento del oneroso Tratado de Libre Comercio.
No dudamos en rechazar la humillante condición en que el gobierno gringo —el actual y los anteriores—, han deportado a millares de compatriotas llegados ilegalmente a los Estados Unidos. En consecuencia, condenamos decididamente la actitud cipaya de los voceros de los gremios económicos y de los distintos medios de comunicación oligárquicos que hicieron gala de su sumisión colonial a los ucases y chantajes gringos, por encima de la dignidad de nuestros compatriotas, a quienes las miserables condiciones de vida impuestas por la dominación extranjera y las castas privilegiadas los han obligado a irse del país tras la ilusión de un futuro mejor.
En cuanto a lo que nos atañe más directamente como partícipes del movimiento sindical, debemos señalar que este, mayoritariamente, en su afán de seguir sin condiciones al gobierno, ha abandonado a su suerte a los trabajadores. Su cúpula ha avalado indistintamente el paquete oficial de reformas, algunas claramente contrarias a los intereses de los asalariados.
La pensional, se ensañó contra los jóvenes a quienes condena a pensiones de miseria, y contra los sectores laborales con salarios superiores a 2,3 mínimos legales, obligándolos a cotizar en los fondos privados de pensiones, hoy Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, ACCAI, entidades que, antes que debilitarse resultaron fortalecidos con los cambios. La reforma les permite a los especuladores de los grupos Aval y Empresarial Antioqueño, principalmente, seguir manejando los cerca de $500 billones del ahorro pensional de los trabajadores. De ñapa, les otorga la prerrogativa, que ni siquiera tuvieron bajo la Ley 100, de “administrar” la cotización billonaria correspondiente a Colpensiones, la cual deberá trasladarse al Fondo de Ahorro que crea la Ley, el que, nominalmente, gestionará el Banco de la República, pero que, en realidad, se les entregará a los especuladores financieros mediante fiducias y otros mecanismos bursátiles. Por demás, cercena la pensión sustitutiva, facilita el despojo de las mesadas pensionales a los trabajadores asalariados que, con la normatividad anterior, podían continuar laborando con miras a mejorar su mesada; establece “rentas vitalicias” paupérrimas para quienes han cotizado entre 300 y mil semanas, etcétera.
Pretendiendo tapar este golpe a los trabajadores, la jefatura sindical reivindica el pírrico auxilio de $230.000 a los ancianos (o transferencia monetaria como lo llaman los tecnócratas de los organismos multilaterales) incluido en la reforma, sin explicar que son los asalariados los que deberán responder por la injusticia causada por el sistema opresor de que el 75 % de los mayores no tengan ningún ingreso. Uno de los alfiles de Petro, Gustavo Bolívar, preguntado por El Tiempo, sobre si el auxilio para los viejos estaría desfinanciado, contestó: “No es que esté desfinanciado, es que ese dinero sale de la reforma pensional, aparece de unas cotizaciones y de unos porcentajes que se los van a quitar a las grandes pensiones. Estimamos que en el 2026 todo ello tenga un costo de entre 7,5 y 8 billones de pesos.” (El Tiempo, 9/11/2024). Lo único falso de su declaración es que el dinero saldrá de “las grandes pensiones”, es de la de los trabajadores que tengan la “mala suerte” de ganar más de 2,3 salarios mínimos.
La laboral, en trámite, ha sido sometida a los recortes de las bancadas “aliadas” y a los antojos patronales, al punto que del texto inicial fueron suprimidos los avances que planteaba en cuanto a los derechos colectivos de asociación y de huelga, de la existencia de los sindicatos y de la negociación colectiva. Mantiene, además, la tercerización y las formas abusivas de contratación, que históricamente han sido obstáculos a la posibilidad de contar con un sindicalismo vigoroso. Ha quedado reducida, si acaso, a la recuperación, en un periodo de varios años, de dos horitas nocturnas y de los recargos dominicales.
Petro, también, so pretexto de la crisis climática y de la transición energética, ha propiciado el debilitamiento de Ecopetrol, no obstante, las reiteradas advertencias y rechazo de la Unión Sindical Obrera, USO. La defensa de la petrolera estatal ha sido una justa bandera histórica del movimiento sindical, cuya lucha fue decisiva en su creación y cuyos ingresos e impuestos constituyen el mayor y más decisivo aporte al fisco nacional, y su influencia es clave en no pocas ramas de la economía del país. Para completar, no ha habido sino ínfimos avances en la utilización de energías renovables, los cuales, en especial los de gran envergadura, están siendo construidos por multinacionales.
El silencio cómplice de algunos dirigentes que están al frente de nuestra Central y de otras confederaciones y federaciones es cada vez más cuestionado por las bases. Las cúpulas callan ante la crisis en el servicio médico de los maestros; cohonestan los incrementos pírricos de los salarios mínimo y en el Estado; callan ante la desastrosa reforma del decreto 243; callan ante la continuidad de la tercerización en el Estado y de los contratos basura; callan ante el incumplimiento de los acuerdos, una práctica también habitual en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque; callan ante la negativa del gobierno a la creación de plantas permanentes de personal. Callaron ante la represión a la huelga de los empleados del Ministerio del Trabajo, presidido por Gloria Inés Ramírez. Para colmo, en nuestro último Congreso, algunos de estos dirigentes señalaron que no se debía condenar el papel del FMI, el BM y la OCDE, ni al imperialismo norteamericano, a pesar de que las políticas impuestas por estos derruyen los derechos de los trabajadores y de todo el pueblo y sofocan la producción nacional.
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De otra parte, el Consejo de Ministros público del 4 de febrero puso en evidencia la profunda crisis política del gobierno del cambio. El presidente hizo allí un inesperado reconocimiento del fracaso de su mandato. Con base en un informe elaborado por Armando Benedetti, personaje conocido por su sapiencia de las malas artes del clientelismo y la politiquería, y el maltrato a las personas, incluidas las de su círculo más íntimo, cuya defensa el presidente ha convertido en cuestión de principios, le comunicó al país que solo una parte mínima de los compromisos hechos en el programa ofrecido a los colombianos y de las promesas en los Consejos Territoriales de Gobierno se habían cumplido. Pero lo que le cayó como un baldado de agua fría en el propio Gabinete, fue que el primer mandatario culpó de tamaño desastre a su propio equipo, empezando por los sectores más afines a él, es decir, los altos funcionarios provenientes del Pacto Histórico. Contra estos nos ahorró calificativos: los acusó de no actuar alrededor del gobierno sino de otros, de ser incapaces, de no creer en él ni hacerle caso, de ser postizos, de tener una agenda paralela, de querer ser importantes y hasta aristócratas. Les espetó, arrogante, que el presidente era un revolucionario, pero no el gobierno. De su política central de la Paz Total informó que estaba buscando un acuerdo con un grupo marginal “a ver si podemos hacer la paz con alguien”, mientras abundó en comparar a la insurgencia del ELN, grupo con el que tiene en suspenso los diálogos, con la mafia de Pablo Escobar. Y hasta insinuó que integrantes de la Fuerza Pública tenían entendederas con los alzados.
Fue evidente que los ministros se sintieron emboscados, lo que se reflejó en las respuestas, sentidas pero tajantes, de convencidos y leales petristas como Susana Muhammad, Gustavo Bolívar, Augusto Rodríguez o de la vicepresidenta, Francia Márquez, la aliada que jugó un papel crucial en la elección de Gustavo Petro. Con razón consideraron inaceptable que su líder los vapuleara para encumbrar a Benedetti y quizás a otros de su estilo. Además, debió quedarles el sinsabor de un jefe que no tuvo empacho en culpar a sus subalternos y seguidores de la debacle, mientras él, que está al mando del timón, se exoneraba de toda responsabilidad. No sorprendería que esté cundiendo el escepticismo y el desánimo entre las huestes del jefe del estado. Desde luego, algunos preferirán, antes que reclamarle erguidamente que enderece el rumbo, acomodarse plácidamente en los sillones ministeriales y en los flamantes carros oficiales.
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Mientras tanto, la situación económica del país continúa los mismos derroteros de las administraciones pasadas. Se mantiene un lánguido crecimiento del 1,7% y los planes oficiales, contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, si mucho aspiran a llegar, al final del periodo, a la tasa pírrica de crecimiento “histórico”: 3 %, la misma que, incluso lográndose, nos mantendrá en el atraso y la pobreza. El déficit fiscal supera el 6 % del PIB, entre otras razones por la caída del recaudo de impuestos; la balanza comercial y de cuenta corriente siguen siendo negativas. Las alzas de los servicios públicos continúan inclementes, sobre todo la energía y el gas, ya los monopolios de este último anunciaron un alza escandalosa de hasta el 40 %, y, naturalmente, no bajarán a punta de oratoria. La insignificante reducción del desempleo no impide que mantengamos la tasa casi más alta de América Latina, y la informalidad continúa campeando. La educación superior pública languidece por la falta de presupuesto y el gobierno no solo lo reduce para cumplir con la regla fiscal, sino que presenta un proyecto de ley que perpetúa la congelación de los recursos. La crisis de la salud se ha ahondado, los males tradicionales de desatención, de falta de entrega de medicamentos, de negación de servicios han crecido todavía más, y el gobierno es incapaz de parar el chantaje de las EPS, y unas veces sí y otras también, cede a sus pretensiones dentro del proyecto de ley en curso, y, para completar, la Corte Constitucional, en palmaria demostración de a quién le sirve, le impone al mandatario entregarles a esas entidades estafadoras lo que pidan por la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Y aunque la inflación se haya reducido, los precios siguen subiendo sin parar al punto que una de las causas de la reducción de esta sea la disminución del consumo entre vastos sectores de la población. Como si fuera poco, en regiones enteras, como la del Catatumbo, retorna el dolor del desplazamiento de decenas de miles de pobladores, en especial de sufridos campesinos, cuando la mayoría de ellos cifraron la esperanza en que esa tragedia terminara en el mandato del cambio.
La defensa de la producción nacional, mandato expreso de la plataforma de lucha de la CUT, para proteger el empleo frente a las lesivas importaciones, a los TLC, a los abusos de las multinacionales y al atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas, fue abandonada no solo por el gobierno, sino también por el sindicalismo. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 80 % del empleo, han sido tratadas desconsideradamente, en tanto se mantienen los privilegios a las multinacionales y a los grandes grupos económicos.
Estando en vísperas del inicio de la negociación de los servidores del estado, propendemos a la unidad más amplia posible de nuestra central y a centrar los esfuerzos en unificar el resto de las organizaciones del sector alrededor de un incremento salarial justo, de la ampliación de las plantas de personal, del cumplimiento de los acuerdos y de la no exclusión en la negociación colectiva.
El movimiento sindical debe recuperar la unidad para defender no solo a los trabajadores sino los intereses de la nación y el pueblo.
Los tormentosos vientos de la situación internacional acudirán en favor de la clase obrera y los pueblos si estos saben aprovechar las contradicciones que se avizoran violentas entre el imperialismo norteamericano, las naciones soberanas y otras potencias agredidas, a pesar de sus transitorios e inestables acuerdos por repartirse las zonas de influencia y medrar con el redoblado saqueo y el abaratamiento del trabajo.
Ni antes ni ahora, los gobiernos han acertado en dar solución a la crisis. La salida sigue siendo la unidad y la resistencia de los oprimidos.
TRIBUNA SINDICAL
Timoteo Romero, ejecutivo CUT Nacional; Jhonson Torres, ejecutivo CUT Nacional; Carmén Helena Dussan ejecutiva CUT Bogotá- Cundinamarca, Victoria Avendaño Pedrozo, Secretaria de mujer y Género, Inclusión e Igualdad – Ejecutiva de Fecode, Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT.
NOTAS OBRERAS
Wiston Petro, ejecutivo CUT nacional, Oswaldo Reina ejecutivo Subdirectiva CUT Bta -Cmarca, Ana María Arévalo, presidenta Nacional de Sintrabienestar, Hernán Porras (secretario SINTRAMINERIA COSCUEZ), Giovany Bernal (SINTIES), María Victoria Forero (Lideresa sindical), Julio Padilla (Líder sindical), Jaime Gohenaga (presidente SINTRAHOSKEN), José Leonardo Castro (Directivo SINTRAHOSKEN).
DIRIGENTES SINDICALES DEL MAGISTERIO
ADEC:Hebert Castro. ADEMACOR: Claudia Díaz. ADES: Luis Bautista Gómez. ADIDA: Candy Fonseca. ADIH: Danny Sánchez. ADUCESAR: Nubia Euse y Henry Felizola. AICA: Jorge Vásquez y Daniel Sapuyes. ASEDAR: Omar García y Ricardo De Armas. EDUCAL: Gloria Nelfi Salazar, Luis Alfredo Gómez Parra, Fermín Morales Moreno, Víctor Acosta, Sandra Toro, Yesica Zapata, Gilberto López. SES: Ingrid Ballesteros. SIMANA: Ana Julia Mesías. SUDEB: Cesar Madrid, Eliceded Mena Valencia, Ricardo González, Javier Camargo. SUTEQ: María Augusta Chávez, Jair Carmona. ASINORT: Juan Pablo Martínez (Alianza Magisterial). SUTEV: Carlos Rengifo.
DIRIGENTES DEL MAGISTERIO SUBDIRECTIVA CUT
Bogotá – Cundinamarca: Carmen Helena Dussan. Atlántico: Francisco Villanueva. Sucre: Ever José Mosquera. Antioquia: Edisson Salas Cesar: Manuel Ramírez, Efrén Mirabal, Bernardo Guillin. Caquetá: Manuel Castillo, Marco Tulio Portela. Arauca: Eber Atilua. Caldas: Edilsa de socorro Castillo, Diana Catherine Ramírez, Giovanni Andrés Cruz, Alexander Olaya, José Rodrigo López. Santander: Nohora Cáceres. Tolima: Esperanza Gutiérrez. Boyacá: Víctor Dávila. Bolívar: Luis Alberto Mendoza, Félix Garay. Cauca: Ramón Alonso Ochoa. Quindío: Lidys Muñoz, Emilio Bohórquez, Luis Fernando Giraldo. Norte de Santander: Deana Quiroga, Jhon Jairo Hernández (Alianza Magisterial). Huila: Haidy Consuelo Medina. Córdoba: Antonio Barrios. Valle del cauca: Cesar Orejuela, Liliana Guzmán.
DIRIGENTES Y ACTIVISTAS.
María Antonieta Cano, John Granados, Víctor Gabriel Beltrán, Eugenia Portela, Paula Andrea Zapata, Angélica Camargo, Jenifer Flores, Pilar Quevedo, Gildardo Quevedo, Hermilson Marin, Sandra Luna, Marisol Romero, Everledis Contreras, Olga Melina Alvarado, Belén Rocha, Israel Solipa, Rafael Escalona, Medardo Hernández, Dario Montañez, Diego Galvis, Diego Ramírez, Jesús Camacho, Eduard Osorio, Gilberto Frade Puentes, Florencio Cruz Vélez, Rafael Reyes Rodríguez, Juan Simón Quijano, Gustavo Camelo, Luis Enrique Rodríguez, Giovanny Naranjo Amaris, Jeckson Enrique Loza Arenas, Jhon Jairo Hernández Toledo, Jairo Andrade Larrahondo, Rita Muñoz, Neyla Torres, Nancy Rojas, Fernando Cabarcas, Wiston Silvera, José Trinidad Ramírez, Luis Fernando Giraldo, Diego León Caicedo, Mercedes Valencia.
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