PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD

Nuevo modelo de contratación: Antesala del raponazo al FOMAG

Ilegal, burocrático y con sobrecostos, corrupción y pésimos servicios.

El 1º de mayo de 2024, el Presidente Gustavo Petro anunció el cambio de modelo de salud de los maestros afiliados al FOMAG por uno en el que “cada educador elegiría la clínica o prestador que quisiera sin restricción alguna”. La medida fue un ataque brutal a la necesaria pluralidad de oferentes, a la selección objetiva de la mejor propuesta, a las reglas y principios del Estatuto General de Contratación aprobado por la Ley 80 y al régimen especial de salud de la Ley 91 de 1989, parámetros todos de forzosa aplicación porque el FOMAG, como centro de imputación de derechos y obligaciones, es una entidad pública y sus recursos igualmente son públicos, realidades que no se extinguen por la celebración de un contrato mercantil con la Fiduprevisora S.A.

El nuevo modelo habilita la contratación directa o a dedo con cualquiera de los más de tres mil operadores que conforman la red de servicios del Fomag, un caldo de cultivo para la corrupción, como lo enseñan la experiencia y, más recientemente, el entramado de corrupción de la UNGRD. Son hechos supremamente graves, por cuanto no se selecciona la mejor propuesta con criterio objetivo ni se aprovechan las economías de escala para reducir costos y pactar calidades máximas a precios alcanzables y, principalmente, porque se echó a la basura más de 34 años de experiencia de FECODE en la contratación de los servicios, con la participación de sus dos representantes ante el Consejo Directivo del FOMAG.

Por efecto de la total improvisación, el nuevo modelo arrancó sin que la mayoría de prestadores hubiesen suscrito un contrato con la Fiduprevisora -que actúa en representación del FOMAG-, sino con una simple carta de intención. Se flexibilizaron al extremo las obligaciones de los prestadores en detrimento de la calidad, eficiencia y oportunidad, que no se garantizan con la sola elección de una IPS, por cuanto el aspecto principal es el contenido obligacional que cada operador asume con la firma de su contrato, siempre que este se corresponda con las necesidades del magisterio, precisando tiempos de entrega de medicamentos, citas, cirugías, exclusividad en infraestructura y personal, entre otros muchos parámetros, así como la vigilancia y control real de la Fiduprevisora y del FOMAG sobre la ejecución de cada contrato.

Si algo afectó la prestación del servicio en todo el país, fue que los Gobiernos anteriores renunciaron a la naturaleza estatal de los contratos realizados por la Fiduprevisora en representación del FOMAG y, con ello, al uso de las cláusulas exorbitantes de caducidad, de modificación unilateral del contrato y de terminación anticipada. Las tres cláusulas le daban al Estado superioridad jurídica sobre los contratistas, lo dotaban de un mayor control durante la ejecución de sus contratos y garantizaban su cumplimiento. Que durante el Gobierno Santos se hubiese rebajado de invitación pública a invitación privada y que la tendencia creciente fuese una fuerte presión gubernamental sobre FECODE para contratar los servicios de salud del FOMAG a través del derecho privado, por contratación directa y a dedo, sin siquiera aplicar los principios generales de la Ley 80, tuvo como objetivo favorecer a terceros y presentar nuestro régimen especial como ineficiente e inviable, para reorganizarlo dentro del sistema de salud general de la Ley 100, como está sucediendo con el nuevo modelo. Lo que Santos no pudo consumar lo está haciendo Petro. Las cifras principales así lo acreditan.

En relación con los prestadores, a la fecha el FOMAG reporta más de tres mil doscientos, cifra que hace imposible cualquier planteamiento serio de vigilancia, control y seguimiento en tiempo real sobre la ejecución de unas obligaciones contractuales tan flexibles y caóticas. El desorden, fruto de la improvisación, es manifiesto. De él dan fe la anarquía creada y la ausencia de una idea ordenadora que facilite el trámite de los reclamos y hasta de las protestas de los maestros por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Hoy, esto es imposible de hacer con los miles de prestadores que no garantizan el servicio eficiente, oportuno y con calidad. Además, el magisterio desconoce las obligaciones contractuales en vigor, y un único operador resulta difícil de contactar, por no decir imposible. Las oficinas regionales, burocracia que en 34 años jamás se requirió, no tienen poder de decisión y dependen de la respuesta centralizada de la FIDUPREVISORA. Miles de millones de pesos tirados a la basura.

Tampoco son conocidos los términos de referencia diseñados por el FOMAG y la Fiduprevisora como fase precontractual previa y que dan cuenta de las necesidades de servicios de salud de los maestros y con arreglo a los cuales se invita a esos oferentes. ¿En verdad existen términos de referencia? ¿O será que en los contratos con la Fiduprevisora, los prestadores se limitan a estipular los procedimientos médicos asistenciales que ofrecen y la contraprestación del pago por evento, sin precisar en muchos casos el coste concreto y sin que en ninguno de ellos se especifiquen las necesidades de siquiera un mínimo sector de educadores?

En otras palabras, se trata de una contratación amañada, a ciegas, ejecutada con absoluta anarquía y derroche, la que, a 31 de diciembre de 2024, en sus primeros ocho meses de implementación, arrojó un gasto récord de más de 5,4 billones de pesos, que sobrepasó en 1,7 billones lo presupuestado para esa vigencia. Se evidencia el ritmo de gastos sin control, por inexistencia de términos de referencia que consulten las necesidades reales.

El déficit presupuestado para el año 2025 es un agujero sin fondo. Se dio a conocer desde los primeros meses del año y es de 2,7 billones, para un gasto total en salud durante el presente año de más de 6,4 billones, valor que incluye el sobrecosto y el pago directo de la burocracia creada por el nuevo modelo, más de mil quinientos contratistas que pretenden suplir la estructura administrativa de los operadores anteriores, un claro botín burocrático del Gobierno Petro y una  transgresión a una de las líneas rojas que en el pasado FECODE siempre defendió: cero burocracia. Al mismo tiempo se represan decenas de miles de solicitudes de pagos de pensiones, reliquidación de pensiones y sustitución pensional. El FOMAG se consolida como la entidad del Estado más demandada, al tener al 5 noviembre de 2023 “70.000 procesos activos por valor de $5,3 billones” .

Para colmos, la crisis generada en la prestación del servicio de salud del magisterio, profundizada con el nuevo modelo de contratación, se ha venido resolviendo mediante decisiones indeseables: 1) Con la utilización de los excedentes financieros generados por los recursos del FOMAG que deben ser distribuidos para garantizar el pago oportuno de las prestaciones del magisterio y garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, como lo determina el artículo 5 de la Ley 91 del 89. 2) El gobierno negó la adición de los recursos faltantes y prefirió el traslado presupuestal por 1.6 billones de pesos de los recursos de pensiones y cesantías, aprobado con los tres votos del gobierno, en detrimento de los recursos para resolver oportunamente las prestaciones sociales del magisterio, también en crisis por los miles de solicitudes represadas.

Se gasta más, pero con menos calidad, como se infiere de las decenas de miles de maestros que denuncian que el nuevo modelo es un verdadero desastre. Evidencia de ello son los múltiples paros y movilizaciones en diferentes regiones del país, que suelen terminar en actas incumplidas. Lo prueban también los hallazgos fiscales de la Contraloría General de la República y las medidas cautelares decretadas por la Supersalud después de comprobar múltiples deficiencias en la deficiente red de prestadores y en el aseguramiento, el flujo de recursos, el manejo de la información y el suministro de medicamentos. Ambas entidades encontraron procesos administrativos sin soporte tecnológico adecuado, retraso en pago de prestadores y proveedores de medicamentos, aplicación de glosas por tarifas no pactadas, ausencia de contratos por eventos, obstaculización de auditorías e incumplimientos legales en la celebración de contratos.

La práctica ha derrumbado una a una todas las formulaciones que dieron origen al cambio en la contratación de los servicios de salud de los educadores. Verbigracia, ¿en qué quedaron las denuncias del Gobierno de corrupción de la Fiduprevisora y los operadores que prestaban el servicio en todo el país? En nada. No se volvió hablar de ellas y todo apunta a que detrás solo gravitaba el interés en hacerse a la administración de unos importantes recursos para pagar favores políticos con el otorgamiento de contratos.

Que la intención del gobierno Petro es acabar con el FOMAG, el régimen especial y exceptuado del magisterio y alzarse con los recursos de nuestro Fondo quedó palmariamente en evidencia con lo ocurrido en el Consejo de ministros, en el que de manera inexplicable hizo presencia Fecode. En tono despótico y humillante, el presidente Gustavo Petro corroboró, ante el país y en la cara de unos cuantos ejecutivos de Fecode, que no está de acuerdo con nuestro régimen especial y que viene por nuestros recursos de salud, pensiones y cesantías.

Tamaña afrenta merece del magisterio colombiano el más portentoso paro en defensa de lo que tanto esfuerzo, sudor y despidos costó conquistar, movilización que debe ser convocada y liderada por nuestra Federación. Nuestro régimen de salud, válido desde su creación en 1989, está hoy en grave riesgo de ser eliminado.

No puede haber vacilaciones.

Bogotá, octubre de 2025

Cargando...

¿Tarda demasiado?

Recargar el documento

| Abrir en una nueva pestaña

Download [1.17 MB]