EL FOMAG, UN RÉGIMEN ESPECIAL EN SALUD EN CRISIS POR ACCIÓN DEL GOBIERNO

Diogenes Orjuela, e

xpresidente de la CUT

A propósito del desastre del servicio de salud del magisterio

Que cada maestro no tenga que dar luchas aisladas, como acontecía hace más de seis décadas, es lo que le ha dado fortaleza gremial, sindical, social y política al magisterio y a su organización, Fecode.

El FOMAG, su fondo prestacional, logró en materia de salud, cesantías y pensiones ese cometido. Gran parte del éxito radicó en que se creó un ente sin burocracia, sin infraestructura física, sin oficinas centrales o seccionales. Por eso no se aceptó en la época de su creación ir a Colpensiones, ni al FNA, ni a la red pública hospitalaria, ni a las entidades que para entonces atendían a los maestros en salud y seguridad social como Cajanal o las Cajas Departamentales de Previsión. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, nació mediante la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, administrada por una fiducia estatal, la Previsora, con 99% de acciones del Estado para garantizar su carácter público, y con la función de atender la salud, cesantías y pensiones de todos los maestros. Por eso, salvo las oficinas de la Fiduprevisora en Bogotá, el FOMAG no tuvo que destinar recursos para montar oficinas y burocracia en ninguna parte. Solo por un pago por administración a la Fiduprevisora evitaba el entramado burocrático y los enormes costos de una infraestructura propia.

Para la salud, se entendió que la Previsora no podía asumir el papel de prestadora directa, por lo cual, después de descartar múltiples opciones como el Seguro Social y otras, se optó por un modelo de salud basado en contrataciones a través de licitaciones públicas que aseguraran no solo el servicio regionalizado sino además un encadenamiento que lo garantizara a escala nacional, ya fuese por los desplazamientos de los usuarios y beneficiarios o por la complejidad de los tratamientos o procedimientos. Todo quedó debidamente estipulado en los pliegos de condiciones contenidos en las convocatorias o licitaciones de cada cuatro años, los cuales fueron constituyendo, por la presión del magisterio y Fecode, el modelo de salud del magisterio, diferente al contributivo y al subsidiado.

Así se estructuró un modelo de contratación en salud, con prestadores por regiones seleccionados mediante licitaciones públicas cumpliendo la normatividad de la Ley 80 de 1993 en el que ni la Fiduprevisora ni EL FOMAG tuvieron que montar ni sedes ni vincular funcionarios. Los sindicatos se ocuparon centralmente de ejercer control sobre la calidad del servicio, incluidos los paros y movilizaciones, a fin de presionar a los ocho o diez contratistas del país para que prestaran un servicio adecuado.

Así llegamos hasta el 30 de abril de 2024, fecha en que por iniciativa del presidente Petro se cambió el modelo de contratación. ¿Con qué pretexto? El gobierno argumentó la corrupción de los contratistas de entonces, sin que hasta ahora haya mostrado denuncia alguna.

Sorpresivamente, todo comenzó durante un evento del presidente Petro en Santander, en septiembre del 2023, en donde planteó que la Ley 91, la que conquistó el magisterio en 1989, no existía. Por tanto, se debía modificar el modelo de salud de los maestros y meter uno nuevo que sirviera como ejemplo de su reforma a la salud, y que, además, los dineros del magisterio los manejara la ADRES, es decir, quedaran inmersos en el Ministerio de Salud, ni más ni menos en manos directas del gobierno nacional. Esta teoría malintencionada o equivocada del presidente fue rechazada unánimemente, hay que reconocerlo, por el ejecutivo de Fecode. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien el presidente Petro encargó de ejecutar el despropósito aun sin ser parte del consejo directivo del FOMAG, continuó con la tarea de imponer un nuevo modelo apoyado en su mayoría en el Consejo Directivo.

De ahí en adelante todo fue caos e improvisación por el afán inexplicable del gobierno de poner a funcionar a partir de cero un modelo de contratación para más de 800 mil personas entre usuarios y beneficiarios y por las ansias de hacerse a los 14 billones de pesos de los siguientes cuatro años.

Para su aplicación se dictó el Acuerdo 03, fue aprobado en el Consejo Directivo al iniciarse el mes de abril de 2024 para entrar en funcionamiento pocos días después, el 1° de mayo siguiente, porque en el arrebato el gobierno se negó a estructurar un proceso de transición que garantizara pasar de un modelo a otro sin mayores traumatismos. Es lo que explica que, llegada la fecha, el magisterio se hubiera encontrado de la noche a la mañana sin prestadores claros, porque la tal nueva contratación que garantizara una red efectiva de servicios nunca apareció, con efectos mucho más graves para enfermos crónicos, enfermedades huérfanas y tratamientos de mediana y alta complejidad.

Nada de lo prometido en los discursos presidenciales existió ni hoy existe: ni contratación de las mejores clínicas, ni especialistas y laboratorios del país, ni libre escogencia, ni suministro oportuno de medicamentos, ni atención inmediata.

Llama la atención que la mayoría de los antiguos prestadores, esos a quienes el gobierno llamó corruptos como parte de la propaganda para imponer el nuevo modelo, fueron ahora contratados para asumir la atención primaria.

A este desastre se suma quizá otro peor, el montaje de una frondosa y costosa burocracia y una red de oficinas, justo lo que el magisterio con una dirección clara de Fecode en su ejecutivo en 1998, quiso evitar al definir que el FOMAG fuese una cuenta especial de la Nación. Hoy se padece un ejército burocrático de más de mil funcionarios de todos los niveles con “oficinas” en todos los departamentos que, y aquí es de volverse locos, tampoco han resuelto la grave situación del servicio médico de los maestros colombianos. Miles y miles de millones de pesos botados en fronda burocrática y arriendos que también darán seguramente réditos políticos y que puede constituirse en un excelente modelo para la corrupción que tanto se dijo querer combatir, lo que acaba de salir a flote y por una suma billonaria.

Ante el fracaso o el naufragio del invento, prontamente el ministro de Salud abandonó el barco, al igual que los otros tres ministros, incluyendo Gloria Inés Ramírez, muy seguramente por orientación presidencial para no desgastarse, dejándole el chicharrón a Fecode, a sus sindicatos filiales y a Aldo Cadena, nuevo vicepresidente de Prestaciones Sociales del magisterio FOMAG, funcionario muy de las entrañas de Petro, según se dice. Es tal el desconocimiento de Aldo Cadena y tantos sus palos de ciego, que recientemente el ejecutivo de Fecode tuvo que pronunciarse rechazando su pretensión de distribuir a los usuarios en unas inexistentes redes de prestadores y basados exclusivamente en su georreferenciación, violando la posibilidad de libre escogencia.

Deudas billonarias, suspensión de servicios por no pago, red inexistente de prestadores, deficiencias inhumanas para enfermos crónicos, de enfermedades huérfanas y de tratamientos de mediana y alta complejidad, son la consecuencia de un capricho del presidente Petro por la sola pretensión de hacerse al manejo directo de la plata de la salud del magisterio.

Como consecuencia de lo anterior, los maestros en todos los departamentos se enfrentan ahora al pésimo servicio y otro problema no menos grave, el de tener que aguantar a algunos dirigentes sindicales del orden nacional y departamental a quienes les importa más el apoyo incondicional al gobierno que la salud y la vida de los maestros.

Seguimos esperando el paro nacional convocado por Fecode.