LOS ENGAÑOS EN LA CONSULTA POPULAR

Colombia se caracteriza ante el mundo y ante la OIT por ser uno de los países con más convenios ratificados, 61, entre ellos varios de los fundamentales, como el 87 y 98, referidos a la libertad sindical y al derecho de asociación y negociación. También por tener muy buena cantidad de organismos tripartitos, siendo el principal la Comisión Nacional de Concertación y Políticas Salariales. Pero también nuestro país aparece ante el concierto mundial como uno de los que más veces ha estado en el banquillo de enjuiciados ante la Comisión de Normas, la más importante en las sesiones anuales de la OIT, por violaciones a la libertad sindical y los derechos humanos, asesinatos de sindicalistas y violación de convenios y leyes internas. La última fue en la Conferencia del 2024, en el actual gobierno. Por las mismas razones hemos sido requeridos en importantes organismos de la ONU, que les han tachado a los distintos gobiernos la inacción, la tolerancia o la omisión frente a los abusos de los empleadores. El problema no es entonces de leyes o reformas, y ahí radica el engaño del gobierno en el actual debate, sino de voluntad política de los gobiernos, incluido el de Petro, para dictar medidas concretas tendientes a defender los derechos colectivos e individuales de los trabajadores.

El haberme desempeñado como presidente y secretario general de la CUT y estar al frente del departamento internacional de la Central durante cerca de diez años, asistir a las conferencias de la OIT hasta el 2022, ser parte del comité ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, y del buró de la Confederación Sindical Internacional, CSI, también por varios años, me dan la autoridad, el conocimiento y los fundamentos para afirmar lo anterior y lo que señalaré en seguida, sin omitir que internamente, en representación de la CUT, formé parte de la Comisión Nacional de Concertación y de la subcomisión de asuntos internacionales del Ministerio del Trabajo.

CÚMULO DE EQUIVOCACIONES

En el proceso de la reforma laboral hasta llegar al actual embeleco de la consulta, tanto el gobierno como el sector del movimiento sindical que decidió convertirse en su apéndice, liderado por Fabio Arias, presidente de la CUT, se dedicaron a engañar. Juntos renunciaron a lo que desde 1991 habíamos reivindicado en todos los gobiernos anteriores como única reforma: expedir el Estatuto del Trabajo ordenado por el artículo 53 de la Constitución. Fue lo que debió hacerse desde el inicio del actual gobierno con un criterio amplio de discusión tripartita, habida cuenta de que el 80% del empleo en Colombia lo aportan las Mipymes, que sin un apoyo estatal claro no pueden soportar el costo de los justos derechos de los trabajadores, pero también para incluir al sector público y dotarlo de negociación colectiva plena, con capacidad de firmar convenciones colectivas de trabajo. Por el contrario, ambos optaron tercamente por una reforma laboral con la esperanza de que aliados con la derecha la podrían tramitar más rápido.

Las Centrales Obreras, ya metidas por el camino equivocado, dieron un paso correcto y muchos incorrectos. El correcto, elaborar sendas propuestas de reforma laboral y pensional, digamos que acertadas y plantear una decena de medidas que mediante decretos resolvieran lo que se podía hacer sin necesidad de tramitar leyes específicas.

Pero a partir de ahí los dirigentes perdieron toda posibilidad de tener vocería en el proceso, no solo por el desprecio tan conocido de Petro hacia los sindicatos, sino porque renunciaron a las propias propuestas, entregándoles la vocería a la llamada Plataforma Laboral y a un grupo de ONG, todas hoy contratistas del gobierno. Pero además se sumaron incondicionalmente a un proceso en el que el gobierno, en vez de hacer valer la construcción tripartita del proyecto de reforma, se dedicó a negociar en el congreso con las distintas bancadas, ilusionado en una supuesta mayoría y en el efecto de la mermelada mil millonaria, puesta en subasta como ocurría en los anteriores gobiernos, con los resultados que todos conocemos.

El papel de los áulicos del gobierno en el movimiento sindical se redujo a agitar la consigna de “respaldo a las reformas sociales” y a promover movilizaciones de respaldo incondicional a Petro. Poco les importó lo grave que acabó siendo la reforma pensional al condenar a los jóvenes de hoy a pensiones de miseria, al obligar a quienes devenguen más de 2.3 salarios mínimos a cotizar en los fondos privados de pensiones, a quienes premió con 420 billones de pesos más un premio anual de 2.1 billones, y al rebajar la pensión sustitutiva. Lo propio sucedió con el proyecto de reforma laboral, lleno de ilegalidades, y al que el gobierno le suprimió de entrada los derechos colectivos, el capítulo más importante para el movimiento sindical. El gobierno ignoró también los planteamientos de las Mipymes y de los agricultores y campesinos.

LA CONSULTA

Desesperados por los reiterados fracasos de la estrategia de reforma laboral, ya peluqueada hasta más no poder, los dirigentes lloriquearon primero ante Gloria Inés Ramírez, quien se negó sistemáticamente a expedir por decreto las reformas presentadas desde un comienzo. Después, ante el hundimiento en la comisión séptima del senado, el nuevo ministro Antonio Sanguino proclamó a grito pelado que expediría los prometidos decretos, lo cual demuestra una vez más que no se necesitaba el trámite de una ley en el congreso.

Pronto el ministro corrió a echarse atrás ante la decisión presidencial de que era mejor, en términos electorales, una consulta popular. Los dirigentes decidieron entonces enviar al gobierno una lista de doce preguntas que, obviamente, no les fueron aceptadas por los ideólogos de la consulta. No importaba. Aplicando la teoría que al gobierno hay que apoyarle todo, así lo haga mal, continuaron gritando apoyos y procedieron a colarse junto con el presidente en las tradicionales marchas del Primero de Mayo, siempre multitudinarias por ser la fiesta de los trabajadores, para mostrar “apoyo popular”.

LOS SOFISMAS

El mayor engaño que se les está haciendo al país y a los trabajadores es plantear que la consulta se hace porque el congreso no quiso aprobar las reformas, por lo que Petro entonces se vio obligado a recurrir a la “voluntad popular”. Los dirigentes ocultan que en caso de que el congreso apruebe la consulta y en caso además de que las preguntas obtengan los votos requeridos, es el congreso el que debe tramitar las leyes respectivas, volviendo a la misma situación en que estamos. Ahí queda al descubierto que se trata de una maniobra electoral.

El siguiente engaño es ocultar que todo lo planteado en el paquete de preguntas se resuelve con la acción del gobierno y que no se requieren leyes. Veamos:

Las preguntas evaden un punto sustancial, el dar garantías plenas a la afiliación sindical, a la negociación colectiva, a la huelga y a la estabilidad, fortaleciendo los derechos colectivos, tal como lo exigen los Convenios de la OIT suscritos por Colombia. Logros individuales como el del aumento salarial se facilitan solo en la medida en que existan los derechos colectivos, muchos de los cuales atañen al control, a las medidas y a la efectividad del Ministerio del Trabajo y de los jueces. Ni los anteriores gobiernos ni este los han hecho realidad.

La primera y la segunda pregunta, que la jornada nocturna empiece a las 6 pm y que se remuneren en los porcentajes justos el trabajo dominical, festivo y nocturno, son avances que pueden resolverse con ley y sin necesidad de consulta. Justamente, el tema referente a los recargos nocturnos y dominicales y festivos es el que menos lío presentó en el trámite de la reforma. No tiene sentido entonces llevarlo a una consulta cuando ya existe prácticamente un consenso sobre su aplicación.

De las otras doce preguntas, las siguientes no requieren reforma alguna porque ya están regladas por la ley.

En la tercera se anuncia un tratamiento justo a las Mipymes, tratamiento que el actual gobierno les negó en las reformas tributarias. Aunque técnicamente no procede para este tipo de consulta, la pregunta debió haber clarificado que las Mipymes deben recibir los subsidios y protecciones necesarios para poder asumir los costos laborales provocados por las reformas y no someterlas a la desaparición y a la pérdida de los empleos.

Igual criterio vale para las preguntas 8ª y 12ª en relación con las condiciones laborales en el campo. La pregunta 4ª es completamente oportunista, porque ya está en la ley. La pregunta 7ª evidencia el fracaso del gobierno en las negociaciones con las plataformas y los domiciliarios, dejándolos al desamparo de una negociación individual.

La pregunta 4ª no requiere ley alguna, porque los médicos no la requieren para hacerlo y lo hacen cuando es necesario. La pregunta 9ª y 10ª muestra la incapacidad de este y los anteriores gobiernos, del Mintrabajo y de los jueces, por hacer cumplir lo contemplado por el Código Sustantivo del Trabajo y por los Convenios de la OIT contra la tercerización, como también las normas y sentencias judiciales. La pregunta además solo se refiere a los contratos sindicales y oculta las demás formas de subcontratación que hábilmente los empresarios han diseñado.

La 11ª solo habla de promocionar el contrato a término indefinido, pero hacer promoción es cuestión de hacer publicidad y no necesita ley alguna. La estabilidad no aparece en la consulta, porque se garantiza, es oponiendo barreras a los despidos injustos y prohibiendo las formas abusivas de contratación. Hoy existen cerca de un millón de contratos basura en toda la estructura del Estado, a pesar de que el gobierno de Petro prometió acabarlos.

Todo lo anterior ratifica que nuevamente se teje una emboscada contra los trabajadores, a la que nos empuja un gobierno mal llamado de “izquierda” con el apoyo de unos sindicalistas que renunciaron a la independencia y a la autonomía.

En entregas posteriores explicaré las reformas reales que se requieren para los trabajadores y lo incompetente que ha sido este gobierno en el combate a la tercerización, las formas abusivas de contratación y el abuso de los contratos basura en el Estado.

Diogenes Orjuela

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Expresidente de la CUT