La política de Santos de entrega de la soberanía nacional, destrucción de la industria, la ganadería y la agricultura colombianas, persecución a los pequeños y medianos mineros, privatización y empobrecimiento de la población es la verdadera locomotora de su administración y la razón de la avalancha de paros, movilizaciones y protestas que se dan a lo largo y ancho del país. La actitud fascista y antidemocrática de Santos contra el senador Jorge Robledo es una cortina de humo ante el fracaso de su gobierno y muestra de manera fehaciente la persecución contra el único partido de oposición en Colombia, el Polo Democrático Alternativo.
El sector educativo también está sujeto a esa política. La privatización se acelera. La imposición de una educación de pobres para pobres, destruyendo el carácter científico de la educación y acabando con la autonomía educativa, continúa su marcha. Y se arrasa con los derechos de maestros, padres de familia y estudiantes.
La salud de los maestros y sus familias se deteriora a tal punto que por todo el país el magisterio se moviliza, adelanta paro y plantones. Decenas de municipios sin ninguna atención médica, negados los medicamentos, remisiones y procedimientos, el derecho a la salud convertido en una burla. El Gobierno de Santos no ha cumplido con los acuerdos que firmara en mayo en este terreno al no asistir como se comprometió a la comisión técnica y no darle los elementos a esta para funcionar, como tampoco ha adelantado el plan de choque para resolver los gravísimos problemas que se presentan todos los días y en todos los departamentos. La ley estatutaria de salud recientemente aprobada por la bancada de la unidad nacional con la activa dirección del gobierno mantiene las EPS, la especulación con los precios de los medicamentos, ataca la tutela y pone en grave riesgo el régimen del magisterio colombiano.
Tampoco ha cumplido en otros aspectos el gobierno de Santos: ha notificado en dos ocasiones a FECODE su intención de no cumplir lo acordado con relación a la prima de servicios para no tener que pagar las demandas interpuestas y no ha expedido el decreto de protección a los maestros amenazados y desplazados. Pero además hay cuentas certificadas de 25 entes territoriales en el Ministerio de Hacienda sin que se giren los recursos para pagar deudas con los maestros y hay otros 18 departamentos y municipios a la espera de que se les certifiquen las deudas.
Tal como ha sucedido con otros sectores de la población –mineros, cafeteros, cacaoteros, paperos, lecheros, productores de calzado, entre otros muchos- a los educadores nos corresponde también salir a dar la batalla, que en nuestro caso es la de defender nuestros derechos, la educación pública y el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Por ello se ha acordado una movilización nacional para el 1 de agosto y declararnos prestos a salir a paro nacional si el gobierno no resuelve las peticiones y acuerdos con el magisterio. La Junta Nacional de FECODE, que se reunirá el próximo 23 de julio, debe tomar decisiones firmes para enfrentar con la movilización y el paro la política del Gobierno santista. En la actual situación de desprecio de este gobierno neoliberal por la suerte de Colombia y sus habitantes, de destrucción de la educación pública y de los derechos de los educadores, la salida que se impone es la de la unidad y la lucha.
Julio 22 de 2013
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