Pues claro que se trata de un fallo político. No solo porque el delito por el que el procurador Alejandro Ordóñez acusa confusamente a la senadora Piedad Córdoba, en el caso de que existiera, sería un delito político, sino porque también los motivos del Procurador para acusarla son políticos. Y la pena, desde luego, es eminentemente política: destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dieciocho años. Es lo que se llama ’muerte política’. Pero en este país de leguleyos tenemos una irrefrenable tendencia a disfrazar con ropajes jurídicos todo lo que sea político, aunque la realidad sea la contraria: no es que lo político sea jurídico, sino que hasta lo jurídico es político.
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