27/09/2021

Todo lo que hizo el gobierno en el caso de las flores aumentó el riesgo de generarle grandes pérdidas al estado

Transcripción del debate del senador Jorge Enrique Robledo en la Comisión Quinta del Senado, 9 de noviembre de 2010

No es un debate contra la economía empresarial. El Estado debe proteger el agro incluso con subsidios. Más grave que Agro Ingreso Seguro. El agro y la industria están siendo destruidos por la revaluación. Se exporta para importar lo que nos arruina. Los gremios aplauden las políticas del gobierno mientras le piden que les tire un salvavidas a ellos solos. Los créditos FAG benefician a unos pocos poderosos. Solo 59 créditos a gente con activos de más de 50 mil millones de pesos cubren el 85% del crédito y el 81% del total de los subsidios. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario aprobó esta política sin siquiera reunirse y sin que exista un documento técnico de mediana seriedad. Los bancos privados le endosan al gobierno la cartera mala. Las decisiones oficiales dispararon el llamado riesgo moral. Ya hay 70 mil millones de pesos embolatados. El grueso de la plata lo pone el banco Agrario. Relaciones laborales muy discutibles. Cotizantes a la campaña de Andrés Felipe Arias. Confirmadas la denuncias de Daniel Coronell en el caso de la ministra Beatriz Uribe Botero.

Este no es un debate, ni en mi caso y ni en el de la senadora Daira Galvis tampoco, estoy seguro, contra la economía empresarial. Tiene que ver con empresarios, pero no debe entenderse como un debate en contra la producción empresarial. Suelo insistir en que el Polo Democrático Alternativo defiende un agro de tipo dual donde todos prosperen, tanto los empresarios como los campesinos e indígenas y donde los obreros agrícolas gocen de todas las garantías laborales de un país civilizado. Dentro del empresariado, a mi juicio, el respaldo del Estado debe dirigirse principalmente a los pequeños y a los medianos, por razones obvias, más que a los monopolios y a las trasnacionales. Tampoco me opongo a que el Estado proteja el agro nacional, incluso con subsidios. Es una posición de principios que he defendido a lo largo de años, pero sí pienso que la protección se ha de dar con una lógica democrática, porque los recursos no son infinitos. Si no se hace una distribución de los recursos con lógica democrática, lo que sucede es que los pocos más poderosos se quedan con casi todo y a los menos adinerados, que son más, no les toca casi nada. Si a alguien se le da mucho, la explicación es que a otro no se le está dando nada. Aclarados estos criterios, insisto en que no es un debate contra el empresariado ni para oponerse a que el Estado respalde al agro.

Más grave que AIS

Mientras estaba preparando mi intervención, pensaba como en una especie de reedición del debate de Agro Ingreso Seguro. Se repite la feroz concentración de los recursos, los favoritismos en determinadas personas y sectores, como si fuera la versión II de ese mismo debate. Con un agravante. Me temo que este caso es mucho más grave que el de Agro Ingreso Seguro. Es mi percepción. Y por lo que le hemos oído a la senadora Daira Galvis, es bien probable que así sea. Porque aquí hay varios elementos que lo pueden hacer bastante más grave. Una concentración de los recursos probablemente mayor y más feroz en manos de empresas muy poderosas. Segundo, un fenómeno sobre el que me voy a detener bastante, el riesgo moral, una frase que los banqueros emplean en su jerga: cuando no hay garantías suficientes en los créditos, se dispara lo que se llama el riesgo moral, que quiere decir que es muy posible que la plata se pierda.

Voy a demostrar con detenimiento cómo hubo toda una operación para aumentar el riesgo moral. Ya están embolatados, ministro Restrepo, 68.800 millones de pesos, con las últimas cifras que me dieron hace un rato. Y la cifra podría ascender a muchísimo más, con graves pérdidas de recursos públicos. Además de señalar lo anterior, que puede ser lo más grave, voy a mencionar otros dos hechos también relacionados con el debate de Agro Ingreso Seguro. Hay uno, por lo menos, muy llamativo: concentración de floricultores, que son parte de los beneficiados de este escándalo, como financistas de la campaña de Andrés Felipe Arias. Y tenemos el caso particular que vamos a mirar con la doctora Beatriz Uribe, ministra de Ambiente, de cómo operó la gerencia de esa campaña, sobre lo cual hay denuncias también supremamente graves. Estos van a ser los cuatro temas en los que me voy a centrar.

La destructiva revaluación

Deben ustedes entender que hago esfuerzos porque estos debates se refieran mucho a la política agropecuaria, porque al final esa es una de las grandes ganancias que deben quedar. Hay que empezar entonces haciendo ver una cosa que es cierta: el agro colombiano y la industria colombiana están siendo literalmente destruidos por la revaluación de la moneda. En la base de todo este enredo hay un problema de la revaluación de la moneda que está arruinando la economía y que, de seguir así, la producción nacional no va a sobrevivir. Si la revaluación no se corrige, Colombia va a terminar convertida en un país minero sin agro ni industria y con unos niveles horrorosos de concentración de la riqueza.

Aquí llama la atención que las más poderosas agremiaciones del sector agropecuario aplauden todo el día al gobierno nacional, al anterior y a este, así ambos mandatarios propicien revaluación y a los dos les fascine el neoliberalismo, porque hay que oírlos echando discursos defendiendo el libre comercio. Pero eso sí, esas agremiaciones y esos grandes empresarios se dan sus trazas para que a ellos no los toque la revaluación y para que el Estado se invente políticas que los eximan de la paliza, de forma tal que los que se quiebren sean los demás. Algún día lo deberíamos discutir con más detalle porque la explicación que da el gobierno es que hay que hacer lo que se ha hecho y ya se ha mencionado, y hay que hacerlo, porque no se puede dejar quebrar al sector agroexportador.

Soy de los que defienden que en general no se debe dejar quebrar nada y defender lo que tenemos, pero me llama mucho la atención, ministro Restrepo, que lo que no se pueda quebrar sea a ciertos sectores, mientras que a los demás sí. Aquí la revaluación de la moneda no solo está quebrando a floricultores, caficultores y bananeros, sino a todo el mundo. A todo aquel colombiano que produzca para el mercado interno lo arruinan las importaciones abaratadas y por esos compatriotas no hay ni una lágrima. Y todo aquel que venda para exportar, bien sea agrícola o industrial, también está siendo quebrado por la revaluación.

Se exporta para importar lo que nos arruina

Uno entonces se pregunta: bueno, y esta especie de desespero exportador de qué se trata. Para qué quieren exportar tanto y a estos costos, porque ahora vamos a ver que este adefesio que estamos discutiendo hoy aquí se justifica porque hay que seguir exportando. Y se exporta ¿para qué? Resulta que dicen que hay que exportar para poder importar harto. Si estuviéramos importando tractores y bienes que no producimos, me parecería buena la política. Pero estas exportaciones son para financiar las importaciones que nos arruinan, porque aquí no hay selección de importaciones. Con la plata de estas importaciones es con la que se financian las importaciones de maíz o de arroz o de leche que destruyen la economía nacional o de bienes superfluos como tapetes persas, tragos de los más diversos colores con precios cada vez más escalofriantes y que no contribuyen en nada con el progreso del país. Es un debate que algún día deberíamos hacer. Pero insisto en señalar cuál es el punto: la teoría de la protección del agro o de la industria se concreta en determinados sectores escogidos a dedo por el gobierno nacional; y que los demás se quiebren. En buena medida la labor de los gremios consiste en aplaudir cuanto adefesio se le ocurra al gobierno en contra del interés nacional, pero eso sí, por debajo de la mesa y en privado, llamar a los ministros y decirles: yo los apoyo pero sálveme de las medidas. Que se arruinen los demás, yo no.

Es en estas condiciones en las que se enmarca la crisis de la floricultura, suficientemente documentada. Llevan más de un lustro perdiendo plata todos los años, por lo menos en sus operaciones de producción, y tienen el endeudamiento disparado. La crisis de la floricultura es una crisis cierta, como lo es la del banano, la del café y la de toda la economía nacional. Pero quiero enfatizar en este momento en la crisis de la floricultura, tan relacionada con este debate. Hay documentos de sobra en que los mismos productores de flores dicen que están quebrados y creo que en general lo están. Y con este argumento es con el que se monta esta política de créditos. Como están quebrados, hay que impedir que se quiebren y le dicen a uno que es para proteger el empleo. Curiosamente, solamente importan ciertos empleos. Cuando el que se arruina es el del trigo o el de la cebada o el del maíz, ahí los empleos no importan.

Los créditos FAG

Y entonces, toda esta política de créditos garantizados por el Estado, los créditos FAG, del Fondo Agropecuario de Garantías, se monta sobre la teoría de que estos empresarios no tienen garantías para respaldar los créditos y los debe entonces respaldar el Estado colombiano. Aquí hay que poner de entrada una duda. Los agraciados por estas políticas son propietarios, en buena medida, de las tierras más costosas de Colombia. El argumento de que no cuenta con recursos ni capacidad para responder por los créditos es muy sospechoso. Por ejemplo, El Retiro y Banacol, subsidiarios de Chiquita Brands, las razones sociales con las que se camufló Chiquita Brands después del escándalo de la financiación de los paramilitares. El Retiro acumula activos por 207 mil millones de pesos, Banacol, por 247 mil millones, y Dole, otra trasnacional también beneficiada por estos créditos, tenía en su momento activos por 198 mil millones de pesos. La tesis primera de que hay que darles un trato especial, y ojo con el hilo de la discusión, porque carecen de garantías, ya de entrada habría que ponerla en entredicho, porque en el caso de Bogotá, repito, son estos productores los que monopolizan las tierras rurales más caras de Colombia, particularmente los floricultores.

¿Cuál es el origen del asunto? La Línea Especial de Crédito para Exportadores, con recursos públicos de plata subsidiada. Lo primero que debo señalar es que aquí hay subsidios del Estado colombiano para ayudarles a los productores, una decisión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que encabezaba en su momento el ministro Andrés Felipe Arias, e integrada por el gerente del Banco de la República, el director de Planeación Nacional y dos voceros del presidente Uribe, o sea, una comisión del más alto nivel. Y desde que empieza lo hace mal. Se mete en este lío, en el que están en juego hoy, baratos, entre 430 mil y 460 mil millones de pesos en créditos. Esas son las cifras. La definición de esta política, ustedes no me lo van a creer pero es así, no se hace en una reunión, sino que se vota por internet o por fax o por teléfono. Sin siquiera reunir a la Comisión, estos personajes de este altísimo nivel arrancan con un programa que, como lo vamos a ver, es tremendamente discutible y tremendamente irresponsable por decir lo menos. Violan además las normas, según las cuales la Comisión tiene que sesionar. Arrancan además con un documento técnico de una mediocridad pasmosa, que ni siquiera se toma el trabajo de demostrar que con esa ayuda los sectores beneficiados se van a salvar de la ruina. Tampoco es un documento técnico que demuestre que sí van a poder pagar, que es lo mínimo que, se supone, tiene demostrar un documento técnico para tomar una decisión y favorecer a alguien. Porque si al final la plata se presta para no pagarla, no estaríamos hablando de un subsidio del 3 ó del 4%, sino de regalar una suma descomunal. Aquí quiero llamar la atención: el ministro de Agricultura y el presidente de la República, a través de sus delegados, y el director de Planeación Nacional y el gerente del Banco de la República aprueban una política pública sin siquiera reunirse y sin que exista un documento técnico de mediana seriedad. Es la manera como se está gobernando a Colombia.

¿Qué es lo que se aprueba? Coger una plata importante de recursos públicos, que va por el orden de los 430 mil millones de pesos, para prestarla con tasa subsidiada de interés. Hasta allí digamos que puede parecer razonable que el Estado les subsidie la tasa de interés a unas personas para que ellas atiendan labores productivas. Los montos son 463 mil millones, el total de los créditos. Con FAG, Fondo Agropecuario de Garantías, y ojo a la palabreja porque nos vamos a referir todo el tiempo a ella, son unos 438 mil millones, unos 2.100 créditos en números redondos. En flores, 270 mil millones. En banano, 128 mil. Acuicultura, 39 mil. Platas grandes. Lo primero que hay que resaltar es que los créditos se van a entregar en un grado de concentración similar al de Agro Ingreso Seguro, a muy poquitos mucha plata y a muchos muy poca plata, en general, bananeros y plataneros. Aquí hubo recursos propios, muy pocos, de los bancos y la plata principal la pone el Estado. Es decir, los bancos se ganaban el subsidio. Me voy a referir solo a la plata del Estado para no enredar el asunto. De esos recursos del Estado, unos 1.100, o sea, el 88%, son créditos pequeños, para gente con activos de menos de 5 millones de pesos y comprenden el 2% de la plata. En contraste, solo 59 créditos a gente con activos de más de 50 mil millones de pesos cubren el 85% del crédito y el 81% del total de los subsidios. No quiero aburrirlos con muchas cifras, simplemente insistir en que el grueso de la plata se les da a poderosísimos empresarios, en varios casos trasnacionales. Otra vez la lógica plutocrática, tan propia del libre comercio y del neoliberalismo, que es la política del gobierno anterior y pienso que la del actual.

Los bancos le endosan al Estado la cartera mala

La tasa de interés, o sea, el subsidio, era de entre el 3,5 y el 4,5%. El Estado ponía casi toda la plata, recuperaba una parte y otra la perdía como subsidio al productor. Hasta el 25 de octubre de 2010, la plata de los subsidios, la que ha regalado el Estado colombiano a estos deudores, asciende a 27 mil millones de pesos en números redondos, un subsidio importante. ¿Cuáles actividades se financiaban? ¿Cuál es la determinación que se toma en la Comisión Nacional de Crédito Público? En primer término, establecer capital para empresas, capital de trabajo, nueva inversión, cosas que son razonables. Pero llama mucho la atención que también se utilizan los recursos para “pagar pasivos financieros”. Entonces ¿qué es lo que sucede con esta operación, y estamos hablando de más de 28 mil millones de pesos? Que bancos comerciales sustituyen las deudas que tenían con estos personajes, seguramente en riesgo, por las líneas del gobierno nacional. Se siguen ganando su comisión como banqueros, pero ya la plata que está en riesgo no es la de los bancos privados, sino la del Estado colombiano. Es obvio la Comisión Nacional de Crédito Público no ha debido permitir esta operación, si de verdad hubiera estado preocupada por la suerte de los recursos públicos, porque es permitirles a los banqueros privados que cojan cartera mala y se la endosen al gobierno nacional mientras que ellos se quedan con la cartera buena.

La norma decía originalmente que el tope máximo del crédito era de 5 mil millones de pesos. Pero la Comisión liberó el tope, ya de por sí alto, dejándolo abierto a cualquier suma, medida que los banqueros también saben que es de meditar con cuidado cuando estamos hablando de un sector en aprietos. Lo normal en estos créditos del Estado, casi todos tramitados a través de Finagro, es que el deudor, o quien va a hacer el préstamo, se comprometa con sus recursos a pagar por lo menos el 20% de la inversión y el Estado lo financie, digamos, con el 80%. Se busca así compartir el riesgo, pero con esta política se decide financiar el ciento por ciento de los recursos. Advierto que en Finagro lo que ha sido normal es que hasta el ciento por ciento solo sea para pequeños y medianos productores. Hay ciertos aspectos de estas políticas fácilmente aceptables en el caso de pequeños o medianos productores, pero que ya en grandes se vuelven muy discutibles. La norma corriente permite ciento por ciento en pequeños y medianos, pero aquí la cambiaron para cubrir también con el beneficio a los medianos y a los grandes. Pero recordemos que en Colombia los medianos suelen ser grandísimos, porque la fórmula como están definidos es torticera. El riesgo moral

El plazo de los créditos es 7 años, probablemente lo necesario, pero que también en el mundo de la banca es un crédito que se debe mirar con atención, porque es sabido que en negocios de crédito los plazos mayores aumentan los riesgos. Se da además un periodo de gracia de tres años, que probablemente también se pueda explicar razonablemente, pero que aumenta el riesgo.

Me toca entonces hacer una explicación que resulta clave, y es el tema del riesgo moral. Voy a enfatizar mucho este punto. ¿Qué es el riesgo moral? Es una frase de la jerga de los banqueros según la cual, si un banco presta plata con demasiadas ventajas a favor del prestatario corre un riesgo mayor de que el prestatario no pague. Por ejemplo, si es el ciento por ciento de los recursos del banco, el riesgo moral aumenta y lo mismo si los plazos son muy largos. Lo ilustro con un ejemplo. En créditos de vivienda la cuota inicial que se pide es en cierto sentido una garantía para el banquero, que le dice a quien tomó el crédito, si usted no me paga, de entrada pierde la cuota inicial. Es una manera de disminuir el riesgo moral.

Lo que estamos viendo en este caso es cómo el riesgo moral viene ascendiendo, pero donde está asciende más es en el caso del FAG. Aquí vale la pena hacer un poquito de historia. El FAG es un fondo que se empieza a crear por allá en el año 85. ¿Cuál es la lógica? Que hay mucha gente en el campo que por su pobreza o por cualquier problema no tiene como darles buenas garantías a los banqueros y entonces los banqueros no les prestan plata. Así es como empieza este sistema, para cooperativas de primero y segundo grado y para asociaciones gremiales. Después, la Ley 16 del 90 la extiende diciendo que el FAG es para “los pequeños usuarios y empresas asociativas y comunitarias que no puedan obtener las garantías exigidas ordinariamente por los intermediarios financieros”. Es una ley razonable. Estamos hablando de pequeños que no tienen garantías suficientes y entonces el Estado asume las garantías con el FAG. En el 93 ya se da un fenómeno muy grave y es que la ley incluye a los medianos y a los grandes en el FAG, asumiendo que tampoco tienen garantías. Y dice esa norma que se trataba de financiar con FAG nuevos proyectos “técnica, financiera y ambientalmente viables”. Si no lo son, no puede haber FAG “para productores que no puedan ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes del crédito”. Habrá que ver si estas normas se cumplieron. Seguramente no, porque lo que hace Arias es inventarse algo distinto y crear como una especie de subfag dentro del FAG que le permitía pasarse por la faja las normas, pero por supuesto, al hacerlo está aumentando el riesgo.

Antes de este FAG para exportadores, había un FAG de ciento por ciento pero para la población desplazada y para víctimas de desastres naturales, o sea, rarísimo. Un FAG de 80% para pequeños productores, mujeres rurales, reinsertados, es decir, también para pobres. Un FAG de 75% para medianos productores, hasta $175 millones de crédito. De 70% para programas especiales, alianzas estratégicas y crédito asociativo. De 60% para medianos productores. Fíjense ustedes que va disminuyendo en la medida en que el productor, se supone, es más capaz, siempre cuidando lo del riesgo moral. Hasta que dice: grandes productores, 50%. Era lo normal. ¿Qué decisión toma la Comisión Nacional de Crédito Público encabezada por el doctor Arias? FAG de 100 por ciento también para los grandes, lo que quiere decir que si no paga el deudor, paga el Estado colombiano. La felicidad de los banqueros, porque no hay deudor más solvente que el llamado el deudor soberano, el Estado. El Estado no se quiebra. Sobre el Estado no cae el telón, paga porque paga. Esta es la determinación que toma la Comisión.

La burla de las garantías colaterales

Y no solo esta, sino que, miren ustedes, para el 30% de los primeros aportes ni siquiera exige garantías colaterales, como las normas lo autorizan. Antes se les decía: FAG sí, pero den siquiera una garantía colateral. Sea usted un deudor solidario, juegue de segundo en el asunto. Bueno, para el 30% de los recursos, primeros aportes, ni siquiera se pide garantía colateral. Resuelven que para el 70% restante sí habrá garantía colateral, pero pónganle cuidado a esto, dice la norma aprobada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario que “no se requerirá que estas garantías cumplan con los requisitos de idoneidad”. Esto lo que quiere decir es que son garantías colaterales solo de nombre. ¿Y de qué requisitos de idoneidad está hablando? De los del artículo 3 del D. 2360 de 1993, que dice: “a) Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor, establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la obligación; y b) Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación”. Cuando les piden a los prestatarios las garantías colaterales y los eximen de que sean idóneas, lo que pasa es que no hay garantías colaterales. Lo que quiere decir que el personaje no paga. Paga el FAG casi que automáticamente. El FAG puede repetir sobre el que no pagó, pero si las garantías colaterales son chimbas, como se dice coloquialmente, ¿quién va a pagar? Se perdió la plata. El hecho es tan escandaloso que yo no recuerdo antecedente en políticas públicas tan grave como este. Casi que el que paga es bobo. Le regalaron una plata y se regaló para pagarla. Se trata de un crédito dado a unas personas que ya estaban en gravísimos aprietos y a quienes la situación empujaba probablemente a no pagar. Por eso cuando digo que vamos en 70 mil millones de pesos de líos, vamos a ver hasta dónde van a llegar, porque es probable que esos 70 mil millones ya estén causados cuando los personajes no hayan sido obligados a pagar ni siquiera la primera cuota, porque es probable que estén aún en los tres años del periodo de gracia.

Cómo andarán las deudas dentro de 3, 4 y 5 años si lo que se está diciendo es que la revaluación sigue, porque así lo determina Estados Unidos y el gobierno nacional no va a hacer nada en contra. Aquí se sabe que flores con dólar a menos de dos mil pesos no funcionan, lo vienen repitiendo las gentes que saben. Aquí podemos estar metidos, ministro Restrepo, en un problema de una proporción absolutamente descomunal. Son créditos cuyos plazos apenas están empezando a cumplirse y ya estamos hablando de un número de siniestrados, que puede que en conjunto no sean muy grandes, porque son relativamente pocos, unas 60 personas o empresas, pero la cifra embolatada ya se acerca a 70 mil millones de pesos. La doctora Daira Galvis ha dicho que aquí hay problemas delictivos gravísimos. No soy abogado, realmente digamos que sobre el tema espero la opinión de los expertos y me parece muy respetable la de la doctora Daira, pero aquí sí sale a flote una conducta por lo menos de una irresponsabilidad inaudita. Esa es la primera conclusión que hay que sacar, es decir, si pagan es un milagro. Y estamos hablando de 438 mil millones de pesos.

El escándalo tiene más detalles. Por ejemplo, ni Finagro ni nadie vigiló cuidadosamente lo que estaba sucediendo con estas platas. Los créditos se entregaron desde el 2008 y apenas en mayo pasado Finagro empezó a hacer visitas a ver qué pasaba. Y afloran entonces irregularidades, como que una empresa llamada Astral Flowers Ltda. hizo el crédito para mover unas estructuras a Suesca. C.I. Flores Benmar Ltda. poseía un cultivo de tomate en donde debía tener flores. Rosalinda Ltda. dice que no hay ningún cultivo de nada donde debería haber un cultivo de cualquier cosa. Otra, Flores Orizaba, dice que no sembró flores sino papa. Es lo que informa Finagro. Y ojo con esto: desde febrero de este año se habían enviado denuncias a la junta directiva del Banco Agrario en las que señalaban que ahí podría haber problemas de corrupción. ¿Qué dice el viceministro de Agricultura de quienes hacen las denuncias? “Su único propósito es causarle daños al gobierno nacional”. Y a mi juicio, tampoco ahora se adoptan las medidas que se han debido tomar desde el principio o por lo menos desde cuando se empezó a ver que este asunto se estaba pegando la complicada del siglo.

El grueso de la plata lo pone el Banco Agrario

Como es natural, y digámoslo de paso, el grueso de la plata lo pone el Banco Agrario. Ya conté cómo los bancos privados se zafaron de una cartera que seguramente tenían floja y la convirtieron en cartera no de recursos propios, sino de Finagro. Pero aun así, si uno va y mira la plata gruesa de los recursos, descubre que la puso el Banco Agrario, otro campanazo de alerta para haberse el gobierno preguntado: qué está pasando aquí que ni siquiera con estas gabelas a los bancos privados quieren ellos prestar recursos. Porque aun cuando haya garantía de crédito FAG, en general, en el negocio bancario lo razonable es que no se siniestren los créditos, porque eso no deja de generar problemas de uno o de otro tipo.

Como si esto fuera poco el 20 de julio pasado, cuando ya había empezado a aflorar el escándalo, el ministro Andrés Fernández intentó regalarles a los floricultores otros 50 mil millones de pesos. La medida alcanzó incluso a estar aprobada. Fernández afirma que la consultó con usted, doctor Restrepo. Y usted, yo lo oí en los medios de comunicación, alcanzó a decir que estaba de acuerdo. Afortunadamente, entiendo, se echó hacia atrás y está bien que eso se corrija, porque hubiera sido un disparate total, coger otros 50 mil millones de pesos de otra línea subsidiada, no de créditos, sino regalados todos y habérselos echado a esta plata mala para seguir agravando el problema.

Hay algunos casos a mi juicio ilustrativos que vale la pena mencionar. Quiero referirme principalmente a uno muy mencionado mucho, y lo resalto porque me me irrita particularmente y me impresiona, por ser la mayor deuda del sector de las flores. Es el caso del grupo Nannetti, 74 mil millones de pesos. El grupo Nannetti es el que resulta comprándole a Dole ocho empresas en marzo de 2009. Pero esas ocho empresas ya llegan con créditos FAG de ciento por ciento. A una trasnacional como Dole, propietaria de terrenos en la Sabana de Bogotá, ¿FAG de ciento por ciento? De qué estamos hablando, cuando a los pobres de Colombia, porque el sector agropecuario está lleno de pobres, les toca recurrir a los agiotistas o rezar el rosario a ver si las cosas les funcionan bien en sus producciones agrícolas. Eso de Dole lo compra el grupo Nannetti, lo que los deja con trece empresas, porque algo tenían de ellos. Y esa deuda está en 74 mil millones de pesos con FAG del 100%. Sobre las actuaciones de esta empresa hay mucha información en los medios. Simplemente me limito a señalar que está es la realidad que enfrentamos.

No puedo hablar con más profundidad de las garantías colaterales, caso muy grave, como ya mencioné, porque el Ministerio de Agricultura no me dio la información, según me dijo, porque esa información hace parte de la reserva bancaria. Todo esto no me deja entrar en detalle para saber qué tan buenas son las garantías. Pero digamos que las cosas las diseñaron para que sean malas. Si hay algún menso que las dio buenas, sería muy extraño, pero la cosa está cantada en una cierta dirección.

Las relaciones laborales

El otro punto que quiero mencionar es el de las relaciones laborales. Me interesa particularmente, porque el pretexto que se utiliza para este tipo de desafueros es aducir que es que los trabajadores, es que los trabajadores… Digamos entonces que si hay algo bien discutible son las relaciones laborales en el sector de las flores. Primero, 70% son mujeres, y eso me llena de sospechas, porque normalmente donde hay mucha mujer trabajando es porque las condiciones laborales son malas, aprovechándose de que las mujeres, con frecuencia madres solteras o viudas, son personas con menos capacidad de resistencia y de lucha. Apenas el 5 por ciento está afiliado a sindicatos. El derecho consagrado en la Constitución de crear sindicatos prácticamente no existe en el sector de las flores. Predominan los contratos a término fijo, que permiten que a las personas las echen con una facilidad inaudita. Generalmente hay salario mínimo legal, pero el pleito está en que con mucha frecuencia a los obreros les escamotean las horas extras y las vacaciones pagas y les controlan cada segundo, en suma, un régimen supremamente duro de trabajo.

Hay problemas de salud extremadamente graves. Sobre el tema hay estudios publicados por la revista Focus, del Departamento de Salud de Estados Unidos, que señalan que los invernaderos son como unas especies de cámaras de gas donde la gente trabaja con 127 tipos de pesticidas. Y dice el Departamento de Salud de Estados Unidos que 20% de estos pesticidas está prohibidos en Estados Unidos. Con este agravante: como las temperaturas suelen ser muy altas, los poros por el calor se abren, o sea que los niveles de absorción y envenenamiento son mayores. Dice el Instituto de Salud Pública de México, contratado por el Instituto de Salud Pública de Colombia, que en el caso de las mujeres, los abortos espontáneos duplican el promedio de las mujeres que no trabajan en la floricultura.

Y en medio de esta crisis, tampoco me voy a detener porque hay información abundante, pues ha pasado de todo, no les pagan los salarios, no les reconocen las prestaciones, les descuentan las afiliaciones a la seguridad social pero no la pagan, y cuando el trabajador se enferma y va a que lo atienda la supuesta EPS en la que está afiliado, le niegan la atención porque resulta que el patrón no ha pagado. Es un problema de extrema gravedad que allí se está presentando. En buena medida la crisis, que como ya lo mencioné tiene origen en mucha proporción en la revaluación de la moneda, la están pagando los trabajadores mediante sistemas cada vez más duros de contratación, mediante sistemas de expoliación cada vez más inicuos. Las cifras son elocuentes. La productividad laboral en toneladas está prácticamente congelada entre el 2002 y el 2009, o mejor, ha descendido un poco y es del orden de 2 toneladas por trabajador. Pero la productividad laboral en plata ha crecido en este mismo periodo en 36%, con una tasa del 5% promedio anual. Esto lo que quiere decir es que están apretando laboralmente a esos trabajadores para que sean ellos los que paguen la revaluación mediante mayor intensificación del trabajo y escamoteándoles los ingresos laborales de cualquier tipo.

Cotizantes a la campaña de Andrés Felipe Arias

El segundo aspecto que quiero mencionar versa sobre la relación por lo menos muy curiosa y llamativa que hay entre los productores de flores y la campaña de Andrés Felipe Arias. En esa campaña, de acuerdo con reportes oficiales, 117 personas naturales aportaron y 43 de esos recursos los consiguió Asocolflores. Tengo probado que muchos de ellos son floricultores, supongo que los demás también, pero son casos enredados, porque hay que ir a descifrar quién es el dueño de la empresa. Estamos diciendo que el 35% de los aportantes son floricultores. Si uno hablara de cafeteros, dirían, bueno, en Colombia hay como 500 mil cafeteros. Lo que pasa es que floricultores hay unos 300, lo que es el cero nada por ciento del total de los colombianos, y que aporten a la campaña el 35% de las personas enlistadas es muy llamativo. Ahora, entiendo que adoren a San Arias, por supuesto, porque si a alguien le organizan las cosas de esta manera tiene que quererlo más que a nadie. El colmo del desagradecido sería que no fuera así. Aquí está la lista de aportantes a la campaña de Arias: Nicolás Nannetti, Jaime Restrepo, Arturo Harker y otro poco que hemos podido descifrar en las investigaciones. El presidente de Asocolflores dio su milloncito. Hay que decir, y eso lo ha dicho el doctor Arias, que sí, que le dieron pero que de a poquito. Cujís es como les dicen en la Costa, podría uno concluir. Que a alguien le presten 74 mil millones y dé después cinco milloncitos para la campaña, me parece bastante amarrete el personaje. Me imagino que la doctora Uribe, quien era la gerente de la campaña les debió de haber dicho: pero, ole, esto no tiene presentación.

Lo último que quiero mencionar es lo que compete con la doctora Beatriz Uribe, caso que hubiera preferido no tratar, pero que toca hacerlo. El problema es que la doctora Beatriz Uribe Botero fue la gerenta de la campaña de Andrés Felipe Arias. Empezando este año, el periodista Daniel Coronell publicó cuatro artículos muy detallados sobre el caso, haciendo acusaciones a mi juicio graves y valederas. Aquí voy a contar lo que cuenta Coronell, centrando las irregularidades en dos o tres aspectos que vale la pena mencionar. El primero es que la ley establece, y se lo aclaró la doctora Uribe a su equipo de recolección de recursos de la campaña, que en Colombia no se permiten contribuciones de personas jurídicas, tan solo de personas naturales. Pedro Pérez, Juan Rodríguez, sí, pero no puede haber contribuciones de las empresas. Ella lo advirtió oportunamente, y sin embargo, empiezan las inconsistencias. La legalidad o no la tendrán que establecer los jueces. Yo voy a referirme al punto de las graves inconsistencias. Primero, hay una circular de Marcos Alberto Ossa Ramírez, director regional de Asocolflores, Antioquia (May.19.09), donde él recuerda: “Donación a la campaña del Dr. Andrés Felipe Arias (…) 1. Los aportes deben venir de personas naturales”, pero en el punto 8 de la circular se le van las luces y dice: “Los aportes se harán por Empresa o por Grupo y dependerán de su categoría”. Y pone categoría uno, dos y tres. Aparece también un envío de cheques de dos aportantes personas naturales, pero quien hace el envío es la empresa Mayagüez, un ingenio azucarero, que en papel membreteado lo manda a la campaña a nombre de Jaime Correa Holguín y de Roberto Hurtado. No deja de ser un hecho que llama la atención.

Pero más grave aún, la doctora Beatriz Uribe envía un correo a sus gerentes regionales en donde les dice: “Favor tomar nota de los donantes a cargo de cada una de nosotras para mover lo de la Corporación Colombia Cambió”, creo que eran damas todas. Aquí tengo todos los documentos que aporta Coronell, una investigación supremamente cuidadosa, con todos los documentos en detalle. No los muestro uno a uno porque pienso que perdemos tiempo, pero si alguien tiene dudas por supuesto que se las aclaramos. A ese llamado que hace la doctora Beatriz Uribe de buscar plata para la Fundación Colombia Cambió le contesta Emma Lucía Verón, gerenta regional del Valle de la campaña Valle Todos con Arias, quien informa: “Las siguientes empresas del Valle ya tienen la documentación Colombia Cambió (esto que estoy leyendo son citas textuales), Riopaila, solo está pendiente del dato de la cuenta… y proceder a girar ($8.000.000), MAC: si mañana le enviamos el número de la cuenta consigan el jueves ($1.000.000), Manuelita: ya tiene los documentos, pendiente de trámite de cheque ($30.000.000), Ingenio Mayagüez: envié documentos a Álvaro José para hacerle llegar directamente al Doctor Iragorri, Fanalca, ya tiene todos los documentos pendiente de cheque ($15.000.000). Pendiente de confirmación de Luis Fernando Londoño del evento de convocar gremio azucarero el 8 de octubre (…) Mañana contacto con fulanos de Pollos Bucanero. Te sigo contando cómo nos va. Un abrazo. Emmalú” (Emma Lucía Berón, gerente regional Valle).

Salta a la vista que la campaña está en paralelo moviendo una entidad llamada Fundación Colombia Cambió. ¿Cuál es el lío? Que aquí se puede estar ante un hecho muy parecido a la famosa fundación de los recursos del referendo, ¿se acuerdan? Como los recursos del referendo estaban controlados y limitados, se inventan una fundación que pone una plata y es la manera de volarse los topes. Aquí puede estar sucediendo lo mismo. Muchas cosas nos llevan a pensar en esa dirección.

¿Y por qué se relaciona la Fundación Colombia Cambió con esta campaña? Porque el consejo directivo de la Fundación Colombia Cambió está constituido por Tulio Enrique Arbeláez, cuadro de la campaña del doctor Arias y además miembro de la junta de la Bolsa Nacional Agropecuaria, controlada por el Ministerio de Agricultura; la doctora Sonia Lucía Navia, furibunda partidaria de Andrés Felipe Arias –había que verla en ese sainete que montó el doctor Uribe la otra vez– y además cuadro de la campaña y miembro de la junta directiva de Fedepapa, que todos sabemos mantiene una dependencia, como otras estas agremiaciones, del Ministerio de Agricultura; Sandra Gaitán Ñungo, directora administrativa de la campaña y representante legal de la Fundación Colombia Cambió; César Serrano Morales, veedor de la Fundación Colombia Cambió, quien era o es el suegro de Arias y el coordinador del día de las elecciones. Evidente que hay unas relaciones muy estrechas entre los unos y los otros.

Cuál era el objetivo de la Fundación Colombia Cambió: recibir donaciones y otorgar préstamos. La doctora Beatriz Uribe, en alguna declaración, señaló que no había ninguna irregularidad. Dijo textualmente: “Primero reitero, no hemos recibido recursos de empresas. Segundo jamás, jamás, hemos gestionado apoyos entre empresas que se hayan beneficiado del programa de Agro Ingreso Seguro o de cualquier otro programa del gobierno”. Está demostrado que no fue así y que sí hubo aportes de los beneficiados por Agro Ingreso Seguro y por estos otros programas. Ya leí la carta de la gerente de la campaña del Valle del Cauca a la doctora Uribe con el listado de empresas de las que se estaba esperando que simplemente entregaran los cheques. Pero además hay otro correo electrónico de la directora administrativa de la campaña de Andrés Felipe Arias. Dice así: Correo de Sandra Gaitán a donante: “Por medio de la presente quiero agradecerle en nombre del Dr Andrés Felipe Arias y la Dra Beatriz Uribe, su colaboración con esta causa. Me entregaron los documentos y el cheque para legalizar la donación, pero necesitamos que por favor cambien el punto cuatro del acta, ya que solo debe mencionar que el aporte es para el FONDO NACIONAL ECONÓMICO; no se debe mencionar al candidato. Agradezco si es tan amable de enviarme escaneado a este correo el acta nuevamente, para que el Fondo Nacional Económico proceda a expedir el certificado de donación. Cordialmente, Sandra Gaitán, Directora Administrativa y Financiera”. El Fondo Nacional Económico es un fondo establecido por el Partido Conservador que ejerce una función parecida a la de las fundaciones. Aparecen también haciéndole préstamos a la campaña la doctora Beatriz Uribe, la doctora Sonia Navia, Tulio Arbeláez, Juan Pablo Córdoba, el señor esposo de la ministra. Y hay muchas dudas con respecto a si esos recursos son propios o tienen origen en Colombia Cambió.

Coronell hace su primera denuncia el 7 de febrero y cinco días después alguien, no se sabe quién, porque no llenó el formulario, se apareció por la Cámara de Comercio de Bogotá a tramitar la liquidación de la Fundación Colombia Cambió. Y curiosamente, el sello del inicio del trámite en la Cámara de Comercio marca las 5:41 de la tarde y esa es una empresa que cierra a las 5 en punto. En todo caso, liquidaron a Colombia Cambió. El acta de liquidación es anterior a la denuncia de Daniel Coronell, pero no deja de ser llamativo que decidan liquidar a Colombia Cambió después de sus denuncias. Y en todo caso no deja de ser curioso que esa Corporación haya tenido solo dos reuniones, la primera, el día en que la constituyeron y la segunda, el día en el que la liquidaron.

Denuncias irrefutables

A mi juicio, las denuncias del periodista Daniel Coronell están sustentadas en pruebas irrefutables sobre hechos cuya legalidad o no deberá establecer la Justicia, pero la vinculación existe. Hay además otro hecho que es la clave de este asunto. El periodista Coronell no pudo preguntarle sobre estos temas a la doctora Beatriz Uribe porque no tenía potestad legal. Yo sí. Le pregunté expresamente cuál era su relación con la Fundación Colombia Cambió. Y ella me contesta: “No tuve vinculación formal con la Corporación Colombia Cambió, sin embargo, como funcionaria gestioné recursos para la misma”. Que es lo que dicen las pruebas que he mostrado aquí. Y le hago otra pregunta: “¿Usted dirigió comunicaciones pidiendo plata para esa Fundación?” Y respondió: “Para completar mi gestión como voluntaria sí dirigí comunicaciones”. Luego digamos que las relaciones ahí están y son por completo evidentes.

Termino con unas conclusiones. Lo primero que salta a la vista es que hay una lógica plutocrática de concentración de los recursos públicos, recursos que se les niegan a los pequeños y a los medianos y que generan daños enormes a la economía nacional y particularmente al sector agropecuario.

Queda claro en segundo término que hay por lo menos una actitud de irresponsabilidad y de ir modificando las normas para empujar los préstamos hacia el riesgo moral, como lo llaman los banqueros en su jerga. Está clarísimamente documentado que Andrés Felipe Arias, con las facilidades que le brindaron otros altísimos personajes del Estado, hizo las cosas para que estemos en el lío en el que estamos, que ya es inmenso, 70 mil millones de pesos, y nadie sabe hasta dónde puede terminar llegando este asunto.

Con respecto a la legalidad o no de estos procedimientos, los abogados tendrán que decir lo suyo. La doctora Daira Galvis ha sido enfática en que ella piensa en que aquí actos ilegales extremadamente graves.

Lo otro es que también se prueba que una parte importante de los favorecidos por estos créditos fueron aportantes a la campaña de Arias y habían sido también aportantes a la campaña de Álvaro Uribe, porque en varios casos se mezclan.

Es claro también que las denuncias de Daniel Coronell con respecto a lo que sucede con la doctora Beatriz Uribe resultan ser ciertas, están confirmadas y son extremadamente graves. Soy de los que piensan que en otro país, doctora Beatriz Uribe, probablemente usted no se hubiera podido posesionar como ministra, porque un debate como este antes de la posesión, como se acostumbra en Estados Unidos, no se lo hubiera permitido.

Y por último una pregunta directa al doctor Juan Camilo Restrepo: qué se va a hacer. Porque todos los hechos lo que nos dicen es que esos 70 mil millones de pesos se pueden convertir en un plazo brevísimo nadie sabe en cuánto. Aquí se han lanzado acusaciones graves contra la Superintendencia Financiera. Dónde estaba la Superintendencia Financiera mientras todas estas irregularidades sucedían. La Superintendencia, se supone, es la que tiene que vigilar cómo se manejan y cómo se administran los recursos públicos.

Concluyamos diciendo que este es otro debate que a mi juicio muestra el mal gobierno de este país. Y cómo el neoliberalismo y el libre comercio establecen como concepción económica una lógica plutocrática. Cuando digo plutocrática estoy diciendo el gobierno de los monopolios y las trasnacionales y los magnates, que en buena medida apunta a eximirse de las consecuencias negativas de sus propias decisiones. Quiero llamar mucho la atención en esto. Aplauden una decisión que ellos saben que es negativa y después se van a buscar al hombre del gobierno que los exima de los efectos de esa decisión. Me parece inaceptable. Aquí la revaluación está arruinando al país y los gremios de la producción están dedicados a aplaudir sus causas, mientras se van a hablar con el gobierno a ver cómo a ellos les dan tres o cuatro gabelas que les niegan al resto de los compatriotas. El hecho es muy grave, como también son muy graves estas relaciones incestuosas entre los financistas de las campañas y las políticas oficiales. Y finalmente, son muy graves las denuncias en el caso de la doctora Beatriz Uribe.

Réplica al senador David Name

Es probable que el senador Name no estuviera aquí cuando inicié mi intervención, porque ella empieza con un punto que se llama: las advertencias de siempre. Y es que digo que no es un debate contra la producción empresarial ni contra la protección y los subsidios. Eso quedó claro. Es más, ustedes a mí me oyeron cuando mencioné que ya iban 29 mil millones en subsidios, y dije, bueno, esa era la política. Lo que pasa es que este no es un debate general sino un debate particular, senador Name. Porque una cosa es que se subsidie a un sector determinado de la economía y otra que los requisitos se organicen para generar un riesgo moral del tamaño que aquí se expuso. Son dos discusiones distintas. Porque una cosa es que alguien le subsidien la tasa de interés del crédito y otra que las condiciones se organicen para que no pague el crédito.

Ahora, si la decisión del Estado es que no paguen los créditos, esa también puede ser una política del Estado, pero que se diga. Pero no me va a poner en duda si yo sé que el agro hay que respaldarlo. Nadie ha defendido más en Colombia la protección del agro nacional que el senador Robledo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Como la misma discusión de si se concentra o no el respaldo. Es otro debate y no lo vamos a cambiar el uno por el otro. Quiero dejar claro que las flores pueden ser respaldadas y los algodoneros y todo el mundo, pero aquí debe haber políticas sensatas y tienen además que ser democráticas y ser objeto de otros controles. Porque o si no, este debate no se estaría haciendo, o por lo menos yo no lo estaría haciendo.

Y con respecto al problema de los aportes a las campañas electorales. Pues sí, a las campañas hay que respaldarlas, pero ciñéndose a la ley. Ahora, si a uno no le gusta la ley pues hay que cambiarla, pero mientras exista, hay que cumplirla. Y hoy la ley prohíbe que las personas jurídicas respalden las campañas. Lo aclaró la propia doctora Uribe en una circular. Y establece también la ley que no debe haber triangulación de dineros. Esto es a lo que me refiero. Ahora no pongan en mi boca ni sugieran cosas que yo no dije, porque esa no es una buena manera de adelantar el debate.

Réplica a los ministros

No tengo ningún inconveniente en que en este escenario o en otro discutamos este tema con el doctor Andrés Felipe Arias presente. Ya es cosa de mirar que se puede hacer y no hay el menor problema en lo que tiene que ver con la participación de mi parte.

Lo segundo es que no es que hile fino en el debate, ni siquiera en el caso de la doctora Beatriz uribe. Este fue un debate que pensé mucho si lo hacía o no lo hacía. Si ustedes miran las fechas queda claro que lo estaba meditando, inclusive inicialmente no invité a la ministra de Ambiente, pero en la media en que fui estudiando cada vez más los hechos, concluí que el debate debía hacerse. Ahora, no hago una sola afirmación que no esté sustentada en hechos, en datos, en cifras. Ni siquiera hago inferencias, sino que voy a lo concreto. No creo entonces que en el debate hile demasiado fino, entendido eso como una actitud negativa. Sí hago los análisis que debo hacer.

En tercer término, aquí hay un problema de revaluación, lo explicó bien el ministro Restrepo, y no solo afecta a estos sectores de los que hemos hablado, sino a toda la economía. El problema, ministro, es que lo que está haciendo el gobierno nacional es completamente insuficiente. Así no se va a resolver este problema, porque tiene como causa el conjunto del modelo económico. Si uno no supiera los grandes intereses que se mueven detrás, pensaría que están locos quienes lo diseñaron. Porque un modelo económico de libre ingreso, en últimas, de dólares a Colombia, desde una Reserva Federal o un gobierno de Estados Unidos imprimiendo billetes sin que apaguen las máquinas, tiene por supuesto que desquiciar la economía.

En ese sentido se toman medidas, por ejemplo, como la baja de aranceles que supuestamente debe impedir la revaluación. No la va a impedir, pero sí le da otro golpe al sector agropecuario. Este es el tipo de contradicciones que presenta el modelo.

En cuarto término, ratificar que este no es un debate que apunte a que no haya producción empresarial en Colombia ni a que no haya respaldo del Estado a los productores agropecuarios. Lo que estamos discutiendo es cómo se distribuyen los recursos, qué pasa con los pequeños y con los medianos, qué pasa con los campesinos y los indígenas. Y añadiendo una idea que es obvia: si los recursos del Estado se pierden, no le van a llegar a otros sectores de la economía.

En quinto término, me voy a detener un poco sobre esto, porque el ministro Restrepo dio unas cifras que no son exactamente iguales a las mías y podría entonces quedar la duda de si mis cifras sean ciertas. El problema es que el ministro da cifras referidas solo al sector de las flores y yo di cifras sobre el sector de las flores y sobre los demás sectores. Quiero entonces ratificar cuáles son las cifras de este debate, y son todas oficiales, no me invento ninguna. Estamos hablando de que los créditos con FAG suman 438 mil millones de pesos. El riesgo moral afecta créditos por 438 mil millones de pesos, créditos de flores, de banano, de acuicultura y hasta de frutales, así sean muy poquitos estos últimos.

Los recursos siniestrados no son solo los de las flores. Las cifras que yo doy de siniestrados son exactas, y lo voy a explicar con más detalle para que no cree confusión. Hay distintos momentos del siniestro, por llamarlo así, un primer momento: créditos siniestrados que ya pagó el FAG por 25 mil millones; créditos siniestrados que están en reclamación ante el FAG por 23 mil millones; y han aparecido unos nuevos créditos, que va para siniestrados y son los de las insolvencias nuevas que se están tramitando en la superintendencia de Industria. Todo esto da, sumado, 68.856 millones de pesos, 70 mil en números redondos, casi todos contra el Banco Agrario. Esas son las cifras. Ahora, nadie sabe cómo vaya a evolucionar esto. Ojalá evolucione bien, pero estas son las cifras y ya es mucha la plata encartada y eso afecta las finanzas, principalmente del Banco Agrario. El problema no son solo las flores, quiero dejarlo perfectamente claro. Ahora, si alguien quiere hablar solo de flores, entonces diga 270 mil millones, si otro solo de acuicultura diga 39 mil millones. No las traigo todas juntas por molestar, sino porque todas están en el problema y porque son créditos con el mismo origen, con las mismas garantías, con la misma revaluación, con todos los problemas exactamente iguales. Por supuesto, no quiero que esto se agrave, pero puede terminar siendo así.

Enfatizar en que alguien tiene que estar en condiciones de explicar la política del gobierno nacional, del Ministerio de Agricultura, de la gerencia del Banco de la República, de la Dirección de Planeación Nacional, porque no es posible que todo lo que se haga sea para aumentar el riesgo y que no haya ninguna explicación. FAG del ciento por ciento con garantías que no se ciñen a las normas de garantías, esto es un hecho escandaloso. No me sorprende que la senadora Daira Galvis, que es abogada, asegure que aquí hay problemas penales de por medio. Pero para decir lo menos, estamos ante una política absolutamente irresponsable con recursos públicos. Una cosa es que se respalde el agro o que se den subsidios y otra que aparezcan fenómenos como el que estoy mencionando.

Un tema que vamos a tener que discutir más adelante, doctor Restrepo, y es una idea que ya les he oído varias veces a ustedes cuando afirman que van a poner el énfasis del respaldo al agro en lo que llaman los bienes públicos. Hoy dio el ejemplo de los distritos de riego, en otra ocasión habló de vías, hoy también habló de investigación. Soy partidario de que todo eso se haga. Pero el hecho de que se hagan aportes en bienes públicos no puede eximir al Estado de su obligación de hacerlo en otras cosas. Porque usted puede hacer en una vereda la mejor carretera del mundo, pero si no hay crédito, los pobres de esa vereda no pueden operar. Usted puede tener la mejor asistencia técnica, pero si esa asistencia usted la enfrenta con los subsidios que otorgan a sus agricultores los países de Europa y de Estados Unidos, fácilmente arruina a los nuestros. En esto yo estaré muy vigilante de cómo aumentamos los recursos en ciencia, de cómo se hacen las mejores vías, pero ojo, los pequeños y medianos productores tienen que seguir siendo subsidiados de otras maneras o si no no van a poder sobrevivir a la competencia. Es mi teoría y por supuesto la podemos discutir.

Cuál es el problema. Que usted tendría razón, ministro, si solo fuera un problema de bienes públicos y no hubiera libertad de importaciones. Sería un asunto distinto, habría un compartimiento estanco y usted no tendría que preocuparse por las cosas de afuera. Pero si usted no controla lo que le está sucediendo con el exterior y no lo compensa, se nos van a seguir arruinando nuestros compatriotas, porque además vamos para el TLC. Y este lo que impone es cero protección. Luego va a tocar trabajar en bienes públicos, pero también en los demás bienes de los que hay que dotar a nuestros productores.

Por último, lo relacionado con la doctora Beatriz Uribe. Lamento tenerle que decir, ministra, que no estoy satisfecho con su respuesta. Primero, y en esto les hago un llamado a los senadores, los ministros no pueden limitarse en los debates de control político a leer las respuestas a los cuestionarios, porque para esa gracia que nos las manden por fax o algún subalterno viene aquí y las lee. No. Las preguntas son para debatir. El cuestionario que yo le hago tiene un sentido fundamental y es que usted diga si tenía o no relaciones con Colombia Cambió. Y usted acepta que las tenía, porque usted pidió recursos para esa fundación. Esto abre entonces un nuevo campo, inmenso, de análisis a partir de su propia afirmación. Esperé que usted se refiriera a eso. Porque aquí aparece este problema: si usted fue voluntaria de Colombia Cambió y encontramos que en este documento, en parte suyo y en parte de subalterna suya en el departamento del Valle del Cauca, se aparece pidiendo plata la campaña de Andrés Felipe Arias, tramitando recursos de personas jurídicas para la Fundación Colombia Cambió, yo esperaba que usted dijera alguna cosa al respecto, porque aquí hay una pregunta, que es la del millón: para qué diablos recogía plata Colombia Cambió. Mi tesis y la de Daniel Coronell es que la recogía para la campaña de Andrés Felipe Arias y son muchos los hechos que avalan la afirmación. Usted ya aceptó que era voluntaria de esa fundación, pero dice que no hubo aportes de personas jurídicas. Entonces la plata de Riopaila, de MAC, de Manuelita, del Ingenio Mayagüez, de Bucanero y todos estos que le dieron plata a Colombia Cambió ¿adónde fue a dar? De momento no lo sabemos, en parte porque las cuentas de Colombia Cambió son secretas. Le pediría a la gente de Colombia Cambió que nos las haga públicas para lograr esclarecer en qué se gastaron los 530 millones de pesos que recaudaron.

Luego estoy convencido, por lo que acabo de decir, de que las repuestas de la ministra son por completo insuficientes. Ahora, yo sé que no va a pasar nada. En Colombia con estas cosas nunca pasa nada, en otras partes probablemente sí. Pero insisto en que las respuestas son por completo insatisfactorias. Ahora, que las autoridades judiciales sigan mirando estas denuncias, que el Consejo Nacional Electoral, que tiene capacidades que yo no tengo, siga también mirándolo. Pero abrigo la íntima convicción de que entraron recursos de empresas a la campaña de Andrés Felipe Arias y lo hicieron a través de la Fundación Colombia Cambió, y eso, senador Name, es ilegal en Colombia. Si se cambia la ley que se haga, pero hoy en Colombia eso constituye una práctica ilegal.

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