María Antonieta Cano, Bogotá, noviembre 18 de 2012
La Secretaría Distrital de Educación informó que el 35% de los estudiantes matriculados en el sistema oficial corren el riesgo de perder el año. Para disminuir esta cifra el gobierno de la ciudad trazó un plan de refuerzo escolar, acogido por 204 colegios, en el que se contrataron 2.500 docentes que aceptaron trabajar horas extras con sus estudiantes. ¿Revive la promoción automática en Bogotá?
El decreto 230 de 2003 estableció la promoción automática de estudiantes de un grado escolar a otro como una de las principales consecuencias de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2001, que ordenó el recorte a las transferencias. Este decreto ayudó a enmascarar la desfinanciación del presupuesto educativo en más de medio billón de pesos por año, equivalente al costo de proporcionar educación a los repitentes en el presupuesto nacional. Según datos del MEN, en 2002 fueron reprobados 484.938 estudiantes a un costo aproximado de 500 mil millones de pesos. No se necesita ser muy suspicaz para darse cuenta que de lo que se trataba era de reducir la inversión social del Estado.
Desde el mismo momento de su aprobación y puesta en marcha, fueron muchas las voces de rechazo que se oyeron a lo largo y ancho del país. La educación se fue a pique y los niveles de rigurosidad y exigencia se redujeron a su mínima expresión.
Fue tan grande el descontento con la promoción automática y fueron tan lesivos los efectos del decreto 230, que el gobierno se vio obligado a derogarlo y reemplazarlo por el decreto 1290 de 2009. El Ministerio de Educación le vendió al país y a la comunidad educativa la idea de que con esta nueva norma se recuperaba la autonomía escolar y que era potestad de las instituciones educativas determinar sus propios sistemas de evaluación y promoción de los estudiantes. La realidad ha sido otra. Tanto las políticas nacionales como las distritales han llevado a que la promoción automática se filtre por otros medios.
La “preocupación” del gobierno distrital por la repitencia escolar obedece realmente a un problema económico: por cada uno de los niños que repitan el año, el Distrito y la nación deben reinvertir en promedio la suma de 2 millones 300 mil pesos, subsidio que se paga por estudiante en el sistema educativo actual, con los aportes del Sistema General de Participaciones y recursos propios. La lógica es entonces reducir a su mínima expresión la reprobación para limitar recursos, independientemente de los resultados académicos de los estudiantes.
Las cifras son contundentes. El 35% de los estudiantes equivale a unos 340 mil niños. Si se multiplica este número por los 2 millones trescientos mil pesos que cuesta cada uno, el resultado es de 782 mil millones de pesos. He ahí la preocupación de la Secretaría. Mientras que la inversión para el plan de mejoramiento que contrató a 2.500 maestros por cuarenta horas, y a los que se les paga en promedio 6 mil pesos hora extra, es de apenas unos 600 millones de pesos. Así que el Distrito estaría dejando de invertir con esta medida un poco más de 781 mil millones de pesos, a cambio de la debacle educativa.
No se vislumbran cambios verdaderos que contribuyan a sacar el aparato educativo distrital de la crisis en la que se encuentra. Por el contrario, medidas como ésta la profundizan. Es el momento de emprender una cruzada que rescate la dignidad de la profesión docente y que restablezca la verdadera autonomía escolar para que los docentes y las instituciones sean quienes determinen qué se enseña y cómo se enseña, qué se evalúa y cómo se evalúa y sean los criterios de la calidad y de servicio a los intereses nacionales los que se impongan y no los de la “racionalización económica” y “sostenibilidad fiscal” que el modelo neoliberal impone.
El decreto 230 de 2003 estableció la promoción automática de estudiantes de un grado escolar a otro como una de las principales consecuencias de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2001, que ordenó el recorte a las transferencias. Este decreto ayudó a enmascarar la desfinanciación del presupuesto educativo en más de medio billón de pesos por año, equivalente al costo de proporcionar educación a los repitentes en el presupuesto nacional. Según datos del MEN, en 2002 fueron reprobados 484.938 estudiantes a un costo aproximado de 500 mil millones de pesos. No se necesita ser muy suspicaz para darse cuenta que de lo que se trataba era de reducir la inversión social del Estado.
Desde el mismo momento de su aprobación y puesta en marcha, fueron muchas las voces de rechazo que se oyeron a lo largo y ancho del país. La educación se fue a pique y los niveles de rigurosidad y exigencia se redujeron a su mínima expresión.
Fue tan grande el descontento con la promoción automática y fueron tan lesivos los efectos del decreto 230, que el gobierno se vio obligado a derogarlo y reemplazarlo por el decreto 1290 de 2009. El Ministerio de Educación le vendió al país y a la comunidad educativa la idea de que con esta nueva norma se recuperaba la autonomía escolar y que era potestad de las instituciones educativas determinar sus propios sistemas de evaluación y promoción de los estudiantes. La realidad ha sido otra. Tanto las políticas nacionales como las distritales han llevado a que la promoción automática se filtre por otros medios.
La “preocupación” del gobierno distrital por la repitencia escolar obedece realmente a un problema económico: por cada uno de los niños que repitan el año, el Distrito y la nación deben reinvertir en promedio la suma de 2 millones 300 mil pesos, subsidio que se paga por estudiante en el sistema educativo actual, con los aportes del Sistema General de Participaciones y recursos propios. La lógica es entonces reducir a su mínima expresión la reprobación para limitar recursos, independientemente de los resultados académicos de los estudiantes.
Las cifras son contundentes. El 35% de los estudiantes equivale a unos 340 mil niños. Si se multiplica este número por los 2 millones trescientos mil pesos que cuesta cada uno, el resultado es de 782 mil millones de pesos. He ahí la preocupación de la Secretaría. Mientras que la inversión para el plan de mejoramiento que contrató a 2.500 maestros por cuarenta horas, y a los que se les paga en promedio 6 mil pesos hora extra, es de apenas unos 600 millones de pesos. Así que el Distrito estaría dejando de invertir con esta medida un poco más de 781 mil millones de pesos, a cambio de la debacle educativa.
No se vislumbran cambios verdaderos que contribuyan a sacar el aparato educativo distrital de la crisis en la que se encuentra. Por el contrario, medidas como ésta la profundizan. Es el momento de emprender una cruzada que rescate la dignidad de la profesión docente y que restablezca la verdadera autonomía escolar para que los docentes y las instituciones sean quienes determinen qué se enseña y cómo se enseña, qué se evalúa y cómo se evalúa y sean los criterios de la calidad y de servicio a los intereses nacionales los que se impongan y no los de la “racionalización económica” y “sostenibilidad fiscal” que el modelo neoliberal impone.
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