02/08/2021

A luchar contra la privatización de la educación, sin dejarse engañar por los cantos de sirena del santismo

Álvaro Morales Sánchez, Director Tribuna Magisterial, 13 de febrero de 2011

La última reunión de la Junta Nacional de FECODE constituyó un importante acto de unidad de todos los sectores y tendencias políticas que tienen presencia en el organismo de dirección del sindicato más importante del país, el que agrupa a la abrumadora mayoría de los docentes colombianos. En este evento no sólo se aprobaron tres instrumentos que habrá de utilizar el magisterio en la lucha del presente período por la defensa de la educación pública y los derechos del gremio sino que la máxima dirección sindical de los profesores ratificó por unanimidad su rechazo frontal a la política educativa del gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra María Fernanda Campo porque lo que esta administración ha denominado “Educación de calidad para la prosperidad” no es otra cosa que la profundización extrema de la nefasta “Revolución Educativa” de Álvaro Uribe y Cecilia María Vélez.
La dirección de FECODE caracteriza acertadamente al gobierno de Juan Manuel Santos como el continuador de la aplicación del modelo neoliberal fundamentalista que caracterizó a su antecesor y mentor político, lo cual se ha evidenciado a las claras en todas las medidas que ha tomado en el terreno económico, laboral y social y en los proyectos de ley que ha sometido a consideración del Congreso, algunos de los cuales han logrado ya la aprobación de las cámaras legislativas, compuestas en más de un 85% por los partidos de la manguala política que el santo-uribismo ha denominado el “Gran Acuerdo Nacional”.
Señala con claridad FECODE que el aspecto principal de la política educativa de Juan Manuel Santos es la privatización de la educación pública. El incremento de la construcción de megacolegios en las capitales y ciudades intermedias, que se entregan en concesión al capital privado para que sean las instituciones particulares las que presten el servicio educativo; la entrega de instalaciones educativas estatales de vieja data en sectores rurales y pequeñas poblaciones, más recursos del Sistema General de Participaciones a entidades privadas mediante el sistema denominado Banco de Oferentes; la entrega parcial a operadores privados de áreas académicas como educación física, artes, inglés y otras que forman parte de los programas regulares en instituciones educativas del Estado; el incremento del número de alumnos por curso para llegar a cifras de hacinamiento entre 40 y 60 estudiantes, en contravía de todos los estándares internacionales y las propias normas nacionales impuestas al inicio de la era uribista; el aumento del número de horas de clase que deben dictar los docentes de básica secundaria y media de 22 a 24 por semana, violatorio de su propia normatividad; estas dos últimas imposiciones han sido calculadas para que “sobren” docentes en las instituciones educativas y se aplican de tal manera que quienes queden sin carga académica sean los docentes regidos por el decreto 2277 de 1979, preferencialmente los que hayan adquirido la pensión de jubilación o quienes sean activistas sindicales que resulten incómodos para la administración de algunos dictadores gobiernistas que fungen como rectores; y todo con el fin de disponer arbitrariamente de estos docentes y ordenar su traslado a los lugares más apartados, inhóspitos o inseguros, a fin de presionarlos para que renuncien y dejen sus cargos vacantes, que serán llenados por nuevos docentes bajo el régimen del nefasto decreto 1278 de 2002 o por docentes contratados por los particulares del sistema de oferentes o sencillamente se convertirán en cargos suprimidos de las plantas de personal docente, para ajustar el sistema educativo a los gigantescos recortes presupuestales originados en las dos reformas constitucionales que dieron origen a este desastre educativo: el Acto Legislativo 01 de 2001 y el Acto Legislativo 04 de 2007.
Al poner en primer lugar del Pliego Nacional de Peticiones y de los ejes articuladores del Plan de Acción del presente año la lucha contra la privatización de la educación, FECODE se coloca objetivamente en la primera línea de las organizaciones que, como la Central Unitaria de Trabajadores y el Polo Democrático Alternativo, se han declarado abiertamente en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos al que consideran como el más fiel continuador del modelo neoliberal, oligárquico y proimperialista de Álvaro Uribe. Desde Tribuna Magisterial hacemos votos porque FECODE mantenga ese rumbo en forma correcta, porque su dirección no se deje engatusar por los cantos de sirena del santismo con los coqueteos que le hace al movimiento sindical el vicepresidente Angelino Garzón, y logre entusiasmar y organizar al conjunto de los maestros colombianos para que libren las batallas que habrán de dar para impedir la desaparición de la educación pública y del gremio docente.

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