31/07/2021

¿Qué pasa con los rectores? ¿Compañeros docentes o agentes de las políticas?


María Antonieta Cano, Bogotá, febrero 24 de 2013

La semana que termina estuvo realmente complicada la situación con algunos de los rectores del Distrito. Citemos algunos ejemplos: en el Instituto Técnico Industrial Piloto, los estudiantes, padres de familia y profesores quieren sacar al rector por sus intransigencias a la hora de tomar decisiones unilaterales que afectan a docentes y alumnos. En el Inem del Tunal pasa algo similar, pues la rectora ha decidido un horario con el que quedarían 8 profesores más sin carga académica. En el colegio Francisco de Paula Santander los estudiantes se tomaron el colegio porque el rector, intentando acomodar el horario al son de la directiva ministerial 02, generó un caos institucional. En el Colegio Nueva Zelandia de Suba, la rectora prohibió que entráramos a hacer una reunión sindical, como si ella fuera la dueña del establecimiento, aunque los profesores, dignamente, salieron del plantel e hicimos la reunión en la calle. Y el colmo de todo fue el coordinador del Colegio Técnico Industrial: se atrevió, por cualquier motivo, a sancionar, óigase bien, sancionar a una profesora con una suspensión de tres meses.
Todo esto para poner en práctica las medidas que trajo como consecuencia el recorte a las transferencias que en 2001 impulsó el hoy presidente Juan Manuel Santos y con la expedición de los decretos 1850 del 13 de agosto de 2002 y 3020 de diciembre del mismo año, que reglamentaron la jornada laboral y la asignación académica, se redujo la nómina de 330 mil profesores en el año 2000, a 300 mil docentes ahora.
Contribuyeron a dicha disminución la fusión de escuelas y colegios y el plan de racionalización que condujo a la supresión y redistribución de plazas y empleos de las plantas de personal y a la disminución de la tasa de asignación de personal docente por grupo de alumnos.
La pauperización laboral se acentuó con la entrega del aparato educativo al sector privado. Bajo los esquemas de colegios por concesión, que entrega para su administración a particulares colegios construidos y dotados por el gobierno local, o con el banco de oferentes, que corresponde a la prestación del servicio público educativo en colegios privados. Con estas modalidades los particulares reciben una financiación estatal de 1’500.000 pesos en promedio por estudiante, sin que se traduzca en condiciones laborales dignas. Al contrario, la contratación laboral es flexible, al margen de los estatutos docentes, con salarios por debajo de las tablas oficiales, a término fijo y máximo por 10 meses, con negación de las convenciones colectivas de docentes y con salarios inferiores a los del Sistema General de Participaciones.
El recorte de la planta de personal se ahonda actualmente al decidir aumentar la asignación académica de 22 horas semanales a 24 periodos de horas-tiza, de esta manera se disminuye el número de docentes que se requieren por institución.
Esta arbitraria decisión tiene dos secuelas: una, que no se tiene en cuenta el descanso de 30 minutos como una actividad pedagógica y, dos, que se viola el decreto 3020 que prescribe que de las 30 horas de jornada laboral a la semana, solo se asignen hasta 22 de trabajo en el aula para cumplir con los parámetros de profesores por número de estudiantes establecidos por las normas que es de 1.36 docentes por grupo.
Con esta precarización de la labor magisterial, por cada 11 docentes que asuman 24 períodos semanales (dos horas adicionales de clase), se está reemplazando a un docente. De tal forma que al aplicar esa regla ilegal a los 300 mil profesores, decrecerá la planta en 27 mil plazas más. De llegar a ponerse en práctica esta medida a escala nacional, en poco tiempo la nómina de todo el país se reducirá a solo 273 mil plazas.
El aumento de la carga laboral y la disminución de la planta de personal consuman la implantación de la maquila educativa en Colombia. Por eso, además de la resistencia que en cada colegio se le haga al establecimiento de estas medidas, Fecode y la ADE deben convocar a los docentes a la movilización que concluya en un paro de docentes para exigirles, en el ámbito nacional, al gobierno de Santos y a su ministra María Fernanda Campo y, en el distrital a Gustavo Petro y su secretario Óscar Sánchez condiciones laborales dignas para los docentes colombianos, como parte de la lucha contra la degradación de la labor magisterial y por la defensa de una auténtica educación de calidad.

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