24/07/2021

¿Por qué un nuevo estatuto docente?

Francisco Torres Montealegre

Bogotá, abril 7 de 2013

EL magisterio colombiano ha luchado durante medio siglo por tener un estatuto que reconozca sus derechos y su profesión. Marchas épicas como la del hambre de 1966, decenas de paros, gigantescas movilizaciones son los hitos por los cuales ha transcurrido esa histórica contradicción con el Estado oligárquico. Una gran victoria, la que alumbró el nacimiento del estatuto docente 2277 de 1979 y una gran derrota, la del 1278 en el año 2002.
En el reciente Congreso de Paipa los delegados elegidos democráticamente por los maestros aprobaron un proyecto de Estatuto de la Profesión Docente y, a la par, votaron por realizar un paro nacional indefinido en caso de no ser atendidas su reclamaciones por el gobierno de Santos en la comisión tripartita y en la negociación del pliego de peticiones.
Para que un gremio numeroso, de rica tradición organizativa y de lucha, y en cuyas manos está una tarea decisiva para el desarrollo de Colombia, se unifique en torno a un propuesta discutida por varios años y decida encaminarse a una larga y dura batalla, es preciso que estén en cuestión asuntos centrales y decisivos.
Alcanzar para todos los docentes la estabilidad cerrándole el paso al despido por supresión del cargo y por calificación negativa de la evaluación de desempeño, contenido en el 1278, y a la amenaza que gravita contra todo el magisterio desde el Artículo 125 de la Constitución de 1991 y la ley 909 de 2004, definiendo la evaluación de desempeño como bienal, formativa y diagnóstica sin otra consecuencia, si no se alcanza el 50%, que la participación en un plan de mejoramiento financiado por el Estado y diseñada por el Comité de Capacitación. Conquistar un escalafón que garantice el derecho real y efectivo a ascender y mejorar el salario sobre la base de experiencia docente, estudios y producción académica, desterrando la odiosa trampa de la evaluación de competencias del 1278 y el estancamiento en el grado 14 para los del 2277.
Definir en el estatuto las horas de labor en 30 semanales, las clases en una extensión de 55 minutos y la asignación académica en 15 horas semanales en educación especial, 20 en preescolar, primaria y secundaria. Establecer como topes máximos 10 estudiantes por aula en educación especial, 20 en preescolar, 25 en primaria y 30 en secundaria. Modificar las relaciones técnicas para coordinadores y orientadores a 500 estudiantes o fracción mayor de 100 para ponerle coto a la política abusiva del Estado. Dar los mismos derechos a los etnoeducadores. Incluir el régimen especial de salud. Concertar la expedición del listado de las enfermedades profesionales. Extender la compatibilidad de salario y pensión a los nuevos docentes. En síntesis, los 157 artículos del proyecto se encaminan a dignificar la profesión, recuperar lo perdido con el 1278 y las demás normas surgidas del Acto legislativo 01 y la ley 715, y adelantar en nuevos derechos.
Pero hay un aspecto que subyace en la concepción del nuevo estatuto y que no por ello se convierte en secundario. Recordemos que el 2277 fue el catalizador de un avance sustantivo en los niveles de estudio de los maestros, que se lanzaron a adelantar pregrados y posgrados, y a escribir obras para ascender al grado 14. Mejoramiento académico que es un componente esencial en la búsqueda de una educación científica. También los logros de ese estatuto contribuyeron al otro aspecto clave, una educación democrática. El nuevo estatuto marcha en esa misma dirección: elevar la preparación y remuneración de los educadores, establecer condiciones que impidan el hacinamiento, garantizar orientación y coordinación en mejores condiciones y defender la autonomía educativa, entre otras.
La lucha por mejores condiciones laborales para los maestros está enlazada inextricablemente a la tarea por una educación científica y democrática.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *