Bogotá D.C., 22 de agosto 2018, Tribuna Magisterial.

Como lo había señalado con anterioridad Tribuna Magisterial el proyecto de reforma 057 a la Ley 715, presentado por el gobierno Santos y apoyado por el de Duque, es una clara violación del acuerdo suscrito en junio del año pasado que determinaba una reforma estructural para resolver las brechas de acceso, canasta educativa, jornada única, relaciones técnicas e infraestructura escolar. Por el contrario, continúa con la fórmula constitucional actual que le ha permitido al gobierno nacional quitarle más de cien billones de pesos a la educación pública. Trasladar recursos del FONPET a educación y resguardos no resuelve la desfinanciación sino que la perpetúa.

El proyecto al mantener la desfinanciación conduce a lo ordenado por el BID y la OCDE, la reducción de la planta de personal, la congelación del escalafón, la privatización con APP y la obligación de asumir los gastos por las entidades territoriales, instituciones educativas públicas y los padres de familias. Establece el directorio único de establecimiento educativo para incluir en el mismo plano a lo privado con lo público. Machaca por todas partes con las obligaciones que tienen que asumir las entidades territoriales y los padres de familia en desarrollo de los principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia. El fondo de esa política es garantizarle al capital financiero el pago los 500 billones y los crecidos intereses de la deuda pública para lo cual debe recortar las inversiones en educación, efectuar sendas reformas tributaria, pensional y laboral y vender lo que resta del patrimonio público, empezando por ECOPETROL.

Por ello elimina competencias de la Nación y se las traslada a municipios y departamentos como es el caso del Plan de Alimentación Escolar. Impone las referencias técnicas del MEN a la educación inicial para negar el preescolar de tres grados que está en la Ley y los acuerdos. Introduce el término viabilización que le confiere al ministerio un poder omnímodo. Elimina las relaciones técnicas estudiante/docente y pasa a criterios de equidad y costo-eficiencia que aumentan el hacinamiento y disminuyen el número de maestros. Puede modificar cada año las consideraciones con las que establece la planta de personal. Crea nuevas condiciones de traslados y permutas que disparan la inestabilidad laboral y los ajustes a la planta de personal eliminando plazas en vacancia definitiva. Focaliza aún más la prestación del servicio y elimina la canasta educativa.

El proyecto de ley tiene como coordinador ponente al representante a la cámara Christián Munir Garcés del Centro Democrático y lleva un ritmo similar a la Ley del presupuesto que debe estar aprobada a más tardar el 31 de octubre.

La financiación de la educación y los derechos de maestros y estudiantes están en grave e inminente peligro por lo cual hacemos un llamado a la unidad y la lucha para dar la batalla que el Gobierno nos ha impuesto.

TRIBUNA MAGISTERIAL

LUIS ALBERTO MENDOZA
LUISA FERNANDA OSPINA
ELÍAS FONSECA CORTINA
VICTORIA AVENDAÑO
TIMOTEO ROMERO
FRANCISCO TORRES
MEDARDO HERNANDEZ
DIOGENES ORJUELA
WINSTON PETRO

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