UNA LUCHA QUE MARCARÁ NUESTRO FUTURO

UNA LUCHA QUE MARCARÁ NUESTRO FUTURO

Villavicencio 8 de febrero 2019, Tribuna Magisterial Meta

La lucha que va a enfrentar el magisterio este año en poco se parece a las luchas libradas en años anteriores, a pesar que los problemas que se pretenden resolver son los mismos: presupuesto para educación y salud de los maestros. En síntesis, defensa de la Educación Pública.

Pero la situación del país se ha agravado al punto que conquistas laborales como las obtenidas en los últimos años, pueden desaparecer por efectos de la crisis fiscal de un país que en su última reforma tributaria, EL AÑO PASADO, libero a las transnacionales y al sector financiero, de pagar 12 billones de pesos. Crisis fiscal que se agravaría si se privatiza Ecopetrol con la venta de 8,9% que anunció el Gobierno Duque-Carrasquilla, dónde se perderían 600.000 millones anuales de utilidades que transfiere esta empresa al Estado.

Crisis fiscal que se agrava porque continúa la corrupción rampante en la inversión de infraestructura y en los negocios de la salud. Corrupción en la que se pierden cada año según la Contraloría 50 billones de pesos. Todos estos problemas agravan la crisis fiscal y reducen la capacidad del Estado para responder adecuadamente con sus obligaciones como las adquiridas en los acuerdos con FECODE en 2015 y 2017.

Para rematar este cuadro desastroso, Colombia pretende resolver sus problemas colgada de las recomendaciones de la OCDE y actuando como peón de Estados Unidos en el conflicto interno de Venezuela.

La OCDE en materia educativa, ha dicho que la plata alcanza, pero el problema es que se dedica principalmente a pagar nómina de docentes y recomienda cambiar el actual modelo de financiación y administración de la educación pública para ponerla en manos del sector privado.

En medio de este escenario, la realidad nos impone defender la educación pública y la salud, pero en consecuencia defender también la Soberanía Nacional para que nuestro país pueda tomar decisiones propias en materias tan delicadas como la formación de nuestro recurso humano y la salud de los colombianos incluidos los docentes y sus familias iniciamos este año 2019 con déficit en el sector educativo, que el gobierno pretende corregir introduciendo en el plan de desarrollo una verdadera reforma, reincorporando elementos del fallido proyecto de ley 057 que el gobierno se vió obligado a retirar del congreso el año pasado.

El hueco fiscal en educación este año es de 700.000 millones y con las “medidas” del Plan de Desarrollo se pretende afrontar el 2020. Estas medidas están orientadas por organismos internacionales; el BID ha dicho oficialmente en reuniones del Gobierno y Fecode que en Colombia sobran maestros. En el plan de desarrollo (PND) se establece que la nómina del SGP dependerá de la calidad educativa y las mediciones de calidad dependerán del nuevo ISCE, ahora sin incentivos económicos empujados por un nuevo PTA que contratará principalmente “especialistas” del sector privado.

Mientras tanto se implementan medidas desde el PND (Plan Nacional de Desarrollo), orientadas no a aumentar los recursos para educación, por el contrario se busca una flexibilización laboral para lograr equilibrio fiscal. En ese lenguaje pseudo-técnico, flexibilización laboral se traduce en recorte de planta de personal y en apoyo a estas políticas el programa de evaluación PISA dictamina que las relaciones técnicas docente-alumnos no inciden en la calidad,  dejando la idea que da lo mismo 20 o 40 estudiantes.

Se vislumbra otra enorme conspiración contra la educación pública, igual que en gobiernos anteriores, pero agravada por la crisis que genera al país, la entrega de su soberanía, por pedazos en cada gobierno.

LA SALUD DE LOS MAESTROS NO SE RESTABLECE EN MEDIO DEL DESASTRE DE LA LEY 100.

Arrancamos el año 2018 con un nuevo modelo de salud que en el papel es ideal. Sitios de atención exclusiva y sitios de atención alterna. En la realidad no funciona bien ni la red propia, mucho menos la red de atención alterna para los problemas más importantes.

En el caso del Meta, la red de nuestro prestador de servicio depende de las contrataciones con el sector privado cuyas clínicas están quebradas y el sector público, cuyo hospital más importante está quebrado.

Es indispensable introducir en los actuales contratos un programa serio de medicina preventiva y medicina familiar, mientras se modifica la ley 100, para hacer que el servicio se salud se ponga al servicio de los pacientes, no de los mercachifles de la salud.

Toda la problemática del sector educativo se resume en una sola consigna: defensa de la educación pública. Esto es, defender un presupuesto adecuado, defender todos los niveles incluido el preescolar que pretenden desaparecer en el plan de desarrollo, defender la autonomía escolar, defender la salud de los maestros pero levantando también la consigna de reforma a la ley 100 de 1993 que creo esos monstruos denominados EPS que se engullen más de 35 billones de pesos al año y matan más gente en Colombia que cualquier guerra contemporánea.

 

El próximo 14 de Febrero nos vamos a la calle en defensa de los niños y jóvenes, de la salud, del presupuesto para educación mediante reforma constitucional.

 

EQUIPO TRIBUNA MAGISTERIAL META

Marizol Romero, Gildardo Quevedo, Gilberto Frade, Timoteo Romero, Diógenes Orjuela, Edwin Ospina, Rosaura Durán, Adriana Quiñonez, Adriana Barrera, Beyanira Chambo, Amalia Cadavid, Mayra García, Hermilson Marin, Joffre Infante, Milton Guavita, Sonia Lozano, Nasly Monzón, Fanny Gutierrez, Erick Valencia, Floralba Daza, Pilar Quevedo, Luisa Turriago, Gabriel Guerra, Fernando Muñoz, Edison Reinoso.