¿Son los maestros los culpables de la pérdida del año escolar?

¿Son los maestros los culpables de la pérdida del año escolar?

María Antonieta Cano, Bogotá, noviembre 27 de 2010

¡Nadie puede perder el año escolar! Fue la orden de la ministra a los secretarios de educación, a los directivos docentes y a los docentes del país, mediante la directiva ministerial Nº 29 sobre evaluación de los aprendizajes de los estudiantes emitida el 16 de noviembre de 2010.

En esta directiva la ministra María Fernanda Campo responsabiliza a los docentes de la crisis actual causada por la pérdida del año de un amplio número de estudiantes al afirmar que “la reprobación de los estudiantes puede deberse a múltiples causas, entre ellas ineficaces prácticas pedagógicas, y no solamente a las falencias de los estudiantes”. Tamaña acusación ministerial desconoce los desastrosos efectos que trajo para la calidad de la educación la promoción automática introducida en el país con la imposición del decreto 230 de 2003 sobre evaluación y promoción de los estudiantes y el caos que ha generado la puesta en marcha de su remplazo, el decreto 1290 de 2009, sobre el mismo tema.

La “preocupación” del gobierno por la repitencia escolar, lejos de responder a un ánimo altruista con los niños y jóvenes del país, corresponde realmente a un problema económico: por cada uno de los niños que repitan el año escolar el Estado debe volver a gastar en promedio la suma de 930 mil pesos, subsidio que paga por estudiante en el sistema educativo actual. La lógica es entonces reducir a su mínima expresión la reprobación para ahorrar recursos, independientemente de los resultados académicos de los estudiantes y de la baja calidad educativa que resulta de promover estudiantes que no avanzan en el proceso educativo.

Ésta fue la principal razón para que en 2003, un año después de haber entrado en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2001 que ordenó el recorte a las transferencias de recursos que la Nación entrega a las entidades territoriales para que presten el servicio educativo, se aprobara el decreto 230 cuyo principal objetivo era establecer la promoción automática de estudiantes de un grado escolar a otro, pues se buscó compensar la disminución de recursos con la reducción al mínimo del gasto por repetición de cursos. Este decreto acostumbró a los estudiantes a la ley del menor esfuerzo ya que se promovían de un grado a otro con cuatro, cinco, seis, siete o más asignaturas perdidas.

En abril de 2009, luego de seis años de desastre educativo, se le presentó al país el decreto 1290 como paliativo para superar la crisis desatada por la aplicación del decreto 230. La idea que el Ministerio de Educación le vendió al país y a la comunidad educativa fue que con esta nueva norma se recuperaba la anhelada autonomía escolar, que era potestad de las instituciones educativas determinar sus propios sistemas de evaluación y promoción de los estudiantes y que esto permitiría enmendar el torcido rumbo que había tomado la calidad de la educación bajo la norma que se remplazaba.

Pero el balance que deja la aplicación del decreto 1290 del 16 de abril de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, es deplorable. Al momento de la elaboración de estos sistemas de evaluación institucional no se contó con que el mismo decreto 1290 que en el artículo 2 le da autonomía a las instituciones, se la quita por la vía de someterlas a las pruebas nacionales e internacionales con fundamento en los estándares básicos y los internacionales. Y aunque la institución puede establecer sistemas evaluativos que impidan la promoción a quienes no superen determinada cantidad o porcentaje de asignaturas, el artículo séptimo obliga a las instituciones a “adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior” que es una forma de revivir la promoción automática del decreto 230, extendida al 100% de los estudiantes.

La aplicación del 1290 ha producido desestabilización de los planteles educativos y generado caos, todo lo cual ha aprovechado el gobierno para impulsar una campaña de desprestigio de los docentes ante la comunidad educativa, de la que han hecho eco los grandes medios de comunicación, ambientando todo para que la Ministra, desde su escritorio, imponga que al comienzo del próximo año se deban hacer nuevamente las consabidas recuperaciones, nivelaciones y demás, para finalmente cumplir con el mandato del gobierno de Santos de continuar y profundizar la promoción automática.

No se vislumbran cambios verdaderos que contribuyan a sacar el aparato educativo nacional del atolladero en el que se encuentra. Por el contrario, lo que se observa es una continuación y profundización a rajatabla de la “revolución educativa” por parte del uribo santismo. Es el momento de emprender una cruzada nacional que rescate la dignidad de la profesión docente, que restablezca la verdadera autonomía escolar para que los docentes y las instituciones sean quienes determinen qué se enseña y cómo se enseña, qué se evalúa y cómo se evalúa y sean los criterios de la calidad y de servir a los intereses nacionales los que se impongan y no los de la “racionalización económica” y el servicio a los intereses de las multinacionales, que el modelo neoliberal impone.