Manizales, la ciudad de las alzas abiertas y descaradas

¿Qué pasa en Manizales?, es la pregunta que miles de manizaleños se hacen ante las desproporcionadas alzas que se registran en diferentes servicios, derechos y gravámenes que deben pagar los ciudadanos al comenzar el año 2011, donde el mísero incremento del 4% en el salario mínimo se esfuma con las onerosas obligaciones que les han impuesto las clases dirigentes de la ciudad.

Lo primero fue un alza del 16.6% en los pasajes del transporte urbano, que decretó el alcalde de Manizales, dineros que en su mayoría están destinados a revivir el hace un año sepulto Sistema Estratégico de Transporte Público, conocido como TIM. El mismo contra el que se levantaron miles de ciudadanos inconformes en el mes de marzo de 2010, hoy suspendido por orden de un Juez Administrativo de la ciudad.

Lo segundo fue el alza de matrículas que la mayoría del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, con la anuencia de la representación del gobernador, aprobó, decretando alzas que en algunos casos llegan hasta el 333%. Estudiantes que a su ingreso estarían exonerados del pago de matrículas pasaran a pagar sumas desde 140 mil pesos a 3 millones 500 mil pesos. Una reforma dirigida contra los estratos 2 y 3 que representan el 80% de la población estudiantil y que como hemos demostrado fija matrículas, en algunos casos, más caras que en Europa.

La tercera son las alzas entre el 10% y el 300% que, según se conoció en los últimos días, tendrán que pagar los manizaleños en las tarifas del impuesto predial. Hecho que ha provocado inmensas asambleas ciudadanas, organizadas para rechazar las decisiones de la administración y la coalición del Concejo Municipal que aprobó el acuerdo respectivo, sin tener en cuenta el aumento del avalúo catastral decretado por el gobierno nacional y la actualización en el valor de los predios contratada con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

Y como si no fuera suficiente la Empresa Aguas de Manizales ha solicitado, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la autorización para cobrar un sobrecosto de 300 pesos por metro cúbico de agua con el propósito de realizar una descontaminación de las aguas de la quebrada Manizales y el Río Chinchiná, limpieza necesaria pero que debería asumir el Estado en todos sus niveles, no trasladándola al conjunto de ciudadanos que nada o poco tienen que ver con la afectación a este ecosistema.

Sin mencionar los gravámenes definidos a escala nacional, transporte, matrículas, predial, servicio de acueducto y alcantarillado, son cargas que, fruto de las malas políticas de la dirigencia que gobierna la ciudad, atormentan y esquilman los bolsillos de las familias manizaleñas. El bien ganado nombre de las puertas abiertas que destaca la sencillez y hospitalidad que caracteriza al pueblo manizaleño, puede fácilmente cambiarse por: “Manizales, la ciudad de las alzas abiertas y descaradas”, no por el querer de las de gentes trabajadoras, sino por la obstinación de una clase dirigente que poco le importa la suerte de sus ciudadanos.