Tribuna Magisterial Nacional, Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2018.

El 11 de noviembre de 2017 la comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS – emitió la resolución 20171000069325 “Por la cual se aprueba el protocolo de Evaluación Anual de Desempeño Laboral para Docentes, Directivos Docentes y Docentes Orientadores Regidos por el decreto Ley 1278 de 2002”. Para comprender las gravísimas consecuencias de este acto es necesario comparar el modelo diseñado en la Guía 31 del Ministerio de Educación Nacional con los contemplados en la resolución en mención. Se debe señalar que la evaluación anual de desempeño es un mecanismo de amedrentamiento al magisterio colombiano.

La Evaluación Anual de Desempeño Docente – EADD – fue promulgada por el gobierno de Andrés Pastrana con el Estatuto de la Profesionalización Docente 1278, imponiendo un modelo de evaluación que tiene como objeto la inestabilidad laboral e impedir el ascenso en el escalafón de los docentes oficiales del país.

El estatuto 1278 establece que la Evaluación Anual de Desempeño Docente – EADD – es de carácter sancionatorio, si un docente la pierde durante dos años seguidos con una valoración inferior al 60% será retirado del servicio y de otro lado, los resultados de ésta tendrán una incidencia directa en el ascenso o la reubicación salarial. El decreto 3782 que reglamenta la EADD, indica que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la responsable de adoptar el protocolo para la evaluación en concordancia a las políticas de calidad definidas por el Ministerio de Educación Nacional, éste a su vez es el responsable de impartir las orientaciones sobre el proceso de evaluación.

Así las cosas, el MEN construye los protocolos de evaluación y guías metodológicas que pone en consideración de la CNSC para ser aprobados de conformidad a los lineamientos del Sistema Propio de Evaluación de Desempeño Laboral Docente, una vez aprobados el MEN deberá adoptarlos mediante acto administrativo, socializarlos, divulgarlos ampliamente, capacitar en su uso y alcance, ponerlos en marcha y hacerles seguimiento.

Siguiendo esa ruta, el Ministerio de Educación Nacional, en desarrolló del Decreto 3782 emitió la Guía Metodológica N° 31 en junio de 2008, donde estableció las reglas del juego para la Evaluación Anual de Desempeño Docente. En este orden de ideas a los docentes y directivos docentes vinculados por el decreto 1278 se les evaluarían dos grupos de competencias, las funcionales con un peso del 70% y las comportamentales con peso del 30%, las primeras valoran las áreas de gestión institucional y las segundas valoran las actitudes los intereses y las motivaciones con las que los maestros desarrollan su labor.

El Decreto y la Guía señalan que la valoración de cada una de las competencias y el resultado final de la evaluación se expresará en una escala cuantitativa de uno (1) a cien (100) puntos, y conforme a valor definitivo de ubicará al docente en una escala cualitativa de tres categorías: Sobresaliente (90 -100), Satisfactorio (60 – 89) y No Satisfactorio (1 – 59).

La Guía N° 31 también definió las competencias funcionales de acuerdo al área de gestión institucional y las competencias comportamentales. En el primer grupo el Ministerio le exige al docente cumplir con la política educativa del gobierno nacional, los lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia, pero reconoce el principio constitucional de la libertad de cátedra y la autonomía escolar consagrada en la ley general de educación, al no imponer modelos pedagógicos, al reconocer que el docente tiene unos conocimientos propios disciplinares, pedagógicos y didácticos, los cuales aportan a las actualizaciones del plan de estudios y del currículo de la institución y reconoce el papel que juega el Proyecto Educativo Institucional como marco de referencia para el Docente y el Directivo Docente.

Finalmente, la Guía N° 31 permitía que el docente acordara con el rector la ponderación de las competencias funcionales y comportamentales, las evidencias para sustentar la evaluación y que formulara su contribución individual asociada a las áreas de gestión y sus propias posibilidades contextuales y materiales. También, estableció un procedimiento para el desarrollo del proceso de evaluación.

El 11 de noviembre de 2017 la comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS – emitió la resolución 20171000069325 “Por la cual se aprueba el protocolo de Evaluación Anual de Desempeño Laboral para Docentes, Directivos Docentes y Docentes Orientadores Regidos por el decreto Ley 1278 de 2002” que sustituiría el modelo hasta ahora implementado (Decreto 3782 y Guía 31) y empezaría a regir a partir del 2019.

Los protocolos propuestos por el MEN y aprobados por la CNSC involucran modificaciones sustanciales en la Evaluación Anual de Desempeño Docente comparados con los actuales. El primer cambio que introducen es la diferenciación de criterios de evaluación según el cargo, así se desarrolla un protocolo distinto para Rectores y Directores Rurales, uno para Docentes de primaria, secundaria y media, uno para Docentes de Preescolar, uno para Docentes orientadores y otro para Coordinadores. También cambia la escala cuantitativa de valoración de cada una de las competencias a evaluar, pasando de una escala de uno (1) a cien (100) a una de uno (1) a tres (3). En contravía de lo reglamentado en el artículo 18 del mencionado Decreto, aún vigente.

El MEN cambia la estructura de la evaluación al eliminar la “contribución individual” elemento que permitía al evaluado participar activamente en la construcción de su propia evaluación. En su lugar, agrega dos desempeños a cada competencia con 3 descriptores que indican el grado de cumplimiento con una valoración de 1 (uno) a 3 (tres), siendo 1 (uno) la calificación mínima y 3 (tres) la máxima. Además, impone la ponderación de cada competencia, negando todo principio de concertación contemplado en la Guía N° 31.

A lo anterior se suma que los desempeños y sus correspondientes descriptores expresan una clara violación a la libertad de cátedra y a la autonomía escolar. Esto se puede afirmar porque a los docentes de prescolar, básica y media se les imponen los modelos pedagógicos (Aprendizaje Significativo y Cooperativo); “los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional” como únicos factores determinantes en la elaboración de los planes de estudios y las estrategias para la planeación académica y la evaluación de los estudiantes.

En lo concerniente a la autonomía escolar, los protocolos no reconocen las funciones de los órganos de gobierno definidos por la Ley 115 de 1994 para la dirección de las instituciones educativas: El Ministerio de Educación Nacional y la CNSC incurren en una contradicción que deja en evidencia la obsesión con los resultados de las pruebas externas y la imposición de una política educativa de inclusión. Porque por un lado se estandariza la educación mediante pruebas masivas y se exige a los colegios diseñar estrategias con base a sus resultados y, por otro lado, se les demanda a considerar cada una de las particularidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes en el diseño de curricular y los proyectos de la institución desconociendo de tajo la crisis estructural en la financiación que impide a los establecimientos educativos funcionar correctamente.

Igualmente, reduce el Proyecto Educativo Institucional a un conjunto de documentos oficiales que deben responder los referentes de calidad, estándares básicos de competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje y demás lineamientos y orientaciones de calidad emitidos por el Ministerio de educación Nacional, estandarizando su contenido y desechando el PEI como el plan por medio del cual la institución busca dar cumplimiento a los fines de la educación definidos por en Ley General de Educación. Todo ello para negarle a los colombianos una educación científica, democrática y al servicio del desarrollo nacional.

El estricto cumplimiento de estos protocolos implica una sobre carga laboral de los Docentes, Directivos Docentes y Docentes Orientadores de acuerdo al cargo se verán obligados a la elaboración de material didáctico con materiales de su entorno inmediato; al seguimiento personalizado de cada uno de los estudiantes; a la atención integral de todas las problemáticas de las familias y estudiantes del colegio así como las situaciones de riesgo se presenten dentro de la institución; además de la prestación de servicios complementarios al interior del establecimiento educativo.

El modelo de evaluación fraguado entre el MEN y Comisión Nacional del Servicio Civil responde a una política educativa diseñada para cumplir las metas de eficiencia y eficacia fiscal, por ende, el objetivo principal de este modelo de evaluación es afinar el mecanismo mediante el cual el gobierno nacional podrá desvincular de la carrera docente a un número indeterminado de maestros, aplicando una escala de valoración cuantitativa de tres rangos y no de uno (1) a cien (100).

También es un instrumento de control ideológico, su carácter autoritario pone en evidencia el menosprecio del gobierno nacional a la capacidad de los maestros y la comunidad educativa de dirigir los establecimientos educativos, en el marco de la autonomía, con base en sus conocimientos y experiencia. Por el contrario, es el Ministerio de Educación quien define el contenido y la forma de educar a los niños y jóvenes del país, homogenizando no para promover la equidad sino para excluir a todo aquello que no se ajuste a los estándares y violando flagrantemente la Ley General de Educación. Aspecto contradictorio con otras políticas educativas exitosas en el mundo, por ejemplo, en Finlandia los establecimientos educativos gozan de gran autonomía y la evaluación institucional es la más relevante.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional y CNSC son conscientes que todo proceso evaluativo es preformativo, por eso buscan con los protocolos de evaluación un magisterio dócil que ejecute sin resistencia toda la política educativa estatal, imponiendo un perfil de maestro desligado de lo más avanzado del conocimiento científico, pedagógico y cultural, resignado a cumplir un manual de funciones y de espaldas a la realidad política y económica en la cual se desarrolla la educación colombiana.

Por lo señalado anteriormente, los protocolos de evaluación son un gran atentado contra la profesión docente, hacen parte de las políticas laborales regresivas de los últimos gobiernos en consonancia con orientaciones tecnocráticas emanadas desde la OCDE para reducir el costo de la planta docente a través de la desvinculación por calificación insatisfactoria y el congelamiento del escalafón de los maestros del 1278. Ante tal panorama, debe convocarse la más grande resistencia y movilización del magisterio para la derogatoria inmediata de dichos protocolos, como en efecto ya lo ha solicitado enérgicamente el Comité Ejecutivo de FECODE.

TRIBUNA MAGISTERIAL NACIONAL.

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