LAS LUCHAS DE 2016  Y LAS QUE VIENEN EN 2017

LAS LUCHAS DE 2016 Y LAS QUE VIENEN EN 2017

 

Bogotá 21 de diciembre 2016, Tribuna Magisterial Nacional

El año 2016 se caracterizó por una gran ofensiva del gobierno santista con medidas –para poner un solo ejemplo- como la reforma tributaria, y una resistencia creciente de la mayoría de los colombianos. En el sector educativo dicha contradicción se presentó en lesivas medidas y repetidas movilizaciones y paros del magisterio. Pese a que desde el santismo se vende con abundante propaganda que correrán ríos de leche y miel, el panorama de 2017 será de mayor agresión y, necesariamente, de mayor oposición.

Todos los esfuerzos de Santos y sus ministras de educación estuvieron dirigidos en este año que está por terminar a avanzar en la adecuación del aparato educativo a los intereses y necesidades de las multinacionales y el capital financiero, aplicando al pie de la letra las órdenes de la OCDE,  acentuar la privatización, en establecer condiciones para deteriorar aún más la financiación, en privatizar, en golpear al magisterio colombiano en sentidos derechos y en entrabar cualquier atisbo de avance en el nuevo estatuto de la profesión docente. Nadie duda, dado el grado superlativo de abyección del gobierno frente al de Estados Unidos, que es el de las ideas en esa asociación contra Colombia, que tal política va a continuar el año entrante con mayores bríos.

El Gobierno expidió el decreto 501, en el cual, so pretexto de la Jornada Única, profundiza en la imposición dl abandono del conocimiento científico con las competencias por la vía del Índice Sintético de Calidad, erige las pruebas Saber en la medida absoluta de la calidad educativa, destroza la integralidad de la educación, convierte la meta de repitencia cero en un dogma dándole continuidad a la perversa promoción automática, viola flagrantemente la autonomía escolar, mantiene el hacinamiento en las aulas pese a que la tendencia es a que disminuya el número de estudiantes, se aumenta en la práctica la permanencia de los maestros, se introducen los maestros por contratos -por ejemplo, en Bogotá-, se aumenta la asignación académica pésimamente remunerada con horas extras, se chantajea a las comunidades educativas con promesas de infraestructura y alimentación para que acepten la Jornada Única sin que se cumplan ni se puedan  cumplir las condiciones por los recortes al presupuesto de educación. Con el Decreto 490 se establece un nuevo tipo de maestro, el docente líder de apoyo, sin libertad de cátedra, restringido en el ejercicio de la autonomía educativa y con una lista interminable de funciones, se establecen arbitrarias causales de terminación de los nombramientos provisionales y se establece un manual de funciones docente que es un gigantesco archivo de disposiciones contra la educación y los educadores. El decreto 915 establece un perfil de maestro que responda a la más que cuestionable política educativa santista y le arrebata a los maestros con derechos de carrera el mantenimiento del nivel salarial cuando ascienden por medio de presentar sus títulos en el proceso del concurso. En su conjunto dichas normas atacan los derechos de los educadores, la autonomía o escolar y el carácter científico de la educación. Son, a la vez, una monstruosa contrarreforma educativa y laboral.

El proyecto de ley sobre subsidios presentado por el Gobierno el pasado 17 de noviembre está diseñado para darle una base legal y política a una radical disminución de los recursos estatales en educación, salud, servicios públicos domiciliarios y pensiones, esto último en la órbita de lo mandado por la OCDE, de reducir las pensiones al salario mínimo y de ahí para abajo.

Santos con el subterfugio de que en el senado, donde manda oronda su Unidad Nacional, no ha elegido la comisión para la tripartita, ha impedido su funcionamiento y con ello la discusión del nuevo estatuto. Ha permitido la postración de los servicios de salud y ha entorpecido y dilatado el proceso de la nueva contratación, donde se ha definido abandonar el derecho público por el privado. Ha puesto todas las trabas posibles al ascenso de los maestros regidos por el decreto 1278, propósito en el cual fracasó como lo demuestra el que el 72% de los que se presentaron pasó, más los que lo harán con los cursos. El Ministerio de Educación promulgó la resolución 22453 que convoca la segunda cohorte de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativo prescindiendo de la comisión de implementación para cambiar aspectos acordados en el proceso, maniobra que ha sido una constante.

Frente a esa arremetida el magisterio se ha movilizado reiteradamente para defender los principios fundamentales de su quehacer gremial y político: la defensa de la soberanía nacional, de la educación pública y, por tanto, el rechazo a las diversas formas en que se encarna y reencarna la privatización –colegios en concesión, ser pilo paga, entre otros-, el carácter nacional de la educación, es decir, al servicio del desarrollo de Colombia, razón por lo cual debe ofrecer lo más avanzado de la ciencia a los estudiantes y el rechazo vertical a la destrucción de la autonomía escolar. Y la defensa de los derechos del magisterio, entre ellos los acordados en mayo de 2015, los cuales el gobierno ha querido -y quiere- convertir en un papel mojado y la meta estratégica de un estatuto que recoja a todos los maestros en superiores condiciones de estabilidad, ascensos, régimen disciplinario y demás aspectos laborales. Todo ello en el marco general de la lucha de trabajadores, agricultores, pensionados, estudiantes y empresarios nacionales contra la política social y económica de Santos.

En febrero del año que viene deben los sindicatos estatales presentar pliego de peticiones, dentro de las cuales estará la negociación del aumento salarial. FECODE también, al cumplirse dos años del pliego de 2015, debe presentar sus peticiones. Sin lugar a dudas la contradicción entre el gobierno y el magisterio colombiano girará en torno a los aspectos arriba mencionados.

Con claridad en la oposición a la políticas económicas, sociales y educativas del gobierno Santos, en la defensa de la unidad de FECODE y sus sindicatos filiales y en la decisión de salir a las calles el magisterio podrá enfrentar junto a la comunidad educativa la arremetida santista.

 

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