La política de Santos contra la Educación pública ataca la autonomía, la ciencia y el desarrollo de Colombia.

FRENTE DE EDUCADORES TRIBUNA MAGISTERIAL

La andanada de decretos, resoluciones y programas impuestos desde el Gobierno Santos tiene por propósito manifiesto, aunque no reconocido oficialmente, el de dar otro paso adelante en la política de adecuar la educación colombiana a los intereses de los Estados Unidos, expresados en forma de recomendaciones de riguroso cumplimiento que expide la OCDE.

La insistencia de someter los objetivos y metas de la educación a las necesidades de las multinacionales y a la perpetuación y profundización de la informalidad laboral, a la par que se proscribe el conocimiento científico y se destruye la educación técnica y la preescolar, es la prueba reina de la inconfesada política estatal. Para adelantar en ello requieren arrasar con lo que se les opone: la autonomía escolar establecida en la Ley General de Educación, la educación pública como palanca de soberanía, desarrollo y democracia, los derechos de los maestros y la fuerza de la organización sindical expresada en FECODE.

No es nuevo ese libreto, desde comienzos del siglo XX el creciente dominio del imperialismo norteamericano, que hoy llega a niveles asfixiantes, viene modelando el aparato educativo en sucesivas reformas. La Ley General de  Educación rompió esa tendencia al conquistar la autonomía. No se había secado la tinta de la ley cuando el gobierno se comprometió en una cruzada para acabar con sus avances. La imposición del Acto Legislativo 01, la ley 715, el Decreto 1278 y demás normas reglamentarias, pese a la firme resistencia del paro de 2001, le permitieron a Pastrana y a Santos, su ministro de Hacienda, entrar a saco en la educación colombiana: reducir los recursos, montar un regresivo estatuto docente, avanzar en la privatización, arremeter contra la autonomía escolar, imponer los estándares y competencias y golpear la organización sindical.

A despecho de la incesante propaganda del gobierno sobre la democracia su actuación va en contra de ella al perseguir la autonomía. Ahora bien, detengámonos en este concepto, ¿es posible aceptar que se le arrebate a la sociedad el rol de educador, que es lo que establece la autonomía con la participación con voz y voto en el gobierno escolar de maestros, directivos docentes, padres de familia y estudiantes? ¿Puede ser el educador del pueblo el gobierno que abiertamente reniega de la necesidad de una educación del más alto nivel científico, que se opone a la democracia en la escuela, que recorta las transferencias para la educación pública, que abiertamente convierte la educación en una mercancía, que persigue con saña a los maestros y que reduce los recursos para investigación a cifras tan ridículas que harían sonrojar a cualquiera que no fuera un Juanmanuel?

La autonomía no es un capricho de los maestros para hacer de cada colegio una torre de marfil sino el mecanismo por medio del cual la sociedad colombiana, organizada en cada establecimiento educativo en el gobierno escolar, diseña y desarrolla una educación al servicio de los intereses nacionales.

El decreto 490 es un clásico ejemplo de las imposiciones santistas. Le define a los docentes líderes de apoyo, entre sus funciones, el fortalecimiento de competencias matemáticas, comunicativas y científicas. Es decir, desde la tipificación de su empleo los maestros están despojados de su libertad de cátedra y, como parte de la institución educativa, negados en la autonomía escolar, para que las competencias, muy cuestionadas por cierto, reinen omnímodas con su corte de los saber ser, hacer docencia, aprender y convivir, todo ello muy del gusto de los que le quieren negar a los colombianos el conocimiento de la más avanzado del conocimiento.En el parágrafo 1 del artículo 2.4.6.3.3. se le dan facultades al MEN para establecer el manual de funciones, requisitos y competencias, cosa que hizo por medio de la resolución 09317 de 6 de mayo, la cual en sus antecedente señala a las claras que es para «armonizar los cargos … con el sistema de competencias laborales en Colombia». El manual es un atentado contra los derechos laborales del magisterio y otro medio de destrucción de la autonomía y de la entronización de la educación por competencias.

So pretexto de la implantación de la Jornada Única también se arremete contra la autonomía con el decreto 501 imponiendo a rajatabla como parámetros las pruebas saber y el índice sintético de calidad con el que se ‘mide’ la educación con las competencias matemáticas y del lenguaje, llevándose por delante, además, la integralidad.

Los consejos académicos y directivos han sido reducidos a notarios de las decisiones tomadas en el MEN. Y a la par que se centralizan las decisiones se le endosan a municipios y departamentos más responsabilidades financieras que, al final, las pagan los ciudadanos con más impuestos, como sucede con la alimentación escolar.

Los maestros colombianos debemos defender la autonomía, no permitir que nos despojen de la facultad de hacer el currículo, el plan de estudios, el PEI y el manual de convivencia, que las decisiones se tomen en el gobierno escolar de manera democrática, rechazar la invasión de expertos y funcionarios del gobierno que con el cuento de asesorar se convierten en ilegales jefes de los colegios. Oponernos a los decretos 490, 501 y 915 y al manual de funciones docentes. En síntesis, oponernos a la destrucción de la educación pública, científica, democrática y al servicio de Colombia.

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