LA CAÓTICA SITUACIÓN EDUCATIVA  QUE DEJA SANTOS

LA CAÓTICA SITUACIÓN EDUCATIVA QUE DEJA SANTOS

Tribuna Magisterial Nacional,  Bogotá D.C., 05 de junio 2018.

En las postrimerías de las dos administraciones de Juan Manuel Santos es imprescindible realizar un balance de este nefasto período, fiel continuación del de Uribe, y en el cual se ha desarrollado con fervoroso servilismo la política de los Estados Unidos impuesta por medio del Banco Mundial, el FMI, el BID y la OCDE.

Frente al ingreso de Colombia a la OCDE hay que señalar que esto significará cumplir con lesivas imposiciones en todos los terrenos, incluida la educación colombiana que van en contra vía de lo establecido en la ley general de educación, por ejemplo la imposición de un marco nacional curricular, condicionar la financiación de la educación a los resultados de las pruebas internacionales, nacionales e institucionales y flexibilizar más la carrera docente, todo lo anterior en detrimento de la libertad de cátedra, la autonomía escolar, el gobierno escolar y la aspiración de un estatuto único que dignifique la profesión docente. Y, para que la entrega sea completa, convierten a Colombia en asociada de la OTAN, para que nuestros jóvenes sean carne de cañón de las guerras que Estados Unidos desata en todo el mundo.

En el periodo Pastrana-Uribe-Santos se desfinanció la educación con sevicia, premeditación y ventaja desde el Acto Legislativo 01, pasando por el 04 y hasta la fórmula aplicada desde 2017, que llevó esta última a una disminución en términos reales del 3,5% del SGP. Incumple el acuerdo alcanzado por el gran paro del año pasado negándose a presentar al congreso una reforma constitucional que permita superar las cinco brechas y, por el contrario, sume a la educación en un cuantioso déficit e impone medidas de ajuste como el congelamiento del escalafón, el uso de recursos del FONPET y la reducción de las partidas de gratuidad, entre otras. Y todo ello para transferir los recursos quitados a educación, salud y agua potable  al capital financiero y las multinacionales que gozan de escandalosas exenciones y prebendas de todo tipo.

Viola Santos sin recato la autonomía escolar en cada uno de los programas que impulsa, utiliza la Jornada única, las pruebas Saber, el Índice Sintético de Calidad, la evaluación de desempeño, el manual de funciones y el concurso de ingreso para establecer un currículo único y obligatorio abiertamente contra la ciencia, profundamente antidemocrático y deliberadamente diseñado contra el desarrollo nacional.

En la cobertura, sobre lo que tanta demagogia se hace, reconoce el Ministerio de Educación en la respuesta a un derecho de petición que le hiciéramos con el compañero Luis Alberto Mendoza, también miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, que entre 2014 y 2017 se redujo la matrícula en instituciones educativas públicas en 198.589 niños y la educación privada aumentó en 3.049 niños. La caída en la matricula oficial es incompatible con la necesidad de lograr el acceso de millones de niños y jóvenes que en todos los niveles, pero sobretodo en los tres grados de preescolar y en la media están excluidos del derecho a educarse.

A la pregunta de cuantas instituciones educativas oficiales hay responde el MEN   que en 2014 se contaba con 12.051 y en 2017, 9.881. La disminución de 2.170 colegios en un período de cuatro años es brutal ¿Qué ha sucedido? ¿Se han cerrado? ¿Se han fusionado? Cualquiera sea la explicación el panorama es el de una disminución drástica de instituciones, lo cual de por sí es negativo, a la vez que una baja de los estudiantes matriculados.

Frente a las condiciones de infraestructura escolar los datos que el gobierno nacional presenta en el Documento CONPES 3831 son aterradores. En este documento el gobierno acepta que “la infraestructura actual no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio público de educación”, también señala que el 25.5% sedes educativas deben ser reubicadas por estar en riesgo de inundación y que el 44.6% porque están en zonas de deslizamientos.

Veamos la Jornada única. En 2015 estaban en el programa 490 planteles, en 2016, 1.109 y en 2017, 1.707 ¿Se han respetados las condiciones pertinentes? ¿Se han dado las inversiones? En 2014 la inversión en construcción y/o mejoramiento de infraestructura fue de 152 mil millones, de los cuales puso la Nación 136 mil millones. De 2015  a marzo de 2018 la inversión es de un billón quinientos ochenta y un mil millones. Inversión que según el Ministerio beneficia a 485.130 estudiantes, cifra muy por debajo de  los más de 750.000 niños y jóvenes que están en Jornada Única. A corte de marzo de este año el Gobierno ha intervenido -la mayoría remodeladas y no nuevas-, según sus datos, 7.767 aulas de las 32.000 que se comprometió a construir. Las pocas aulas nuevas están diseñadas para 40 alumnos en la dirección de aumentar las relaciones técnicas, lo que es de sobra sabido perjudica la calidad de la educación. Si en infraestructura de Jornada Única, que está priorizada, se raja el Gobierno ni se diga en el resto de instituciones que están en precarias condiciones y a las que se les niega el mantenimiento y nuevas construcciones con el argumento de que deben estar en dicho programa.

Afirma el MEN que “los  beneficiarios del PAE reportados por las ETC y sus rectores en el SIMAT con corte a diciembre de 2017, arrojan una cifra preliminar de 4.213.418”. Al contrastar esa afirmación con los 7.334.563 reportados el año pasado se encuentra que estuvieron sin alimentación 3.121.315 estudiantes. Si a ello se agregan las constantes interrupciones y la corrupción desenfrenada que devora hasta el plato donde se debían servir los escasos alimentos, nos encontramos con una constante y premeditada negación de la alimentación escolar.

En este dantesco cuadro de abandono y hambre el ataque gubernamental a la gratuidad escolar, ordenada por la corte para evitar que el pago de derechos académicos se convierta en una barrera al acceso, encaja como una pieza del rompecabezas. Disminuir en términos reales en 21% los de por sí escasos recursos con que funcionan las instituciones educativas públicas significa asfixiarlas y recargar en padres de familia, estudiantes y profesores los gastos que la Corte Constitucional puso en cabeza del gobierno.

En 2017 había 68 colegios en concesión  con 101.614 estudiantes. De eso colegios  25 en Bogotá con 39.839 alumnos. El último dato que tenemos sobre la totalidad de la contratación con el sector privado es de 2014 y arroja un resultado de 956.087. Se evidencia como la política de privatización está vigente contra la educación pública y como una manera de reducir costos y desentenderse de obligaciones.

A noviembre de 2017 de los 330.744 docentes públicos estaban vinculados como maestros provisionales en plaza vacante definitiva 46.340,  provisionales en vacancia temporal 12.215 y en planta temporal 3.766. La primera conclusión es que uno de cada seis maestros no tiene derechos de carrera. Ello es fruto, en general, de una política de dificultar el paso del concurso de ingreso con unos exámenes escritos subjetivos y enrevesados para negarle a una parte creciente del gremio elementales derechos. De hecho, de los 174.588 maestros que aparecen relacionados como pagados con lo establecido en el 1278,  59.946 están en provisionalidad o temporalidad, es decir uno de cada tres. Y en el remedo de Estatuto que establece el Decreto 804 para los etno educadores están 6.801 compañeros. Regidos por el Decreto 2277 hay 149.081 maestros. A ello hay que sumarle que los tres estatutos están congelados: 116.040 maestros en el grado 14 del 2277 sin ningún posibilidad de ascender. Incumpliendo el Gobierno de Santos el acuerdo de 2015 y el decreto 1657 de 2016 que establecen de manera taxativa que debe haber proceso de ascenso por lo menos una vez al año. Y lo de los etno educadores es una ignominia. En cuanto al personal administrativo la situación es aún más terrible por su insuficiente número, por el elevadísimo número de provisionales y por la aberrante tercerización.

Le corresponde al magisterio colombiano unitariamente y con ánimo de lucha propugnar por un gran frente por la financiación de la educación, por el cumplimiento de los acuerdos y porque sea la educación lo que debe ser, la palanca para el desarrollo de Colombia. A eso nos comprometemos.

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