La articulación, base del modelo educativo para pobres

La articulación, base del modelo educativo para pobres

María Antonieta Cano, Bogotá, octubre 20 de 2010

La bancada santista acaba de presentar en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley 054 por medio del cual se pretende crear el Programa Nacional para el Fomento y Fortalecimiento de la articulación entre la Educación Media, la Técnica y la Superior. La propuesta profundiza la política de articulación que se gestó en el marco de la Revolución Educativa de Uribe expedida en la ley 1064 de 2006.

Esta política fue impuesta con el gastado argumento de disminuir la brecha que hay entre los estudiantes de educación media y los que acceden a la educación superior, la cual está cada vez más restringida debido a los altos costos en las universidades privadas, a la oferta insuficiente en las públicas y a la escasez de subsidios y de becas.

La articulación está dirigida principalmente a los estudiantes de los estratos uno, dos y tres, que son quienes presentan mayores dificultades a la hora de continuar con el proceso de formación superior, y se fundamenta únicamente en las denominadas competencias laborales, desconociendo otras áreas de enseñanza como las artes, las humanidades, o las ciencias básicas, esenciales para una educación integral.

Para tal efecto se establecen convenios con programas de capacitación del SENA o con los centros de educación no formal privados, denominados por la ley 1064 de 2006, de forma eufemística, como “centros para el trabajo y de desarrollo humano”. El SENA, por su parte, la principal institución con la que los colegios han pretendido articularse, tiene una capacidad limitada, tanto en áreas como en recursos, y la tasa de continuidad en cadena de formación no corresponde a las expectativas planteadas ya que no supera el 40% y da al traste con las publicitadas pretensiones que se planteaban inicialmente.

La educación técnica y tecnológica es una de tantas alternativas válidas que hay en la formación de los estudiantes que cursan los grados décimo y once, siempre y cuando ésta cuente con personal docente cualificado en las áreas de enseñanza, dotación, laboratorios, equipos, talleres, centros de documentación y demás recursos necesarios para una formación de calidad.

Las limitaciones que se presentan con el SENA han llevado a que las instituciones educativas deban firmar convenios con los “centros de garaje”. Estos son entidades pequeñas, con bajas tasas de inversión en infraestructura y demás elementos básicos para una formación calificada, con espíritu de ganancia donde la enseñanza juega una función secundaria.

La situación de precariedad descrita, causada por la articulación, contrasta totalmente con la educación de élite que reciben los sectores sociales con mayores ingresos. Este modelo, incubado por Uribe y ahondado por Santos, reproduce en el área educativa la desigualdad que se expresa en todos los campos de la sociedad colombiana y, al contrario de la propaganda oficial, antes de cerrar la brecha la agranda por generaciones. Es decir, educación pobre para pobres y educación de alto nivel para ricos.

¿Salones de clase o establos?

María Antonieta Cano, Bogotá, septiembre 22 de 2010

La Ministra de Educación actual, María Fernanda Campo, ha destacado como uno de los mayores logros del gobierno anterior el incremento de la cobertura, principalmente fruto de dos medidas: una, el aumento de la carga laboral a los docentes, que denominan “racionalización del servicio”, y, la otra, un mayor número de estudiantes por aula, generando una de las tasas de hacinamiento escolar más altas del planeta, lo que llaman “mejor utilización de la capacidad instalada”.

A escala mundial, la proporción de alumnos por maestro oscila entre 9 y 72. Los estudios de la Organización Internacional del Trabajo-OIT- indican que en países de Asia, África y América Latina dicha relación es tres veces mayor que en las naciones desarrolladas. En Colombia no hay parámetros oficiales que regulen el número de estudiantes por aula lo que ha permitido los absurdos niveles de aglomeración existentes.

De acuerdo con otro estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, “Panorama de la educación 2009”, la relación alumno-profesor disminuye en la medida en que el nivel de la educación aumenta. En naciones como Dinamarca, por ejemplo, el promedio de alumnos por docente es 10,6; en Hungría es 10,9; y en Italia es 11,3; para sólo mencionar algunos casos que alcanzan un nivel en la calidad de la educación por encima del promedio mundial.

Colombia está en la otra orilla, donde es común encontrar aulas con más de 50 estudiantes, cifra comparable a la de países como República Centroafricana, Chad, Congo, Mozambique y Senegal, en los que hay hasta 100 alumnos por aula y en los que es sabido el bajo nivel de la calidad.

La importancia de este indicador radica en que determina para el estudiante, la oportunidad de adquirir conocimientos, es decir, el acceso real que tiene a la enseñanza y, para el profesor, la garantía de hacer un efectivo seguimiento al proceso de aprendizaje de los educandos y a la interacción en el salón de clases.

El gobierno de Santos insiste en aumentar la cobertura por la vía del hacinamiento; en otras palabras, continuar convirtiendo en establos las instituciones educativas oficiales. Según dice la ministra, falta por vincular un millón de estudiantes más al aparato educativo nacional; en consecuencia se debe exigir del gobierno que se tomen todas las medidas para que ese aumento de la cobertura no se haga en detrimento de la calidad de la que tanto dice preocuparse. Amanecerá y veremos.

La maquila educativa expulsará 27 mil docentes de la nómina nacional

María Antonieta Cano, Bogotá, septiembre 7 de 2010

Con el recorte a las transferencias que en 2001 impulsó el hoy presidente Juan Manuel Santos y con la expedición de los decretos 1850 del 13 de agosto de 2002 y 3020 de diciembre del mismo año, que reglamentaron la jornada laboral y la asignación académica, se redujo la nómina de 330 mil profesores en el año 2000, a 300 mil docentes ahora.

Adicionalmente contribuyeron a dicha disminución la fusión de escuelas y colegios y el plan de racionalización que condujo a la Supresión y redistribución de plazas y empleos de las plantas de personal y a la disminución de la tasa de asignación de personal docente por alumno.

La pauperización laboral se acentuó con la entrega del aparato educativo al sector privado. Bajo los esquemas de colegios por concesión, que entrega para su administración a particulares colegios construidos y dotados por el gobierno local, o con el banco de oferentes, que corresponde a la prestación del servicio público educativo en colegios privados. Con estas modalidades los particulares reciben una financiación estatal de 1’357.508 pesos en promedio por estudiante sin que eso se traduzca en condiciones laborales dignas. Al contrario, la contratación laboral es flexible, al margen de los estatutos docentes, a término fijo y máximo por 10 meses, con negación de las convenciones colectivas de docentes y con salarios inferiores a los del Sistema General de Participaciones

El recorte de la planta de personal se ahonda actualmente al decidir aumentar la asignación académica de 22 horas semanales a 24 periodos de horas-tiza, así se está disminuyendo el número de docentes que se requieren por institución.

Esta arbitraria decisión tiene dos secuelas: una, que no se tiene en cuenta el descanso de 30 minutos como una actividad pedagógica y, dos, que se viola el decreto 3020 que prescribe que de las 30 horas de jornada laboral a la semana, solo se den hasta 22 de trabajo en el aula para cumplir con los parámetros de profesres por número de estudiantes establecidos por la Ley.

Con esta precarización de la labor magisterial, por cada 11 docentes que asuman 24 períodos semanales, se está reemplazando a un docente. De tal forma que al aplicar esa regla ilegal a los 300 mil profesores, decrecerá automáticamente la planta en 27 mil plazas más. De llegar a ponerse en práctica esta medida a escala nacional, en poco tiempo la nómina de todo el país se reducirá a solo 273 mil plazas.

El aumento de la carga laboral y la disminución de la planta de personal consuman la implantación de la maquila educativa en Colombia. Fecode y los sindicatos de educadores regionales deben convocar a los docentes a la movilización para exigirle al gobierno de Santos y a su ministra María Fernanda Campo, condiciones laborales dignas para los docentes colombianos, como parte de la lucha contra la degradación de la labor magisterial y la defensa de una auténtica educación de calidad.