FECODE CONTINUA LA LUCHA EN SUS SESENTA AÑOS

FECODE CONTINUA LA LUCHA EN SUS SESENTA AÑOS

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2019, Tribuna Magisterial Nacional

Es tan grave el ataque en el Plan Nacional de Desarrollo- PND de Duque y su partido contra la educación pública y los educadores, tan aberrantes las trampas contra los maestros para impedir que asciendan, que la lucha es la única salida.

Mientras en la mesa de negociaciones no se ha podido avanzar del primer punto del pliego de peticiones, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones Territoriales -SGPT, por la actitud intransigente del Gobierno de imponer una comisión compuesta exclusivamente por Ministerios, excluyendo a FECODE, las agremiaciones de alcaldes, gobernadores y demás sectores, porque quiere imponer un empeoramiento de la educación y de los derechos de los educadores. En resumen, mientras no se avanza un paso en la negociación sindical como por arte de magia aparece un párrafo en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo que receta para la Reforma mayor eficiencia y establecer mecanismos de asignación de recursos cuya prioridad sea mejorar la calidad, todos ellos conceptos neoliberales para justificar la privatización, la desfinanciación y la negación de los derechos de estudiantes y profesores, cosa  que, por supuesto, rechazamos

Duque, a punta de mermelada hizo aprobar el PND en las comisiones de cámara y senado, en tanto el Centro Democrático arrecia en su ataque contra los maestros y la educación. Uribe amenaza con la privatización y Paloma Valencia radica una propuesta que busca despedir  maestros de los dos estatutos al evaluarlos por medio de las pruebas Saber de los estudiantes, que no miden la situación de los estudiantes ni les sirven de nada a los colegios..

En el artículo 4to. el valor estimado del  SGPT no resuelve ninguno de los problemas de la financiación. Se proyecta la asfixia económica y el despido de maestros para que se reduzca el costo de la nómina. El artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo despoja a los maestros del derecho a recibir una indemnización por la mora en el pago de las cesantías  y en su lugar las convierte en Títulos de Deuda Pública-TES para cobrar a los 7 o 10 años con intereses bajísimos, montándole un gran negocio al capital financiero que se aprovechará de la necesidad económica de los educadores.

El artículo 58 establece que no podrá reconocerse simultáneamente las pensiones de invalidez y de vejez.

El artículo 109 reglamenta el fondo de financiamiento de infraestructura como un vehículo de la privatización por medio de las Asociaciones Público Privadas-APP, en donde los empresarios construyen la infraestructura educativa con dineros públicos del MEN y también administran la educación.

El artículo 120 trata sobre la financiación de obligaciones pensionales con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales-FONPET.

El artículo 182 es muy grave porqué le da facultades extraordinarias al Presidente de la Republica para modificar la estrategia de monitoreo, seguimiento y control a los recursos del SGPT, lo que llevará a mayores dificultades financieras de las Entidades Territoriales-ET.

El artículo 205 armoniza el Plan Nacional Decenal de Educación con el perverso PND.

El artículo 206 crea una comisión gubernamental para la revisión del SGPT, excluyendo a FECODE y a los demás sectores, de tal manera que sin ser muy maliciosos lo que busca el Gobierno es efectuar una modificación contra la inversión social, la educación pública y los educadores.

El artículo 272 habla de la eficiencia en la administración de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, pero en realidad recarga en las entidades territoriales responsabilidades económicas y afecta los derechos de los educadores, puesto que despoja de esas obligaciones a la Nación.

El 274 crea la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar, que como tantos otros aparatos del estado no resolverá el problema de ineficiencia, corrupción, falta de cobertura y calidad de la Alimentación Escolar.

El artículo 2do del PND incorpora a esa ley como parte integral las bases del Plan, y con ello desaparece el preescolar de tres grados, remarca en todo el texto de la educación el término de “calidad”, y no es más que una pretenciosa palabra que oculta la dictadura de las desacreditadas pruebas PISA y SABER, que no miden los conocimientos científicos y académicos, reducen a las niñas y niños al neoliberal e indignante concepto de “capital humano”. Despojan al docente de su condición de maestro para reducirlo a una peligrosa denominación de “Agente de cambio y líder de calidad”, que no es otra cosa que un promotor de las competencias. A las Normales Superiores les quita su autonomía para convertirlas en centros de enseñanza de competencias, bajo la tutoría del Programa Todos a Aprender-PTA, al que han convertido en herramienta para controlarlo todo. Los “incentivos” se reducen a la promesa de unas becas que no lo son. Impone un nuevo Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE, que es una nueva y más agresiva evaluación, convierte en ley la no universalización de la Jornada Única, establece como meta para el 2022 un mediocre 24% sin cumplimiento de los requisitos y el enfoque de la Educación Inicial es delegarla en las familias. El nuevo Plan Alimentación Escolar-PAE es una viva contradicción: ampliar su cobertura con criterios técnicos de focalización, como quién dice sí pero no. Se faculta a las Secretarías de Educación para la implementación de modelos de educación flexible en las zonas rurales, o sea, amplios poderes para reducir aún más la calidad y la cobertura. Por supuesto, todo esto va de la mano con la privatización de las APP y demás normas. Se le impone a la Instituciones Educativas más y más obligaciones, pero no se dice una palabra sobre darles las condiciones materiales, de planta de personal y de autonomía para que desarrollen sus Proyectos Educativos Institucionales-PEI.

Le asigna a los rectores y directivos docentes unas funciones administrativas de liderazgo con alcances imprevisibles; la educación media se replanteará con intervenciones a los currículos, configurados por la academia, el sector productivo, los centros de investigación, fundaciones empresariales y los mismos colegios, entre otros, los cuales definirán contenidos, ambientes de aprendizaje y experiencias. Como se puede observar se desfigura por completo el objetivo de la educación, se burla la autonomía escolar y la libertad de cátedra.

En cuanto a ascensos y reubicación, el Gobierno Nacional violó los acuerdos de los principios de la Evaluación con Carácter Diagnostica Formativa-ECDF, los Criterios, los Componentes, los Aspectos a Evaluar, los Manuales de Grabación, las Revistas Rúbricas para cada cargo docente, las características y funciones de los pares evaluadores; además, el gobierno se comprometió a dar una ponderación del 25% a cada criterio y realizar la formación de los Pares Evaluadores conforme a lo pactado; pero en el desarrollo del proceso de la primera y segunda cohorte se evidenció que no estaba cumpliendo y que impuso un modelo en el cual dichos Pares Evaluadores se limitaron a ser codificadores de unos ítems lejanos a lo señalado en las resoluciones de convocatoria de la ECDF de las mencionadas cohortes y lo plasmado en las Revistas Rúbricas.

Redactaron de forma secreta y en contravía a lo pactado, el manual pauta de observación-pares evaluadores, cambiando los 4 niveles por solo valorar un “si/no” y evaluaron la presencia de 72 ítems de los cuales: a contexto le asignaron 5%, reflexión 14%, praxis 24% y ambiente de aula 29%, lo que indica que se incumplió con la ponderación de cada criterio de 25%. El MEN y el ICFES reconocieron que hay 73 profesores entre 80.0049507% y 80.0001016%, los cuales por supuesto son superiores a 80% y sin embargo no fueron ascendidos o reubicados. A ello se suman, las peticiones del pliego que exigen derechos como el de la salud y la vida, así como el cumplimiento de las normas de salud en el trabajo.

FECODE cumple 60 años en los cuales ha dado gloriosas batallas por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio, hoy está llamada nuevamente a luchar con ahínco contra un gobierno reaccionario que busca privatizar la educación y arrebatarles sus derechos a los educadores.

TRIBUNA MAGISTERIAL NACIONAL
Luisa Fernanda Ospina, Diogenes Orjuela, Timoteo Romero, Victoria Avendaño, Luis Alberto Mendoza, Elias Fonseca, Victoria Avendaño y Medardo Hernandez