Tribuna Magisterial, Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2018.

Así como en la educación pública superior, la contradicción más urgente y decisiva es la financiación en la educación preescolar, básica y media. De hecho se ha llegado a un inmenso número de niños de tres, cuatro y cinco años sin acceso a prejardín, jardín y transición, lo mismo que en los grados décimo y undécimo, principalmente, aunque también en todos los grados. La alimentación y el transporte, la dotación de los colegios, los salarios y ascensos, el personal administrativo están en crisis. La jornada única se adelanta sin cumplir las condiciones establecidas (infraestructura, servicios públicos, almuerzo, docentes) en la norma para lo cual se viola descaradamente la autonomía escolar. Se han cerrado miles de escuelas rurales, se han fusionado miles de colegios y grupos escolares, partiendo de la absurda teoría de que entre más grandes son los colegios y más numerosos los estudiantes por aula mejor es la educación, lo cual va en contra vía con la realidad, esas relaciones mal llamadas técnicas niegan, además, una adecuada orientación escolar, el suficiente número de coordinadores y reduce a una famélica nómina temporal el apoyo pedagógico para la atención de los niños con discapacidad. La infraestructura está en condiciones deplorables, desueta, mucha de ella construida en zonas de alto riesgo, donde corre peligro la vida de los estudiantes como acaba de suceder trágicamente en el Quindío.

En el acuerdo de junio del año pasado el Gobierno aceptó la existencia de las cinco brechas que señalamos arriba (acceso, canasta, jornada única, infraestructura y relaciones técnicas) y acordó con FECODE una reforma estructural del sistema general de participaciones que resolviera el problema de la financiación insuficiente de la educación. La comisión creada por el acuerdo funcionó con la participación de los Ministerios de Educación y Hacienda, Planeación Nacional, La Procuraduría, FECODE y las Asociaciones de gobernadores y alcaldes. Pese a no haberse concluido la discusión y sin haberse determinado cuántos recursos se necesitaban el Gobierno Santos tomó la decisión de presentarle al congreso una reforma legal, el proyecto 057.

El 057 no resolvía el problema, lo agravaba al mantener la fórmula establecida para liquidar el SGP, que ha llevado a que desde el año pasado los recursos ni siquiera alcancen para pagar la nómina. La imaginativa solución era tomar de manera permanente parte de los recursos de SGP del Fondo de Pensiones Territoriales para pagar salarios. De hecho se han prestado en el período 2017-2019 alrededor de dos billones de pesos del FONPET, pero ni siquiera gastarse la plata de las pensiones en salarios podía resolver el problema. Además se le colgó al proyecto una abundante fauna simiesca que constituía una monstruosa reforma laboral contra el magisterio.

El Gobierno Duque fue al Congreso a apoyar el proyecto. Los Gobierno de Santos y Duque estuvieron de acuerdo en el 057, en la desfinanciación, en la política educativa y laboral, en nada se diferenciaron por la sencilla razón de que sus decisiones y medidas son el copia y pegue de lo que dictan la OCDE, el BID y el Banco Mundial (agencias al servicio del imperialismo norteamericano). El rechazo vertical de FECODE, la masiva movilización del magisterio, el paro de las universidades públicas, los cientos de protestas, el creciente ambiente de inconformidad, el rápido deterioro de la imagen del presidente obligaron al Gobierno a retirar el proyecto. El magisterio obtuvo un significativo triunfo.

Gracias a la capacidad de lucha, a la disciplina y organización de los maestros colombianos no sólo se derrotó el 057, también el proyecto de ley 14 fue retirado, se expidieron las resoluciones de la tercera cohorte de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativo, el decreto del curso de ascenso del 12% de los docentes de la segunda cohorte. Está por expedirse el Decreto de la bonificación pedagógica (sobre el cual tenemos diferencias) y se avanza en la tarea de que se deroguen los nuevos protocolos de la evaluación de desempeño por su carácter altamente lesivo para la estabilidad y la autonomía escolar. Se han reactivado las comisiones de alto nivel (financiación), Tripartita, Deudas, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Política Educativa (decretos y otras normas).

No sobra recalcar qué hay dos posiciones opuestas sobre financiación: la del magisterio, gobernadores y alcaldes de aumentar significativamente los recursos por medio de una reforma constitucional que garantice que en un horizonte de diez años se colmen las cinco brechas y la del Gobierno y las agencias internacionales de una reforma a la ley 715 con lo cual la tendencia continuaría siendo la reducción de la financiación que ahondaría los males que sufre la educación.

Lo dijeron los representantes del BID en una sesión de la comisión de alto nivel del año pasado al expresar que ante la caída de la tasa de natalidad y de la matrícula la genial solución es recortar la planta de personal docente, es decir, despedir masivamente maestros. Empeorar el hacinamiento, cerrar escuelas, fusionar grupos, hacer un rey de burlas la atención a los niños con discapacidad, negar el aumento de plazas para orientación y coordinación, política encaminada a ahorrar sacrificando a la educación y a los educadores. Y aún con eso no habría como resolver las cinco brechas.

Terminamos el 2018 luchando, comenzaremos el 2019 en la misma actitud, presentaremos el pliego de peticiones, unidos con nuestra querida central, la CUT, defenderemos los derechos de los estatales, incluido el aumento salarial. Y en todo ello tenemos como hilo conductor el propósito fundamental: la reforma constitucional del SGP.

TRIBUNA MAGISTERIAL
Victoria Avendaño,
Elías Fonseca,
Diogenes Orjuela,
Luis Alberto Mendoza,
Francisco Torres,
Timoteo Romero,

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