ENSEÑANZAS DE LA LUCHA POR EL ESTATUTO DOCENTE 2277 DE 1979

ENSEÑANZAS DE LA LUCHA POR EL ESTATUTO DOCENTE 2277 DE 1979

Bogotá D.C., 02 de marzo de 2020 , Francisco Torres M.

En la lista de los hitos de la lucha del magisterio colombiano se inscribe con nitidez la conquista del estatuto docente establecido en el Decreto Ley 2277 de 1979. Su importancia está a la par con la creación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en la ley 91 de 1989 y la financiación creciente alcanzada en la ley 60 de 1993. La Ley General de Educación, con la autonomía escolar, es la cumbre de esas victorias. Caso aparte es la nacionalización de la educación establecida en la ley 43 de 1975, que no fue fruto de un acuerdo del magisterio con el Gobierno, por el contrario,  se le calificó de “falsa nacionalización de la enseñanza”.[1]

Cuarenta años después de la expedición del 2277 y a los diecisiete años de la derrota de 2001, como consecuencia de la cual se impusieron el Acto Legislativo 01, la ley 715 y el estatuto 1278, reduciendo los recursos hasta el punto de perder la educación más de cien billones en lo que va corrido, sometieron a los nuevos maestros a la inestabilidad y a bajos salarios, es imprescindible hacer un análisis de las condiciones que permitieron alcanzar el acuerdo del estatuto 2277. Ello implica poner la prolongada batalla que dio FECODE en el contexto nacional e internacional, estudiar las condiciones organizativas e ideológicas, la fluctuación de la correlación de fuerzas y la dirección que le diera el Comité Ejecutivo.

La lucha del magisterio colombiano, que asume una fuerza notable a partir de la sexta década del siglo XX, se da en el marco de la dominación del imperialismo norteamericano sobre Colombia, que comenzó con el robo de Panamá en 1903, variando de táctica cuatro veces en lo corrido del siglo, pero no su estrategia.[2]

El imperialismo necesita exportar los capitales que tiene en exceso, en forma de deuda pública o privada y de inversión directa y para ello requiere de una modernización limitada que no ponga en riesgo su dominio neocolonial. Entre las medidas modernizantes estaba la formación de mano de obra con algún grado de calificación.

La educación pública de las primeras décadas del siglo XX no estaba en condiciones de formar esa mano de obra: tenía una muy baja cobertura y calidad, había pocos maestros, su formación era insuficiente, en el mejor de los casos normalistas o unos pocos egresados de las facultades de educación (Instituto Pedagógico Nacional Femenino, la Facultad de Educación de Tunja, la de Bogotá) y estaban sometidos a bajos salarios, golpeados por la legendaria impuntualidad en el pago, la dependencia de departamentos y municipios carcomidos por el atraso y la corrupción, la inestabilidad laboral, la inexistencia de un estatuto que profesionalizara y garantizara los ascensos, la precariedad de las prestaciones sociales, la privatización y el control asfixiante del Estado y la iglesia sobre la enseñanza.

“Lo que caracteriza el proceso político y económico en Colombia desde 1930 es la modernización del Estado, y de los servicios o infraestructura económica en todos sus aspectos. Esa modernización fue una exigencia de los organismos financieros norteamericanos desde la década del 20 y del Gobierno de los Estados Unidos como una garantía para el pago de la deuda externa y para la inversión directa e indirecta de capital en nuestro país”[3]

En 1934, en el marco de “La revolución en marcha”, el gobierno de Alfonso López Pumarejo expide la Ley 12 con la cual se reorganiza el Ministerio de Educación y se autoriza al gobierno para dictar las disposiciones conducentes a la formación del escalafón nacional del magisterio y al aprovechamiento preferente de sus servicios en el mismo. Y se establece que de 1936 en adelante, la Nación invertirá no menos del diez por ciento de su Presupuesto general en la educación pública, compromiso que en el artículo 11 se niega con el argumento de que si las circunstancias del Tesoro no permitieren hacer los gastos que esta Ley demanda, sus disposiciones se tendrán como simples autorizaciones al Gobierno, lo cual convierte a la norma en una burla.

Pese a esas limitaciones se compraron terrenos para construir la Ciudad Universitaria  con el fin de albergar la Universidad Nacional, se relajó un poco el control de la iglesia y se permitió el ingreso de mujeres a la universidad. La mencionada ley 12 facultó al gobierno para establecer Normales de maestras rurales donde lo estimara más conveniente, y para dotarlas y organizarlas administrativa y técnicamente.

El decreto 1602 de 1936 estableció una evaluación a los docentes sobre cuestionarios elaborados por el Ministerio de Educación. La calificación del examen era llevada a cabo por un jurado especial nombrado por el Ministerio, compuesto de diez miembros y que actuaba en la capital de la República. El examen fue rechazado por los maestros y hubo destituciones. “Se estableció un escalafón de cuatro categorías, que tuvo rechazo en el magisterio por contener una evaluación sobre conocimientos pedagógicos y específicos (…) En 1943 de los 13.290 maestros de escuela primaria existentes, más del 80% estaba clasificado en el escalafón”[4]  Entre 1945 y 1957 el número de maestros oficiales en Colombia pasó de 14.073 a 26.263” (2) op cit 1, p. 6 y 7.

La ley 43 de 1945 creó el Escalafón Nacional de Enseñanza Secundaria, para los profesores de bachillerato y de escuelas normales, industriales y de comercio. La ley 97 de 1945 estableció que las categorías del escalafón de maestros de enseñanza primaria estarían determinadas por los títulos o certificados de estudios de los posibles aspirantes a ingresar en la carrera del magisterio y los ascensos de una y otra categoría se regularía por los años de servicio. Las leyes 17 y 47 de 1945 reglamentan el derecho de ascenso cada cuatro años por tiempo de servicio en primaria. El Decreto 30 de1948 clasificó de acuerdo a los títulos y asignaturas a los maestros en cuatro categorías.

“Los decretos 30 de 1948 y 435 de 1952 reglamentaron el derecho de defensa y descargo, el Decreto 1135 de 1952 reconoció el tiempo doble para ascenso en el escalafón de normalista, el Decreto 1812 de 1953 estableció la educación gratuita para los hijos de los educadores y la Ley 224 de 1972 que otorga al cónyuge y a los hijos la pensión del docente muerto”[5].

Dichos escalafones, en el marco determinado por Estados Unidos de una modernización insuficiente y antidemocrática, no rompían con el atraso semifeudal que imperaba en el país. No reconocían una verdadera estabilidad laboral a los maestros. Es así como la ley 37 de 1935 establecía “nombrar y remover libremente a los maestros de escuela y a los Inspectores Provinciales de Instrucción Pública, en armonía con la organización y reglamentación que determine el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo del artículo 1º de esta Ley”. La ley 97 de 1945 avanzaba: “nadie podrá ser excluido del escalafón sino por incompetencia o mala conducta comprobadas”, pero el hecho de que se definiera la incompetencia como  “la falta  de  preparación intelectual,  de formación moral, de  consagración o la falta de métodos pedagógicos adecuados para la enseñanza y para el manejo de estudiantes” permitía juicios subjetivos moralistas, si bien se estableció que “las providencias que se dicten sobre este particular, serán revisables por la jurisdicción Contencioso Administrativa”.  Pero no sobra recordar, además de lo dicho, que había un número importante de maestros sin títulos y no escalafonados, que eran de libre nombramiento y remoción. Si bien había escalafón, el ascenso estipulado a los cuatro años podía prorrogarse dos años más y hasta el año 1945 era posible que en lugar de ascender se descendiera.

Los maestros continuaban sometidos al dominio del cura y del jefe político, a normas morales propias del feudalismo, se les exigía un apostolado, lo que en la práctica era la manera de sacralizar la negación de derechos, se les mantenía en una pobreza notoria y se les les negaba la libertad de cátedra, imponiéndolos planes de estudios que no satisfacían ni de lejos la necesidad de conocimientos científicos.

Las mujeres, que eran la mayoría del magisterio, sufrían las peores condiciones laborales. En un principio debían mantenerse solteras, casarse era sinónimo de destitución, no podían viajar en un carro sin la compañía del padre o un hermano, entre las 8:00 p.m, y las 6 a.m. debían estar recluidas en sus casas, no podían estar en las heladerías del centro de los pueblos. A esa opresión, digna de la colonia, las maestras respondieron con su decisiva participación en la lucha política y sindical y en la reivindicación de la igualdad, de una manera creciente. No en vano todas las batallas del magisterio han contado con las mujeres en la primera línea. Ninguna conquista hubiera sido posible sin la mujer jugando un papel de liderazgo.

Mientras Colombia se debatía entre el saqueo neocolonial, el atraso semifeudal y una modernización hecha a la medida de los intereses de Estados Unidos, ésta emergió de la Segunda Guerra Mundial como la potencia dominante, su PIB era la mitad del mundial, su ejército, la fuerza más poderosa, las instituciones como el FMI y el BID y la OEA fueron diseñadas para servir a sus propósitos, su moneda dominaba el mundo, impuso planes de ajuste y controló la banca, la industria y la minería. Pero poco tiempo después comenzó la guerra fría y no fue capaz de ganar la guerra de Corea. Se dio la ruptura entre el partido comunista chino y el soviético. En 1959 triunfa la revolución en Cuba, evento que se sentirá notablemente en toda América Latina. La década de los setenta es escenario de un escalamiento de las contradicciones entre las dos súper potencias. La guerra en Indochina  supondrá en 1974 una derrota sin precedentes para Estados Unidos y marcará el desarrollo de la guerra en otros escenarios como África donde la Unión Soviética interviene apoyándose en el ejército cubano y Estados Unidos por medio de Surafrica, Zaire y mercenarios. En 1978 triunfa la revolución sandinista en Nicaragua.

Colombia sufre en la posguerra la violencia. La división del partido liberal en las elecciones de 1946 entre los candidatos Jorge Eliecer Gaitán, que había descollado por su denuncia de la masacre de las bananeras y por sus posiciones democráticas y antiimperialistas, y Gabriel Turbay, al cual apoyó la oligarquía liberal y el partido comunista en un monumental error, le da paso a los conservadores con Mariano Ospina Pérez. El asesinato de Gaitán en Bogotá en 1948, cuando era el favorito para ganar las elecciones del 50 bajo la consigna de la lucha contra la oligarquía liberal conservadora, desata la parte más aguda de la violencia. En las elecciones de 1950 únicamente se presentó Laureano Gómez, el candidato del partido conservador. En 1953, al pretender éste regresar a la presidencia de una larga licencia, durante la cual la violencia oficial escaló a una intensidad terrible, fue derrocado por el General Gustavo Rojas Pinilla.

En la educación “a mediados del siglo XX el interés de los organismos internacionales estuvo centrado  en la adecuación del aparato educativo estatal. Se buscaba la masificación de la educación primaria y de los planes de alfabetización, lo mismo que la orientación de la educación vocacional hacia el Mercado del trabajo”[6].

En ese período la conformación de sindicatos, para no decir la realización de paros y movilizaciones, fue una tarea muy difícil, aunque algunos se pudieron formar y hubo paros en el Gobierno de Rojas, lo que demuestra la capacidad del magisterio. El Gobierno reprimió con saña a los estudiantes en las calles y desató una masacre en la plaza de toros de Bogotá. La represión iba dirigida a consolidar la perpetuación en el poder del Gobierno rojaspinillista, asunto que era contrario a los intereses de la oligarquía liberal-conservadora. Los partidos liberal y conservador pactaron el Frente Nacional para alternarse la presidencia y repartirse milimétricamente la burocracia y los contratos, excluyendo a cualquier otra formación política, so pretexto de acabar la violencia, lo que es rechazado por los sectores que habían dado la batalla en las calles contra Rojas.

La escisión del Partido Comunista ML del Partido Comunista, la fundación del MOEC, del Partido Revolucionario Socialista y la aparición de oeganizaciones alzadas en armas inspiradas en versiones esquemáticas de la revolución cubana provocan nuevas contradicciones. Como es de suponer la educación pública y el movimiento magisterial van a ser influenciados de diversas maneras.

El 26 de marzo de 1959 se funda FECODE. “Los maestros colombianos realizaron el congreso constitutivo de La Asociación Nacional de Educadores del 21 al 25 de marzo en el salón de La Asamblea de Cundinamarca, siendo inaugurado por el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, en el Teatro Colón de Bogotá”[7].

Tuvo el presidente algunas escasas palabras para una asociación que nacía a la sombra del gobierno frentenacionalista: “Debo limitarme a expresarles en forma breve, pero profundamente sincera, mis mejores votos porque este congreso, contribuya a fortalecer los vínculos de las distintas asociaciones de institutores y de todos ellos entre sí”. Diez años después la presencia del gobernante hubiera sido difícil de aceptar para el magisterio curtido en la lucha y radicalizado política e ideológicamente. Más aún, en el ensayo de Elkin Jiménez citado arriba, se evoca lo escrito certeramente por el primer asesor de la federación, Guillermo Mojica: “La FECODE será un símbolo de conquista que representa las fuerzas unidas de los maestros en defensa de la educación del pueblo colombiano y de los derechos y dignidad del maestro”. La década de los sesenta fue crucial para el magisterio. Y no es coincidencia que a nivel internacional se hayan dado la revolución cultural china, la revolución cubana, la agudización de las contradicciones sino-soviéticas, el mayo rojo de 1968, la guerra en Indochina, entre otros grandes sucesos.

Los socios fundadores de la federación fueron la Asociación de Institutores de Armenia, fundada en 1945; la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física, fundada en 1944; la Asociación de Educadores del Atlántico, fundada en 1946; la Sociedad de Educadores del Magdalena, fundada en 1949; la Asociación Distrital de Educadores, fundada en 1957; el Sindicato de Maestros de Cundinamarca, fundado en 1938; la Asociación de Maestros de Bolívar, fundada en 1945; el Centro Nacional de Educadores del Valle, fundado en 1950; el Sindicato de Maestros del Tolima, fundado en 1942; la Asociación de Institutores del Cauca y el Centro Nacional de Educadores Caldenses, fundado en 1949. (8)

El magisterio da en 1966 una batalla regional, de las tantas que por falta del pago de los salarios se desataban en departamentos quebrados y con administraciones venales, pero en esa ocasión el paro de los maestros del Magdalena se convertiría en la legendaria “marcha del hambre”, una gesta que movilizaría el país a su paso, obligando al presidente Lleras Restrepo a reunirse con una delegación de los marchantes. Se precisaba que la Nación respondiera por la financiación de la educación. Después de cincuenta años de luchas y bajo forma distintas surgidas del acto legislativo 01 de 2001, subsiste y se agrava el problema financiero.

La fundación de FECODE y el proceso de fusión de los sindicatos, ACPES de secundaria, y los de primaria, en un solo sindicato por departamento, superando la división, proveyeron al gremio de una estructura democrática y centralizada de gran eficacia. La influencia de partidos y movimientos de izquierda fue decisivo en ese proceso de unificación que tuvo que vencer el gremialerismo y el divisionismo. Los congresos federales decidían y deciden la política de la federación y elegían su Comité Ejecutico, el cual dirigía la lucha con la Junta Nacional, conformada por los presidentes de los sindicatos y delegados adicionales de acuerdo al número de afiliados del sindicato. En la práctica FECODE ha funcionado como un sindicato de industria. Las negociaciones las realiza una comisión del Comité Ejecutivo con amplios poderes, lo que le da la flexibilidad y capacidad necesarias para enfrentar la alta centralización del gobierno nacional. La refrendación la realizá la Junta Nacional. Si FECODE hubiera escuchado los cantos de sirena de la democracia participativa (de la que el neoliberalismo hace alto elogio porque encubre que la gente opina y el Gobierno decide), de la organización por redes y de la negociación ad referéndum no habría tenido la fuerza, la capacidad organizativa y la flexibilidad necesarias para alcanzar victorias y soportar derrotas sin que le partieran el espinazo. Este aspecto es de la máxima importancia y los sesenta años de incesante batallar de la Federación son el ejemplo a seguir.

“La lucha estudiantil de este año (1971) no tiene paralelo en la historia del país. El blanco principal de ataque ha sido el imperialismo yanqui y sus lacayos colombianos que explotan y oprimen a Colombia y le imponen una cultura neocolonial y semifeudal. Librar a Colombia de ese yugo y defender y desarrollar una cultura nacional y científica de las grandes masas populares es la bandera del movimiento estudiantil de 1971, bajo la cual han marchado al combate miles y miles de jóvenes dispuestos a derrotar al enemigo, batalla tras batalla. Nunca fue tan consciente, tan valeroso y tan democrático el movimiento estudiantil colombiano. He ahí la razón de su fuerza, su vitalidad y su constancia. Las masas populares y en especial el proletariado han brindado su apoyo incondicional a los estudiantes. El proceso que se vive es de una vinculación cada vez más estrecha del movimiento estudiantil con las masas de obreros y campesinos, requisito indispensable para la victoria”[8]. El movimiento estudiantil proveería al magisterio de claridad y profundidad en sus posiciones políticas y un contingente de  cuadros cualificados que influiría notablemente en la conducción de la federación. Por supuesto, se dio en medio de una agudísima lucha ideológica y política que fortaleció al gremio.

Ese mismo año, en medio de una oleada de tomas de tierras, se funda la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC. La dirección de FECODE pasa a estar bajo la influencia de diversas organizaciones de izquierda, el MOIR, el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y los grupos ML en medio de una aguda discusión sobre tópicos tan importantes como caracterizar a Colombia ¿neocolonial y semifeudal o capitalista? ¿Abstencionismo o participación electoral? ¿Lucha de masas o levantamiento armado? ¿Marxismo o anarquismo? ¿Maoísmo, troskismo o posición del Pc de la URSS? Y esas agudas confrontaciones fortalecieron a la izquierda y al magisterio, que debatió sobre la filosofía, la política mundial, el arte, la educación y la pedagogía.

En 1972, siendo ministro de educación Luis Carlos Galán, del gobierno Pastrana, expide el decreto 223, o Estatuto Docente que “eliminaba los derechos gremiales y políticos conquistados por los maestros colombianos en sus luchas de los últimos años. Se les quitaba la posibilidad de organizarse sindicalmente y se les negaban los derechos de contratación colectiva y de huelga bajo la denominación de empleados públicos. Adicionalmente se dividía a los maestros en una serie de categorías que se hacían inalcanzables y que llegaron a ser ridiculizadas hasta por la prensa oficial; y, como si fuera poco, se dictaban disposiciones que impulsaban la pérdida de la estabilidad laboral”[9]. Ese estatuto fue derrotado por los maestros con el paro.

En 1973 se funda la Unión Nacional de Oposición, UNO, integrada por el Partido Comunista, el MOIR y el Movimiento Amplio Colombiano, MAC, impulsando la candidatura presidencial de Hernando Echeverri Mejía con un programa nacional y democrático de agitación y educación del pueblo. “La Unión Nacional de Oposición comparte el propósito del sindicalismo independiente de construir una central unitaria que albergue a todas las organizaciones sindicales dispuestas a librar el combate contra las camarillas patronales y gobiernistas de la UTC y CTC”[10]. El proceso unitario se hundiría por la posición contra el paro bancario  y el desconocimiento hecho por el Comité Ejecutivo de la CSTC del Comité Nacional Preparatorio del Congreso Unitario, elegido en el Encuentro Nacional de Unidad Sindical de octubre de 1973. En consecuencia la mayoría de sindicatos y federaciones que se habían afiliado, se desafilan, entre ellas FECODE, que toma esa decisión en el Congreso de Cúcuta. En el XI congreso se ratifica el retiro de la CSTC, se disuelve la federación de sindicatos de secundaria y pasan 27 de ellos a engrosar las filas de FECODE. La ruptura sindical entre el MOIR y el Partido comunista expresa contradicciones de más hondo calado: la exigencia de alinearse con Cuba cuando ésta operaba con cien mil soldados en Cuba, financiada por la Unión Soviética, rompió el proceso de unidad.

El gobierno expide la ley 43 de 1975 que puso en cabeza de la Nación la responsabilidad de pagar los salarios de los maestros. Al respecto, José Fernando Ocampo señaló que “la nacionalización de la educación pública es un punto trascendental, sobre el cual el MOIR siempre ha mostrado una posición consecuente; a diferencia de López Michelsen que en la Ley 43 de 1975 nacionalizó apenas los pagos, pero no la administración ni las prestaciones mismas. De ahí que en Colombia administra el FER, administra el Ministerio y administran los departamentos”[11]. Adicionalmente la mencionada norma congeló la planta de personal y las construcciones escolares al ordenar que “ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional”. Y precisa, “La construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sólo podrá hacerse por la Nación o con autorización de ésta, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de cada sección, conforme a las normas de planeación educativa que al respecto se dicten». Y congela “el monto de las asignaciones que las entidades territoriales hayan aprobado en materia de educación secundaria, tomando como tope los presupuestos aprobados por las Asambleas Departamentales, por el Concejo Distrital y por los Concejos Municipales, para 1975”. Ahora bien, tampoco se garantizó la estabilidad financiera, pues los recursos estaban sujetos a las decisiones anuales de las leyes de presupuesto.

En 1976, “en las negociaciones del pliego se han gastado varios meses sin que el gobierno haya aportado ninguna solución. La situación económica de los maestros es grave. No existe departamento del país en el que estos no  sientan en carne propia las consecuencias del régimen continuista, pero tampoco hay lugar en el que no haya habido la justa respuesta. El panorama de las luchas es brillante, concluyeron dirigentes sindicales. En Nariño, un paro efectuado por más de 3.500 profesores obligó al gobierno, después de dos meses, el reintegro de cerca de 500 destituidos y al pago de los salarios atrasados. Miles de institutores del Atlántico realizan paros escalonados para enfrentar el despido de 250 compañeros, entre ellos un directivo de Fecode. Y en Risaralda, 800 profesores de secundaria, agrupados en Apror, exigen en asambleas permanentes el cumplimiento del acuerdo pactado desde el año pasado, que contempla a partir del 1º de enero un aumento salarial del 15%. Todas estas luchas concentran el ataque contra la reforma educativa lopista y la falsa nacionalización de la enseñanza”. [12]

El 20 de enero de 1977 se expide el Decreto 128, el Estatuto de Durán Dussán, que establecía que  los maestros y profesores a cargo de la Nación, así como los funcionarios administrativos de los establecimientos docentes a cargo de la Nación, son empleados públicos, además  de “unos despóticos Comités de Evaluación compuestos por cuatro funcionarios del gobierno y tan sólo un maestro, decidirán en los departamentos, intendencias, comisarías, y en el Distrito Especial, las sanciones que aplicarán al magisterio colombiano si consideran que determinado profesor carece de “formación moral” o de “consagración” o si les parece que tiene “voz bitonal o nasal”, defectos físicos, fallas de la vista y el oído, o “neurosis de cualquier índole”. Los comités sancionarán, con penas que van desde la suspensión temporal hasta la pérdida del empleo, “faltas de conducta” que comprenden, entre otras, “la desorganización familiar o económica” en la vida personal, y todos los derechos políticos y sociales tales como “intervención militante en política de partido, conferencias y propaganda periodística”, así como la participación en huelgas y paros[13]” En el mes de septiembre de este año se llevó a cabo un Paro Cívico Nacional, en el marco del paro Nacional de FECODE, que dio como resultado la no aplicación del Decreto 128 (por el insólito medio de un telegrama) y abrió el inicio de negociación concertada de un Estatuto Docente[14].

La muestra palmaria de la agudización del conflicto fue el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. El paro fue reprimido con violencia extrema por la policía y el ejército al punto que los civiles asesinados se calculan entre veinte y cuarenta y tres en Bogotá. No obstante que el paro del magisterio de 1977 terminó con más de 1.500 destituidos, fue evidente para el Gobierno que no podía continuar negándose a acordar con FECODE un estatuto docente que reconociera algunos derechos a los maestros y en 1979 el Ministro de Educación, Rodrigo Lloreda Caicedo, negoció con la dirección de FECODE el nuevo Estatuto.

Se conjugaron unas condiciones internacionales favorables en razón a los problemas de Estados Unidos ante la lucha de naciones que buscaban superar su dominación y la permanente contradicción en todos los terrenos con la URSS, un movimiento estudiantil como el de 1971, que hizo avanzar políticamente al magisterio y fue cantera de cuadros cualificados, decenas de paros durante dos décadas que curtieron al magisterio, el fortalecimiento organizativo de FECODE al punto de funcionar como un sindicato de industria, la acertada dirección del Comité Ejecutivo, la confluencia de movimientos de protesta que mostraron su fuerza en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 y el crecimiento de la influencia de fuerzas de izquierda.

Subsistieron los problemas de financiación, prestaciones, autonomía escolar y política educativa. De la situación financiera se quejaba en 1981 Planeación Nacional: “se presenta un déficit de $9.199 millones que, sumados al presupuesto aprobado de $46.2743 millones, elevan los recursos destinados al Ministerio de Educación a la cifra de $55.473 millones, que representa el 25% del total de gastos del presupuesto nacional”[15].

FECODE, al firmar el acta declaró con valentía y honradez políticas sus desacuerdos: “el Estatuto Docente que acaba de promulgar el gobierno no consagra ninguno de los derechos democráticos de carácter sindical y político que tradicionalmente le han sido conculcados al magisterio ni implica un cambio sustancial en sus condiciones de vida y de trabajo”, dando una explicación de la sabiduría política que no se deja engañar por un acuerdo. Dice la federación que “Una determinación en contrario no era de esperarse bajo la égida del régimen gubernamental vigente en el país” y explica por qué a pesar de las diferencias señaladas hubo acuerdo: “ese Estatuto restablece las garantías y conquistas adquiridas por el gremio que habían sido arrasadas por el retardatario Decreto 128 de 1977, recoge aspiraciones muy sentidas por los educadores en materia de Escalafón y Carrera Docente, y fija unas condiciones de ingreso, permanencia y retiro del servicio educativo que por lo menos facilitan a los maestros unos instrumentos de defensa contra la arbitrariedad y el abuso de las autoridades” Federación Colombiana de Educadores, FECODE, Estatuto Docente, Comité Ejecutivo Nacional, Bogotá

La batalla por el 2277 dejó lecciones para la lucha del magisterio que continúa, como hace cuarenta años, dándose en torno a dos objetivos estratégicos, que no sobra recordar: por una educación pública, científica, democrática y al servicio del desarrollo nacional, financiada y prestada directamente por el Estado, y por la defensa de los derechos del magisterio.

Esos objetivos estratégicos han guiado a la federación durante sus sesenta años de existencia y definen los objetivos tácticos actuales: la reforma constitucional del SGP para aumentar la financiación, la defensa de la ley General de Educación y, en especial, la autonomía escolar, la preservación del FOMAG y del régimen especial, la prestación de los servicios de salud, el nuevo estatuto docente, contra la privatización, contra las reformas laboral y pensional y por el respeto a los acuerdos.

Qué forma adopta la lucha lo determina el análisis detallado de la situación nacional e internacional, de la actitud de los distintos sectores, de la correlación de fuerzas entre el magisterio y sus aliados y el gobierno y los suyos, de quien logra ganarse a la opinión pública. Un aspecto puede volverse más relevante que otro en una coyuntura específica. La decisión de dar una batalla puede ser impuesta como sucedió en 2001 y 2007 o como fue en 1977 cuando el gobierno impone el estatuto de Durán Dussán. O  se dan las condiciones para escoger el momento y escenario, por ejemplo, en el marco de un pliego de peticiones. No basta con querer alcanzar un objetivo, se requieren condiciones. No luchar o diferir el comienzo de la lucha cuando las posibilidades son favorables es un error, prolongar la lucha sin considerar una correlación de fuerzas adversa es conducir un movimiento a la derrota. En sucesivas negociaciones se han dejado constancias porque lo positivo pesa más  que lo negativo, pero en 2001 lo malo era tan aplastante que no hubo ningún tipo de acuerdo y el paro se levantó unilateralmente, sin ni siquiera definir los mecanismos de la recuperación de las clases. Jamás el magisterio debe declarar y asumir la posición de que el paro y la movilización pasaron de moda y que se debe ser “propositivo”, es decir, creer que a punta de consejos va a cambiar a quienes gobiernan a Colombia al servicio de intereses de un imperialismo como el norteamericano.

José Fernando Ocampo,  David Zafra, Abel Rodríguez, Javier Darío Vélez, Jaime Dussán, Héctor Orlando Zambrano, Héctor Fajardo, Gabriel Mauro, Víctor Ruiz, Luis Aguirre y William Estrada, los negociadores que representaron al magisterio en 1979, dejaron en la declaración sobre el 2277 una advertencia para que no olvidemos cual  es el “régimen gubernamental vigente en el país”. Y tenían razón al ponernos en guardia contra el peligro de no considerar a estos gobiernos como lo que son, regímenes al servicio del imperialismo norteamericano.

 

Tribuna Roja Nº 10

Ocampo, José Fernando. En La Educación Colombiana García, Wilson. ARS Serigrafía Ediciones. P. 21.

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/download/5297/4329/

Tribuna Roja No. 49, septiembre de 1984.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0628/articulo07.html

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/argentina/lpp/fecode.pdfj

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/1981/pd_vXIII_n3_1981_art.6.pdf

[1] Tribuna Roja No. 21

[2] Ocampo, José Fernando. Colombia siglo XX. Colección Pensamiento Crítico. P. 12

[3] García, Wilson. La educación colombiana, medio siglo de imposiciones. P. 28

[4] Visto en: https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/download/5297/4329/

[5] Visto en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/argentina/lpp/fecode.pdf

[6] García, Wilson. La educación colombiana, medio siglo de imposiciones. P. 28

[7] Visto en: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0628/articulo07.htmlf

8 http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/argentina/lpp/fecode.pdf

9  Tribuna Roja N° 21

10 Visto en: https://narino.info/2014/08/19/galan-gran-enemigo-de-la-educacion/

11 Tribuna Roja Nº 10.

12 Tribuna Roja No. 49

13 Tribuna Roja No. 21

14 Tribuna Roja 25.

15  http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/argentina/lpp/fecode.pdf

16  Visto en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/1981/pd_vXIII_n3_1981_art.6.pdf