En lugar de verdadera atención educativa a la población con discapacidad el Gobierno Santos en el 1421 viola los acuerdos con el magisterio.

En lugar de verdadera atención educativa a la población con discapacidad el Gobierno Santos en el 1421 viola los acuerdos con el magisterio.

Bogotá D.C., 11 de septiembre 2017, Tribuna Magisterial Nacional.

La decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional de colgarle un orangután al Decreto 1421 de 29 de agosto del presente año, sobre atención  educativa a la población con discapacidad, con el cual reafirma el tipo de empleo de docente llíder de apoyo y no contempla el cargo de orientador viola flagrantemente el acuerdo celebrado con FECODE el pasado 16 de junio, el cual establece en el punto siete que: “se suprimirá la figura de docente líder de apoyo y se establecerá que aquellos docentes que hayan sido nombrados en este cargo serán reubicados como docentes de aula” y más abajo ratifica que “en virtud de la eliminación de la figura de docente líder de apoyo, se ajustará el decreto 1075 con el objetivo de armonizar las normas correspondientes” y “en el Decreto también se definirá conjuntamente la figura de docente de aula y de docente orientador”.

En el 1421 se encuentra que la atención educativa determinada por el Gobierno  Nacional para la población con discapacidad presenta múltiples barreras y dificultades, empezando por la insuficiente financiación con el Sistema General de Participaciones de un 20% adicional a la tipología definida por estudiante -que de entrada también es insuficiente- y con los escasos recursos de los municipios y departamentos, con la cual se pretende hacerle creer al país que se cubrirá la inversión en docentes, contratación de apoyos y herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas, dejando, por si fuera poco, por fuera las imprescindibles adecuaciones de la infraestructura. Además, no se establece una relación técnica adecuada en el número de estudiantes en el aula de clase, que es ya excesiva. En consecuencia, el Estado central no garantiza la atención a los niños con discapacidad,  haciendo que recaiga la responsabilidad en los municipios y departamentos y sobretodo en las instituciones educativas, es decir, en los maestros, en la misma línea que sucede con la desfinanciada Jornada Única.

Las líneas de inversión que establece el decreto son empleos temporales viabilizados anualmente por el MEN, contratación de apoyos priorizando intérpretes y herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas, de tal manera que con maestros temporales -a los cuales se les niega de plano la estabilidad laboral, se les nombra al principio de año y se les despide con la terminación del año escolar y se les impide ser nombrados en propiedad en el cargo que desempeñan y ser reubicados en otro tipo de empleo docente- y contratación, es decir, privatización y tercerización, se hace demagogia de que se va a atender un programa permanente para los niños y jóvenes con discapacidad. Agravada por la explícita confesión gubernamental de que “para aquellos establecimientos educativos que no cuenten con el docente de apoyo pedagógico, la secretaría de educación deberá brindar asesoría”.

 Por ninguna parte del decreto en mención se habla de la autonomía escolar para la la educación preescolar, básica y media establecida por la Ley General de Educación, por el contrario hay toda clase de imposiciones que violan los derechos democráticos de la comunidad, expresada en el Gobierno escolar y se coarta el debate académico. Pero en cambio asigna a las instituciones educativas la responsabilidad de adelantar procesos de formación docente. Inconcebible que el Gobierno se despoje de sus obligaciones para endosárselas a los empobrecidos colegios públicos. Tampoco se crea una planta de personal científico sino que se limita a señalar que se articula con las secretarías de salud y con los sectores de salud, deporte, recreación, y tecnologías, lo cual no es más que dejar desprotegida la atención en esos terrenos.

Se ofrece a los estudiantes con discapacidad que viven lejos de la institución educativa transporte y almuerzo, si es el caso. Y con ese, “si es el caso”, se deja la puerta abierta para que se les nieguen alimentación y transporte, como sucede con la mayoría de los estudiantes.

Frente a las situaciones particulares de cada estudiante se debe hacer un acta de acuerdo firmada  por el directivo docente, los docentes de aula, de apoyo pedagógico y el acudiente. Pero como se ve, mientras se le exige a los docentes y padres de familia el Gobierno no asume sus obligaciones.

Exigimos que el Gobierno Santos cumpla sus obligaciones con la educación de la población con discapacidad financiándola adecuadamente, sin desconocer la autonomía escolar, que es base del avance educativo y sin violar los acuerdos con el magisterio colombiano. Y llamamos al magisterio a defender los acuerdos alcanzados por medio de la lucha y la unidad.

FRENTE DE EDUCADORES TRIBUNA MAGISTERIAL NACIONAL

 

 

 

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