Gustavo Triana, segundo vicepresidente de la CUT, Bogotá 13 de junio de 2011
La calidad nacional y democrática del sindicalismo se mide por su consecuencia con los intereses de las clases trabajadoras y el pueblo colombiano; por la verticalidad a la hora de desechar las conductas conciliacionistas y patronales, es decir el esquirolaje e inconsecuencia con los intereses de la clase y de la nación, y por la persistencia en construir organizaciones fuertes que contrarresten la dispersión y adopten un funcionamiento democrático.
Es reprobable que la dirección de la Confederación General de Trabajo, CGT, y su secretario general, Julio Roberto Gómez, hayan firmado el pasado 26 de mayo la Actualización del Acuerdo Tripartito de junio de 2006 suscrito por el gobierno de Colombia, las centrales obreras y los empleadores, y defendido el gobierno de Juan Manuel Santos durante las deliberaciones de la 100 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra. Hechos claves para favorecer el trámite de las ratificaciones de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, por parte de los parlamentos respectivos, y para que Colombia fuera excluida de cualquier examen y sanción de la Comisión de Normas de la OIT y, por el contrario, se le premiara con un asiento en el Consejo de Administración del mismo ente, después de trece años de ausencia de nuestro país en tal dignidad.
La firma de la Actualización del Acuerdo Tripartito es demasiado grave, pues cada vez es más notorio para los trabajadores colombianos que el gobierno de Juan Manuel Santos representa la continuidad y profundización del neoliberalismo y del sometimiento del país a los intereses del capital financiero y las multinacionales, particularmente a las provenientes de Estados Unidos. Para afirmar que existen posibilidades ciertas de recuperar la dignidad en el trabajo y los derechos laborales, no pueden ser invocadas las manifestaciones de buena intención de los voceros del gobierno; es preciso examinar cada una de sus realizaciones en lo nacional e internacional, confrontar las condiciones materiales en que se debaten los colombianos y analizar los daños que sus políticas le causan a la producción industrial y agraria del país.
Enumeremos apenas unas cuantas. El acto legislativo de la sostenibilidad fiscal termina con la independencia de la Justicia, niega la parte garantista de la Constitución de 1991 y, en últimas, pone las obligaciones sociales del Estado a depender del equilibrio entre ingresos y egresos de la nación y, con toda seguridad, detrás del pago de deuda y de los gastos de seguridad y defensa. La ley de Seguridad Ciudadana legalizó la interceptación de comunicaciones, los allanamientos durante las 24 horas del día y penalizó las protestas y movilizaciones sociales hasta con ocho años de prisión. La cacareada Ley de Reparación de Víctimas y devolución de tierras, acusa falencias graves: está supeditada a la sostenibilidad fiscal, junta los conceptos de ayuda humanitaria, obligaciones sociales y medidas de reparación, no repara las organizaciones sociales afectadas por la violencia, impone el respeto del uso de los suelos y títulos mineros en las tierras devueltas, no garantiza ni la verdad ni la no repetición, entre otras. El Plan Nacional de Desarrollo, PND, incentiva la concentración de la propiedad sobre la tierra, vuelve política central la extranjerización de la misma por arriendo o concesión, da impulso a la gran minería multinacional, al saqueo de los hidrocarburos y la agroindustria con fines exportadores y en detrimento de la soberanía alimentaria. La anunciada reforma a la Ley 30 recorta la financiación de las universidades públicas y le abre la puerta al capital financiero internacional para impartir educación técnica, tecnológica y universitaria como un negocio más. La drástica rebaja arancelaria decretada en noviembre de 2010. La defensa de la permanencia de la Ley 100 ante el reclamo nacional de su derogatoria y el establecimiento de un nuevo sistema de salud, el raponazo a la participación en las Regalías contra los municipios y departamentos productores de minerales e hidrocarburos. Las presiones para aprobar la venta de acciones del Estado en Ecopetrol, la ETB y Telefónica-Telecom. La burla al movimiento sindical con la inocua modificación hecha al Código Penal para castigar las violaciones a los derechos de asociación y negociación.
Las realidades que a diario enfrentan los trabajadores colombianos y sus organizaciones sindicales lo dicen todo: las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, imperan en la salud pública y privada, en las plantaciones de caña azucarera y de palma africana, en el comercio de grandes superficies, en la hotelería, los puertos, las confecciones, la industria de alimentos y bebidas; los contratistas, subcontratistas y el outsourcing imperan en la minería de carbón, hierro, níquel, las explotaciones de petróleo y gas, las telecomunicaciones y la construcción; las órdenes de prestación de servicios y los contratos de servicios en las dependencias e instituciones de orden estatal. En resumen, priman los trabajadores tercerizados sobre los contratados de manera directa y a término indefinido. Las convenciones cubren a una población cada vez menor, pues los patronos imponen pactos colectivos y el gobierno nacional no concede los derechos de negociación y huelga a los empleados públicos. La sindicalización apenas sobrepasa el 4% de la población económicamente activa. En lo que va del año 2011 han sido asesinados nueve líderes de las organizaciones de víctimas y desplazados y once sindicalistas.
El ahondamiento en el recorte de los derechos laborales y las libertades sindicales corresponde a la política de recolonización imperialista y al neoliberalismo; recobrarlos implicará luchar contra la apertura económica, las privatizaciones y el saqueo de nuestros recursos naturales. La mano de obra barata es inherente al neoliberalismo, por lo tanto se engeña a los trabajadores al afirmar que el gobierno de Santos es neoliberal pero que ofrece posibilidades para restituirles los derechos, por el contrario los contenidos de la agenda legislativa y el PND refutan la infundada disposición que se le atribuye.
Este es el contexto en que se ha suscrito con el gobierno y los empresarios la Actualización del Acuerdo Tripartito de 2006, y en el que algunos dirigentes sindicales han tratado con calculada consideración a este gobierno y a los grandes empresarios nacionales y extranjeros durante las deliberaciones de la 100 Conferencia de la OIT. Según palabras de Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGT, “en Colombia se registra una serie de avances en materia de libertad sindical”. Es preciso recordar que en las Conferencias de los años 2008 y 2009, las centrales coincidieron en señalar que el Acuerdo Tripartito de 2006 había sido una burla y que no aceptaban la invitación a renovarlo. ¿A qué hora y por cuáles motivos cambió la CGT esa valoración? ¿En qué han mejorado las oprobiosas condiciones de vida y de trabajo de los colombianos?
La Actualización del Acuerdo Tripartito contiene básicamente lo mismo que el llamado “Plan de acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales”, acordado por Juan M. Santos y Barack Obama, cuyo contenido se limita a enunciar los problemas y ofrecer paños de agua tibia, que de ninguna manera resuelven la difícil situación de sobreexplotación, inestabilidad y negación de las libertades sindicales de los trabajadores. El ofrecimiento central es el rediseño del Ministerio del Trabajo con apoyo técnico de la OIT, como si durante su existencia se hubiera atendido los padecimientos denunciados. No pasemos por alto que la firma del documento por parte de Santos con el presidente de Estados Unidos, ya es de por sí una afrenta a la soberanía de Colombia: ¿De cuándo acá debemos rendir cuentas sobre las relaciones laborales, el funcionamiento o no de nuestra Justicia o acordar agendas legislativas con un gobierno extranjero y concederle el derecho a auditarnos? ¿Quién vigila a los empresarios y al gobierno gringo? Ese país solo ha ratificado catorce convenios de la OIT y entre los no ratificados están el C-138 sobre el mínimo de edad para trabajo infantil, y los C-87 y C-98 sobre libertad de asociación sindical y derecho de negociación colectiva. El objetivo de fondo que persiguen estos acuerdos es la ratificación del TLC por parte del Senado estadounidense, sobre el cual el secretario de Agricultura de Estados Unidos dijo: “Estos tratados generarán trabajos en EE. UU. Solo en exportaciones agrícolas, los tratados generarían unos 2.300 millones en ventas que se traducirían en 19 mil empleos en el país. Es fundamental que trabajemos juntos para sacarlos adelante”.
Gran enseñanza nos están dando los trabajadores y sindicalistas norteamericanos con las memorables jornadas de lucha de nuestros hermanos del Estado de Wisconsin contra el recorte de sus salarios y sus prestaciones y la férrea oposición a los tratados de libre comercio por parte de la central obrera, AFL-CIO, tal como lo demostró Jeffrey Vogt, uno de sus dirigentes, en la declaración ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos: “Creemos que el modelo de comercio vigente proporciona derechos y privilegios aumentados a las empresas a costa de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Por consiguiente, aunque el Tratado de Libre Comercio puede tener el efecto de aumentar ligeramente el flujo de comercio bilateral entre nuestros dos países, creemos que esto probablemente sólo beneficiaría a las pequeñas minorías en ambos países”.
El sindicalismo se equivoca firmando o acordando simples declaraciones de intención o agendas de trabajo; la lucha debe conducir a obtener soluciones concretas. No más Pacto Sociales, ni Acuerdos Tripartitos que solo reconocen la existencia de los problemas y hacen la lista de ellos. Lo que el país reclama es cambios sustanciales en la política económica y laboral, de tal manera que se reactive y proteja nuestro mercado interno, se recobre soberanía sobre las riquezas naturales del país y el trabajo sea fuente de bienestar y desarrollo para los colombianos y no para el capital financiero y las multinacionales como ha estado ocurriendo por más de un siglo, gracias al lacayismo de la oligarquía y sus partidos con los gobiernos imperialistas de Estados Unidos.
En consecuencia, el movimiento sindical debe mantenerse en la oposición, ser independiente de patronos y gobierno, reprobar a los que se meten en las puertas giratorias del sindicalismo, el gobierno y la diplomacia. No se deben escuchar las invitaciones a la conciliación, ya provengan del despacho de Angelino Garzón, de la Secretaría General de la CGT o de los trinos de Gustavo Petro. Pongamos en alto las banderas de la soberanía, las reivindicaciones laborales y la unidad del pueblo para emprender el camino seguro hacia la derrota de los opresores.
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