EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO APROBADO   AFECTA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SU AUTONOMÍA Y LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO APROBADO AFECTA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SU AUTONOMÍA Y LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2019

El PND que aprobó el congreso es, en su conjunto, un plan para aumentar los privilegios de las multinacionales y el capital financiero a costa de sumir a la inmensa mayoría de los colombianos en la pobreza, destruir la agricultura y la industria nacionales, establecer lesivas reformas laboral y pensional y golpear la salud y la educación, todo ello conforme a las órdenes de la OCDE o, para ser más precisos, del imperialismo norteamericano, que no obstante mantener la hegemonía da muestras de su decadencia en la cual se torna más agresivo en lo económico, militar y político. Basta un ejemplo, los 170 y más billones arrebatados a la inversión social con las reformas constitucionales de 2001 y 2007 fueron transferidos a las multinacionales vía excenciones tributarias, zonas francas, rebaja de impuestos como sucedió durante todo ese período y con la última reforma tributaria, entre otros, que afectaron a la educación pública y al magisterio, el cual fue sometido a un empeoramiento de las condiciones laborales con una nueva legislación con la ley 715, el decreto 1278 y otras normas.

El Plan Nacional de Desarrollo en sus aspectos educativos menciona apenas de soslayo las palabras ciencia, autonomía escolar, libertad de cátedra y conocimiento y, por el contrario, machaca todo el tiempo las competencias básicas, socio emocionales, financieras y ciudadanas. Se niega la ciencia para remplazarla por el adiestramiento y de esa manera no se desarrolla Colombia ni ningún país.

En el debate en el Congreso alcanzó FECODE la aprobación del Artículo 193 que crea la comisión de alto nivel para elaborar el acto legislativo que incremente real y progresivamente el SGP, se mantuvo la concurrencia de la Nación en el pago de las deudas con el magisterio y administrativos, y se hundieron las facultades extraordinarias al presidente para modificar las estrategias de monitoreo, seguimiento y control del gasto del SGP, del Artículo 330.

Pero en el Plan Plurianual de Inversiones se recortan los recursos públicos en educación en una suma anual de 7,4 billones al bajar de 41,4 billones este año a un promedio anual de 33,95 billones para el cuatrienio. Y se presupuestan recursos privados de 81 billones para los cuatro años, sobre los cuales el Gobierno se ha negado a explicar su origen, en que se van a invertir y cual va a ser la contraprestación que les va a dar el Estado a los inversores privados. Lo cierto es que en el literal g) del Artículo 189 se establece, “la participación del sector privado mediante proyectos de Asociaciones Público Privadas”. Y, dice el plurianual, “estos recursos permiten apalancar inversiones públicas con un efecto multiplicador”. Se mantiene y refuerza el Fondo de Fomento de la Inversión Educativa, FFIE, que por medio de contratistas ha demolido centenares de sedes sin reconstruirlas, causando enormes perjuicios, y que tiene como una de sus mecanismos las Asociaciones Público Privadas, APP, última forma de privatización que se suma a las otras seis que tiene el Gobierno.

El artículo 198 y el Objetivo 7 del literal g de la “alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano” de las Bases establecen el Sistema Nacional de Cualificaciones como “un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país”. El CIGERH (Ministerios del Trabajo, Comercio y Educación, Planeación Nacional, DANE, COLCIENCIAS, SENA, y la Función Pública), definirá su institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad. Es una contrarreforma educativa realizada a espaldas del país y con el objetivo de poner la educación y la formación al servicio de las multinacionales. Ello queda ratificado en lo determinado por las bases sobre la educación media, la cual “se intervendrá con currículos pertinentes”, imponiendo las competencias, abandonando la ciencia, pasando por encima de la autonomía escolar, y reformulando la articulación con el SENA para reducir la educación técnica a las competencias. Los cambios serán definidos por empresarios, fundaciones empresariales, académicos y burócratas, entre otros, quedando la comunidad educativa en el papel de comparsa.

En el Objetivo 2. 2. e. de las Bases se define un evidente ataque a la estabilidad del magisterio, “el Ministerio de Educación Nacional fortalecerá el Sistema Nacional de Evaluación establecido en la Ley 115 de 1994 (fundamentalmente el Artículo 81 que determina exámenes periódicos, confrontados por el magisterio en la década de los noventa), para promover el seguimiento a los aprendizajes y el uso pedagógico de resultados. Para ello, generará análisis que permitan integrar y sintetizar los resultados que provienen de pruebas externas, evaluación de docentes y autoevaluación institucional. Todo apunta a determinar con las pruebas externas de los estudiantes la estabilidad de los maestros.

En lo atinente al PAE (Artículo 194), el PND de Duque cae en una insalvable contradicción al establecer universalización con criterios de focalización. Si se va a continuar focalizando no es cierta la universalización .

En el Artículo 192 se fusiona el Plan Decenal de Educación con el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que el plan que debería guiar a la educación por diez años será cambiado cada cuatro años. La improvisación total.

La educación rural es sometida al imperio de los modelos de educación flexible, diseñados para disminuir el número de maestros, cerrar escuelas y fusionar colegios. Para ello se hace demagogia con transporte y alojamiento sin que la Nación se comprometa con su financiación.

Aspira el Gobierno Duque en sus metas a llegar a la cobertura neta de 68% en transición o 500.000 niños. La ley 115 es apenas mencionada, lo que se impone es la primera infancia con la bandera de la integralidad como si fuera posible olvidándose de la educación. El “Sistema de Gestión de Calidad de la Educación Inicial, el cual incluirá un sistema de inspección y vigilancia” tendrá efectos en todos los aspectos, incluida las condiciones de los maestros.

La atención de los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades especiales o discapacidad queda determinada por el Decreto 1421, sin una planta de personal docente de apoyo pedagógico, sin relaciones técnicas, sin la garantía de alimentación y transporte, sin recursos suficientes y sin las condiciones necesarias de formación y actualización con universidades para los docentes. Es decir, demagógica y afectando a estudiantes y profesores.

Las Bases, en lo que denominan “calidad de la educación” define las siguientes estrategias: una escuela de liderazgo para directivos docentes, formación para los docentes, excluyendo el contenido disciplinar, las Normales despojadas de su autonomía y bajo la tutoría del PTA, como el resto de establecimientos educativos, la ínfima promesa de la contribución a la formación de 8.000 de los 326.000 maestros, no se mencionan las condiciones previas y la autonomía en la decisión sobre la jornada única, ante la terrible situación de la infraestructura se definen los ambientes escolares como físicos o virtuales y por dentro o fuera de la institución.

En el Artículo 59, Eficiencia en la Administración de los Recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las cesantías serán reconocidas y liquidadas por las Entidades Territoriales Certificadas y pagadas por la Fiduprevisora y no como sucede hasta ahora en que la ETC reconoce y la Fiduprevisora liquida y paga. Darle más responsabilidades a las ETC y quitárselas a la Nación no es aconsejable y está en contravía con lo andado por el magisterio.

Por último señalar que en el Artículo 342 se establece que el MEN diseñará e implementará un nuevo modelo de convalidaciones de títulos en educación superior ante el evidente fracaso del actual.

Los colombianos continuaremos la lucha contra la política de Duque expresada en su Plan Nacional de Desarrollo y en las decisiones ya anunciadas en dicho plan como una agresiva reforma pensional.

TRIBUNA MAGISTERIAL NACIONAL

Victoria Avendaño, Elías Fonseca, Francisco Torres, Luisa Fernanda Ospina, Luis Alberto Mendoza, Diógenes Orjuela, Timoteo Romero, Winston Petro  y Medardo Hernández