EL GOBIERNO DE DUQUE LE DESCARGA OBLIGACIONES FINANCIERAS A LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

EL GOBIERNO DE DUQUE LE DESCARGA OBLIGACIONES FINANCIERAS A LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2020.

Duque ha exacerbado todos los males de la educación colombiana,  imponiendo contenidos y métodos para proscribir la ciencia sustituyéndola por las competencias, le ha declarado una encarnizada persecución al preescolar de tres grados, y perseguido con saña la educación técnica y, en general, ha desfinanciado el sector educativo hasta el punto de arrebatarle la comida de los niños, la dotación de los colegios, la infraestructura de las escuelas, la conectividad, los derechos de los maestros, en fin, 200 billones que ha sustraído a la fecha y el taxímetro andando y no cumple los acuerdos suscritos con FECODE, el principal de los cuales es la reforma constitucional para incrementar real y progresivamente los recursos del SGP.

Noticias UNO denunció que los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET- de los departamentos y municipios que el gobierno tomó con ocasión de la pandemia ahora están siendo ofrecidos en préstamos a esos municipios y departamentos a través de FINDETER a tasas de interés superiores a las que prestaba antes del coronavirus el mismo FINDETER. Para recibir los préstamos deben empeñar sus rentas. Semejante atraco es presentado como una ayuda para la reactivación económica.

Duque viene impulsando la certificación de los municipios para descargar sobre sus hombros de manera creciente obligaciones financieras. Las normas anteriores a la ley 715 establecían que sólo podían ser certificados los municipios que tuvieran 100 mil o más habitantes en el censo de 1985, lo cual era una talanquera contra la certificación. Con la ley  715 de 2001 se estableció la certificación de municipios con menos de cien mil habitantes. Es decir, que todos los municipios pueden certificarse aún si el departamento no está de acuerdo, ya que pueden pedírselo a la Nación. Por supuesto, los de más de cien mil habitantes también están habilitados para seguir ese camino.

La descentralización es el papel de regalo en el que viene envuelto el aumento de las obligaciones de las entidades territoriales, participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.

La historia debe servirnos para algo, en ella encontramos una política constante de parte del Estado de desembarazarse de las responsabilidades financieras de la educación. Así fue hasta la década de los sesenta cuando la educación primaria estaba a cargo de los departamentos y una parte de la secundaria de la Nación. El desbarajuste fue de tal magnitud que legiones de profesores reducidos al hambre se levantaron obligando a la creación de los FER, la promulgación de la ley 43 de 1975 que se quedó a medias cuando solo nacionalizó el pago de la nómina pero no el de las prestaciones sociales conquistada con la ley 91 de 1989, hoy en peligro con el proyecto de ley 010 presentado en contubernio por Duque y Vargas Lleras.

Cada día los municipios se ven enfrentados a suplir lo que la Nación está obligada a hacer y no hace. La controversia entre el alcalde de Soacha y la Ministra de Educación es reveladora, “El alcalde le hizo un llamado a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y en general al Gobierno Nacional, para que se destinen los recursos necesarios para la educación de los niños y jóvenes de Soacha”(1) las investigaciones de la Contraloría revelaron los innumerables elefantes blancos que contrató el Fondo de Infraestructura del MEN con recursos que cofinanciaron los municipios y departamentos.

Para ser certificados, con lo que no ganan nada, pierden cualquier atisbo de su autonomía al obligarse a armonizar su plan de desarrollo con el plan de desarrollo del gobierno nacional, cumplir las relaciones técnicas de hacinamiento y poner recursos que no tienen en un país en la indigencia.

El Gobierno afirma que “La principal razón técnica aducida para impulsar la descentralización es el mejoramiento de la productividad y la eficiencia en la prestación de los servicios, bajo la hipótesis de que tales propósitos se alcanzan al estar más cerca de las necesidades de los usuarios. Pero solo en la medida en que el gobierno territorial cuente con la capacidad técnica, administrativa y financiera, podrá́ obtener mayores niveles de cobertura, calidad y eficiencia en la prestación del servicio educativo.

Se entiende perfectamente porque al faltar la capacidad financiera sólo 96 entes territoriales de los 1.240 municipios, los 32 departamentos y los distritos qué hay en Colombia se han certificado en educación después de casi veinte años de vigencia de la ley 715 los alcaldes, los concejales y la comunidad no han caído en la trampa de la municipalización, pero el Gobierno sigue insistiendo.

La política del gobierno Duque es clara: ir profundizando las condiciones para  descargar la financiación de la educación, (así  mismo de la salud, el agua potable y el saneamiento básico) en los municipios y departamentos pero al mismo tiempo centralizar el control ideológico. Política contraria al interés nacional que debe ser rechazada por la comunidad educativa. En su lugar continuemos la lucha por el cumplimiento del acuerdo de una reforma constitucional que aumente real y progresivamente los recursos del sistema general de participaciones y en defensa de la ley general de educación y la autonomía escolar.

Cometen un gran error los alcaldes, concejales y algunos gamonales locales que por las ansias de poder se quieren certificar y se ilusionan al creer que evitando la intermediación de las gobernaciones en el manejo de los recursos enviados por la nación van a aumentar sus ingresos  y medios para obtener más poder. Desconocen que el 80 % de los recursos que envía la nación a los entes certificados ya vienen amarrados al pago de nómina de docentes y directivos docentes. Esos municipios tendrán que disponer de sus recursos propios para cumplir con los requisitos establecidos para poderse certificar. Toda esa mala intención del gobierno de Iván Duque y la avaricia de los gobernantes locales va en detrimento de la calidad de la educación y el mejoramiento de las condiciones y bienestar de los educadores.

1) https://periodismopublico.com/el-duro-reclamo-del-alcalde-de-soacha-a-la-ministra-de-educacion

2) https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81012_archivo_pdf.pdf

 

 

¡VIVA EL PARO NACIONAL DE 20 Y 21 DE OCTUBRE!

  TRIBUNA MAGISTERIAL  – EDUCADORES DEMÓCRATAS – FAS