El crac de la salud, de la Ley 100

El crac de la salud, de la Ley 100

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, mayo 23 de 2011

La intervención a Saludcoop, tratándose de la principal EPS, significó un crac para el sistema de salud. Hay dos líneas de análisis: La que lo atribuye a prácticas corruptas, y la que, fuera de desnudar la podredumbre, lo explica por las estructuras que la prohíjan. La primera aplica sanciones y promueve nuevas reformas limitantes de beneficios y, la segunda, demanda reemplazar el sistema imperante, de intermediación financiera, por una alternativa cimentada en la salud como derecho fundamental.

El sector salud de Colombia se basa en las EPS privadas que administran recursos parafiscales, por 19,5 billones de pesos, para financiar dos regímenes, contributivo y subsidiado, cada uno con el respectivo plan de atención. En 2009, los afiliados eran 41,1 millones, 58% del subsidiado; por fuera había 2,6 millones de personas. Al fondo administrado deben sumarse 8,1 billones de pesos provenientes del bolsillo de la gente y 2,05 de los entes territoriales para atender a aquellos no cubiertos. En cuanto al contributivo, de los 17,3 millones afiliados, sólo 8 aportan porque el resto son beneficiarios. El 60% de los 19,5 billones depende del presupuesto nacional, mientras el aporte privado depende del empleo y del trabajo formal.

La Ley 100 sometió al sector, donde son pocos los oferentes y los costos crecen constantemente, a la ampliación de la cobertura y para manejarla se montó una estructura intermediaria, con ánimo de lucro, que terminó convertida en un cartel. Aunque el valor entregado por cada afiliado ha crecido por encima de la inflación, al agregarse “mordidas” y “maromas”, el estallido fue inevitable.
 

El crac se refleja en el pasivo del balance del sistema. En junio de 2010, las deudas con clínicas y hospitales, de las EPS, Fosyga, entes territoriales y otras entidades estatales, eran de 3,8 billones de pesos; las obligaciones de departamentos y municipios con las EPS por el régimen subsidiado eran de 0,8 billones, y de un billón las del Fosyga con las EPS. Una burundanga, en la cual las cuentas por cobrar sumaban no menos del 35% de toda la financiación, un indicador explosivo.
 

El sistema agotó los medios para controlar gastos y elevar ganancias: Integración hacia atrás, trabajadores y médicos tercerizados, “eficiencia” en los tiempos de consulta y atención, abandono de la prevención, “paseo de la muerte” y demás. Esto se agrava con la sentencia T-760 que ordenó unificar el plan para ambos regímenes. La solución neoliberal es recortar derechos, empezando por el de tutela, y, como lo expresa el ministro Santamaría, en opinión consignada en documento del BID, “ofrecer beneficios por encima de los límites del plan subsidiado” causaría una “sostenibilidad aún más incierta”. (Ver http://slidesha.re/jNc7zO).

Hay razones de sobra para que el martes 24 de mayo miles de colombianos demanden la derogatoria de la ley 100, y se nieguen a que la gente del común pague el crac. La Salud será prueba de fuego para el gobierno de Santos.