CARTILLA DE ACUERDOS FECODE-MEN

Cartilla_de_Acuerdos_FECODE-MEN-2019

EL ACUERDO DEL 15 DE MAYO,
IMPORTANTE AVANCE ALCANZADO POR EL MAGISTERIO

El conjunto de los acuerdos suscritos por FECODE con el Gobierno Nacional configura un avance en aspectos de crucial importancia en la lucha de resistencia contra la política neoliberal dictada por el Gobierno de los Estados Unidos por medio de diversas agencias internacionales, principalmente la OCDE, y acatada al pie de la letra por el Gobierno Duque.

No sobra recordar que desde el mismo momento de la presentación del pliego se desató una andanada de feroces ataques del Centro Democrático, el partido del presidente, sindicando a los educadores de adoctrinadores políticos y exigiendo en la voz de sus más connotados dirigentes, como Álvaro Uribe y Paloma Valencia, acabar con la libertad de cátedra, generalizar la privatización y despedir maestros. Una provocación en toda la regla que hasta youtuber plena de insultos tuvo. Pero la realidad fue terca: antes que recoger triunfos el gobierno duquista tuvo que enfrentar las grandes luchas populares y democráticas de los estudiantes, la Minga, los trabajadores estatales, los paros escalonados del magisterio, la derrota en el Congreso de sus objeciones a la JEP, la repulsa nacional a las afrentas infligidas a la justicia colombiana por el Gobierno de Estados Unidos, la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich y encajar el golpe de la renuncia del fiscal, que más parece una fuga del escándalo de corrupción de Odebrecht en que está inmerso hasta la coronilla, y, por último, las contundentes denuncias de The News York Time sobre una nueva oleada de falsos positivos, todo lo cual ha conducido a una estrepitosa caída de la imagen del gobierno.

En ese caldeado ambiente político y social se da el proceso de confrontación entre el magisterio y el Gobierno Nacional. El balance de los resultados se puede resumir así:

El más importante de los acuerdos, que toca la política de desfinanciación de la educación llevada a cabo en dos reformas constitucionales para cubrir de rebajas de impuestos y prebendas a las grandes empresas, fundamentalmente multinacionales, es la conformación de la comisión de alto nivel, con la participación del gobierno nacional, FECODE, gobernadores, alcaldes y los demás sectores del SGP para formular el proyecto de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos con el objetivo de resolver las seis brechas de acceso universal, canasta educativa, infraestructura, jornada única, relaciones técnicas y ruralidad; en fin, garantizar el derecho a una educación pública financiada y prestada directamente por el Estado.

La ampliación de la cobertura del preescolar de tres grados con metas definidas. El fortalecimiento de la educación pública en general y de las Escuelas Normales Superiores. El cumplimento riguroso de las condiciones previas para el funcionamiento de la jornada única y el acatamiento a las decisiones del consejo directivo en el marco de la autonomía establecida por la ley general de educación. Por primera vez desde el establecimiento arbitrario de las relaciones técnicas con el decreto 3020 de 2002 el Gobierno deberá presentar un estudio técnico que se contrastará con el que haga FECODE ante la comisión de alto nivel y mientras tanto no se disminuyen las plantas de personal, que hoy están con dificultades precisamente por la aplicación de estudios de planta basados en el mencionado decreto.

Efectuar los ajustes necesarios al manual de calificación de pérdida de capacidad laboral para que no se sigan presentando las negaciones a los derechos de los maestros. Avanzar en la implementación de la seguridad y la salud en el trabajo. Crear una comisión para atender la gravísima problemática de salud, conformada por el MEN, Fiduprevisora, Súpersalud, Procuraduría, prestadores, auditorías y FECODE.

Redoblar esfuerzos en la comisión tripartita para alcanzar el estatuto de la profesión docente como un aspecto central. Un nuevo tramo de nivelación salarial, 1 punto en 2020, 1,5 puntos en 2021 y 2,5 puntos en 2022, que se suman a los 12 puntos anteriores. Subir a 19% la bonificación pedagógica en 2021. Cofinanciación de 1.000 licenciaturas, 2.000 especializaciones, 7.000 maestrías y 1.000 doctorados. Para la tercera cohorte de la ECDF curso para ascenso o reubicación de 8.000 maestros que no alcancen el puntaje exigido.

Se acordó la liquidación de la prima de vacaciones de acuerdo al tiempo de trabajo, es decir, proporcionalmente, desmontando la injusticia sostenida durante 22 años de perder la prima por un día dejado de trabajar y que ha sido usada por el Estado como herramienta contra el paro.

Mantener los protocolos de la guía 31 de 2008 de la evaluación de desempeño hasta que haya un acuerdo en el nuevo estatuto docente, con lo cual se acaba la amenaza a la estabilidad de los nuevos protocolos. Así mismo definir criterios y procedimientos de los concursos de ingreso en la Comisión Tripartita. Respeto a la Jornada Laboral.

Pago de la mora de las cesantías. Pedir concepto al Consejo de Estado sobre la prima creada por la ley 91 de 1989 para compensar la pérdida de la pensión gracia. Reconocimiento de las cesantías retroactivas a los docentes territoriales nombrados antes de 1 de enero de 1990. Garantizar con la concurrencia de la Nación el pago de las deudas del magisterio y el personal administrativo.

Volver a poner en funcionamiento las Juntas y los Foros de educación creados por la ley general y que han sido sistemáticamente ignoradas, para que la comunidad debata la política educativa. Revisar el manual de funciones que adoptara el Gobierno de manera unilateral. Una comisión para revisar lo atinente a las zonas de difícil acceso.

El MEN revisará el procedimiento de convalidación de título obtenidos en el extranjero. Garantías y respeto de la vida y garantías sindicales. Los juegos deportivos y el encuentro cultural y folclórico del magisterio. Sustentación de los cambios de perfil en las decisiones del gobierno escolar y no en medidas arbitrarias, lo cual beneficia a los docentes provisionales.

La lucha no termina con el acuerdo. Este se debe desarrollar en el trabajo de las comisiones, en actos administrativos y decisiones en diversos niveles. Es preciso confrontar el Plan Nacional de Desarrollo y la política del gobierno y del imperialismo. El magisterio debe estar preparado para movilizarse como ya de hecho lo viene haciendo en las regiones contra las pésimas condiciones de los servicios de salud. Para ello requiere la claridad política de comprender que la política de la OCDE para la educación está dirigida a negarle a Colombia una educación con lo más avanzado del conocimiento científico, democrática y por lo tanto en el ejercicio pleno de su autonomía escolar y convirtiéndose en una insustituible palanca del desarrollo nacional.

TRIBUNA MAGISTERIAL

Bogotá, junio 2019