Alternancia y política educativa

Alternancia y política educativa

Despotismo, desfinanciación, privatización, municipalización, violación de la autonomía escolar y desconocimiento de los derechos del magisterio

Despotismo:  Los hechos le han dado la razón a FECODE al oponerse con la desobediencia civil a la alternancia que tratan de imponer desde el gobierno sin importar las condiciones, de modo que con la pandemia creciendo en contagiados y muertos, con 133 menores de edad fallecidos por el covid 19 y muchos que son vectores de la transmisión, tratando de poner diez millones de estudiantes en calles y colegios, la vacunación que no empieza mientras en 50 países ya comenzó y, por el contrario, convertida en un mal oliente secreto de Estado, sin hacer las inversiones necesarias en las instituciones educativas y sin  bioseguridad Duque y su ministra persisten en política que contraría los derechos a la salud y la vida de estudiantes, profesores y padres de familia.

Ante la negativa de Duque de contestar las justas peticiones de las centrales obreras y de FECODE desde el 2019 se vienen dando gigantescas movilizaciones, el año pasado salimos a las calles en marchas multitudinarias guardando las medidas de bioseguridad bajo la dirección del Comité Nacional de Paro, la CUT y nuestra federación en apoyo del pliego de emergencia que acertadamente exige:

  1. Intervención del Estado al sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia.
  2. Renta Básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis mese
  3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos.
  4. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matricula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales con modalidad de alternancia mientras no estén las garantías para ello y se tengan en cuenta los conceptos de la comunidad científica, se cumplan los protocolos y lineamientos establecidos por el mismo gobierno como también invirtiendo recursos suficientes para resolver los problemas que hoy se viven en el trabajo desde casa con modalidad virtual y los que se venga cuando retornemos a la presencialidad.
  5. Mujer y Diversidades Sexuales: Acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en gé
  6. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.

Desfinanciación: Los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 de los gobiernos de Pastrana y Uribe le han arrebatado $200 billones a la educación pública en los últimos  veinte años y en su conjunto para salud, educación, saneamiento básico y agua potable se les han quitado 300 billones de pesos. Ese es uno de los principales problemas de la educación, sin adecuada financiación no hay acceso universal, infraestructura, dotación, un número de docentes suficiente y bien retribuido, con estabilidad y derechos, educación rural adecuadamente atendida, conectividad, canasta educativa, en síntesis, se le niega a los colombianos una educación científica.

Al haber disminuido los recursos los criterios para distribuir la participación para educación no están  diseñados para aumentar la financiación sino para disminuirla o congelarla, ya que en lo fundamental están determinados por la matrícula oficial atendida, el desempeño, el índice de necesidades básicas insatisfechas (dar lo menos posible), el descuento si se reduce la matrícula y se calcula el niño por atender como un porcentaje  del valor del niño atendido (sale más rentable para el Estado no atender como es el caso de preescolar). Los fondos de servicios educativos están abundantemente reglamentados y miserablemente provistos hasta el punto que año tras año el presupuesto que el Estado les asigna disminuye, contrariando lo demagógicamente informado por el Gobierno de que hace altas asignaciones.

Con el ICETEX golpean la universidad pública al  endeudar y expoliar casi de por vida a cientos de miles de estudiantes y graduados. El ICFES impone por medio de sus pruebas los estándares y las competencias, una educación pobre para pobres, que tanto daño le hace al carácter científico de la educación. El Fondo de Fomento de la infraestructura Educativa con una junta directiva en la cuales tres miembros designados por el Ministro de Educación pueden ser particulares, con un presupuesto insuficiente, “La inversión total asciende a la suma de $3.8 billones, de los cuales el Gobierno Nacional aporta $2.5 billones y las ETC $1.3 billones” https://ffie.com.co/proyectos/metas/  para apenas 541 proyectos en más de 9.000 instituciones educativas y uno de cuyos objetivos es poner a las entidades territoriales a cubrir una parte sustancial de los gastos que debe sufragar la Nación, la cual, además, impone todos los aspectos, incluida la contratación, con resultados de sobra conocidos. El Programa de Alimentación Escolar, PAE, una auténtica cueva de Rolando en la que se escenifican escándalo tras escándalo y que ahora se queda “legalmente” con una parte de los recursos.

A contrapelo de semejante política el magisterio ha luchado durante más de sesenta años para que la Nación asuma la financiación de la educación: el pago de los salarios con la Marcha del Hambre, el estatuto docente con los paros que conquistaron el 2277, la responsabilidad de las prestaciones sociales con la ley 91 de 1989 y el crecimiento de la financiación en infraestructura, canasta, docentes con la ley 60 de 1993. La contraofensiva del Gobierno derogó la ley 60, estableció el 1278 y ahora con el proyecto de ley 010 busca acabar con el régimen especial de salud para dejarnos en manos de las EPS.

Municipalización: se generalizó a todos los municipios la posibilidad de que manejen la educación bajo las condiciones que establezca el Gobierno Nacional. Certificar la educación a mil municipios que no tienen músculo financiero ni estructura educativa es un despropósito que tiene por objetivo que el Gobierno Nacional evada sus obligaciones financieras. Es tan descabellada esa política que la inmensa mayoría de municipios no la ha seguido.

Privatización: La desfinanciación va unida a la privatización, al fin y al cabo el secreto de la educación en manos de privados es que es más barata que la pública porque a los maestros les pagan salarios bajísimos. Las seis formas de contratación nos demuestran el afán del gobierno por privatizar la educación de cualquier manera: 1) de prestación del servicio educativo por un año con un colegio privado, 2) para la administración del servicio educativo ofreciendo una canasta educativa de “alta calidad”, 3) para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a celebrarse con Iglesias o confesiones religiosas, 4) con establecimientos educativos mediante subsidio a la demanda, 5) de prestación de servicio educativo con establecimientos educativos no oficiales de alta calidad de municipios de más de 300.000 habitantes, interadministrativos 6) para la prestación de servicio educativo con instituciones de educación superior oficiales.

Violación de la autonomía escolar y la ley general de educación: el paro de 1993 dio lugar a una reforma progresista en la financiación con la ley 60 de ese año y con la ley general de educación, cuyo aspecto principal fue la conquista de la autonomía escolar, “dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional”, que se desarrolla en los proyectos educativos institucionales, el plan de estudios, los manuales de convivencia definidos por la comunidad educativa por medio del Gobierno escolar con sus órganos y por primera vez han tenido derecho los estudiantes a tener sus consejos y personero. Se estableció que los libros de dotación de los colegios son escogidos por el establecimiento educativo, que la infraestructura debe cumplir requisitos mínimos, restablecer la jornada única, tres grados para la educación preescolar con la obligatoriedad de uno, transición y ampliar los otros dos que se establecerían progresivamente. El currículo, en el marco de los indicadores y los lineamientos del MEN, es definido por el establecimiento educativo.

La norma establece que los “Indicadores del Ministerio de Educación Nacional y los definidos en el PEI son una guía para que el educador elabore sus propios indicadores, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En ningún momento estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la elaboración de informes de progreso del educando” y define que “los lineamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de logro, para los distintos grados del nivel de educación preescolar, serán los que señale el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994”. Nótese que habla de lineamientos e indicadores como guías no dogmas, que es en lo que los ha convertido el Gobierno. 

Violando lo mandado por la ley General de Educación El MEN diseña los estándares y las competencias que definen lo que consideran las agencias internacionales como educación de calidad y lo hace pasando por encima de la autonomía escolar y sin reunir la Junta Nacional de Educación y el Foro Educativo Nacional y usa los exámenes de Estado como único  criterio de calidad tratando de vender su dogmática e intolerante posición.

La educación de adultos ha sido paulatinamente  desmontada hasta el punto de que carece de planta de personal, ha sido cambiada por horas extras y por contratos con entidades privadas, la Jornada Única es impuesta sin cumplir las condiciones previas de infraestructura disponible y en buen estado, un plan de alimentación escolar en modalidad de almuerzo y el recurso humano docente necesario y los servicios públicos, la Escuela Nueva violando la autonomía se aplica en la educación básica en todas las áreas rurales y en algunas urbanas del país, la educación de los niños y niñas con discapacidad, con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales se adelanta sin recursos ni planta de personal, es decir, aumentando el trabajo de los docentes y desvirtuándola.  La educación para los grupos étnicos se hace sin el presupuesto que requiere y sacrificando a los maestros. La  educación ambiental, la cátedra de estudios afrocolombianos, la lucha contra la violencia y discriminación de las mujeres, la cátedra de la Paz y la Convivencia escolar se adelantan bajo el procedimiento de aumentar el trabajo de los docentes con cero inversiones por parte del Gobierno Nacional.

Desconocimiento de los derechos del magisterio: no son convocados los concursos de ingreso manteniendo decenas de miles de educadores en provisionalidad y sin derechos de carrera, tampoco hay proceso de ascensos y reubicación salarial y no se acuerda un nuevo estatuto docente. La organización de la planta de personal se hace con el fin de lograr la ampliación de la cobertura con eficiencia, es decir, hacinando y recortando los recursos. Se busca acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio comenzando con la destrucción del régimen de salud. La Seguridad y salud en el trabajo es casi inexistente, el trámite a tiempo de prestaciones existe…en el papel, no ha querido reglamentar el decreto 1655 ni reconocer la COVID 19 como enfermedad laboral o profesional.

El Gobierno no cumple con los acuerdos pactados con FECODE en materia de una reforma constitucional del SGP para un aumento real y progresivo de la financiación, la Jornada Única con condiciones previas, relaciones técnicas sin hacinamiento,  seguridad y salud en el trabajo, servicio de salud, estatuto de la profesión docente y adelantar el curso de ascenso o reubicación para 8.000. Educadores y no ha expedido el decreto que establece el pago proporcional de la prima de vacaciones.

La persecución contra el magisterio debería avergonzar a este y los anteriores gobiernos ante el mundo. En el período a partir de 1980 cada 12 días asesinan un maestro, alcanzando 1.088 homicidios y en los dos últimos años 26 educadores. La impunidad es casi total. El partido de gobierno, el Centro Democrático, se ha dedicado a calumniar al magisterio, encabezado por FECODE, acusándolo de adoctrinar, afirmación que contraría su actividad de llevar a los estudiantes a la ciencia, el arte y la cultura.

Las normas impuestas desde la expedición del Acto Legislativo 01, la le 715 y sus decretos reglamentarios, en particular el decreto 1278, han configurado una profunda contrarreforma educativa que ha golpeado seriamente la financiación,  el carácter publico, la autonomía escolar, la educación científica, su carácter democrático y su papel en el desarrollo de Colombia. Los paros del último decenio, en especial los de 2015 y 2017 y los acuerdos suscritos en esos años y en 2019 configuran avances económicos con la nivelación, la bonificación pedagógica, el porcentaje para los maestros que tienen maestría o doctorado y están en la categoría dos, el 15% para los que están en la categoría 14. El magisterio ha de continuar luchando unitariamente contra la política del gobierno Duque defendiendo la educación pública y la soberanía nacional.

El magisterio debe continuar exigiendo al Gobierno que cumpla las condiciones para la alternancia, debe prepararse para dar las grandes batallas que se avecinan, exigiendo que se cumpla lo pactado, que se retiren decretos y proyectos de ley lesivos y que se negocien el pliego de emergencia, el pliego estatal y el pliego de FECODE.   

FAS-TRIBUNA MAGISTERIAL-EDUCADORES DEMÓCRATAS