Bogotá D.C., 18 de diciembre 2017, Tribuna Magisterial Nacional

En este año que está terminando se vivió una de las más grandes batallas que haya librado el magisterio colombiano en su historia, enfrentando, con el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía, a la política del Gobierno Santos contra Colombia, la educación pública y los derechos de maestros y estudiantes, expresada en el recorte del sistema general de participaciones que lo ha llevado a perder 84 billones de educación de 2002 a 2017 y a tener decrecimiento real en 2018; la expedición de normas regresivas como el 490, 501 y 915 y la obligatoriedad de una jornada única sin los requisitos previos necesarios y violando la autonomía escolar.

La agenda del Gobierno es la “sugerida” por la OCDE, el BID y demás agencias: privatización, asignación creciente de responsabilidades a las entidades territorial sin recursos, precarización laboral, supresión de cargos docentes –desarrollada en el decreto 2105-, imposición de una educación contraria a la ciencia, la democracia y el desarrollo nacional, para lo cual no se requiere financiación adecuada y creciente sino, por el contrario, el desvío de los recursos a las  multinacionales vía exenciones, zonas francas, rebajas de impuestos  y contratos de estabilidad tributaria.

El acuerdo de 16 de junio, después de 37 días de masivo paro,  fue un triunfo de Colombia al acordarse una reforma al SGP para cerrar las brechas de cobertura, canasta, jornada única, infraestructura y relaciones técnicas; ampliación del preescolar en sus tres grados en las instituciones educativas públicas; reactivación de la Comisión Tripartita para el nuevo estatuto; condiciones previas para la jornada única y respeto a la autonomía escolar;  reforma de los decretos; abolición del docente líder apoyo con el cual se pretendía imponer 40 horas de trabajo directo con los estudiantes; que sumado a lo conquistado en años anteriores ha permitido avances con la nivelación, los aumentos salariales por encima de la inflación, la bonificación pedagógica, la prima de servicios y el ascenso de los maestros regidos por el 1278, que permitió en su primera cohorte el ascenso o reubicación de más del 90% de los que se presentaron como medida temporal mientras hay nuevo estatuto de la profesión docente que garantice el ascenso con la experiencia, títulos y producción académica y en la segunda cohorte el curso de ascenso para el 12% de los que se presentaron y no hayan pasado.

Antes estas conquistas el Gobierno de Santos recurre a la vieja táctica oligárquica de violar los acuerdos: el Ministro de Hacienda señala públicamente que va a presentar unilateralmente una reforma que no aumente los recursos. En ese terreno la posición del BID de atar de manera automática la planta de personal con el número de estudiantes por docente orienta sin duda la estrategia gubernamental de reducir gastos y despedir maestros para “resolver” la crisis.

Expide el Decreto 2105 que, si bien recoge lo acordado en condiciones previas para la jornada única –infraestructura disponible y en buen estado, almuerzo, docentes y servicios públicos y respeto por la autonomía-, suprime el lesivo tipo de empleo de docente líder de apoyo y reconvierte a los que están nombrados a docentes de aula, modifica positivamente el perfil y el encargo de directivo docente; impone sin que sobre ello hubiera acuerdo la modificación de la duración de la jornada única, el descanso por fuera de la jornada académica y  la gradualidad por sedes en la implementación de la jornada única, la terminación de los nombramientos provisionales por supresión del cargo enmascarada como “estudio de la planta”, ratifica el cargo temporal de docente de apoyo pedagógico en desarrollo del 1421 y modifica la clasificación de docente de secundaria en un área por docente de áreas de conocimiento de básica y media con el objeto de colocar asignación académica distribuida en primaria y secundaria, y no aceptó resolver la injusta decisión de aplicar con retroactividad el Decreto 915. Ha venido tomando decisiones unilaterales que afectan el proceso y resultados de la segunda cohorte de la ECDF. Expidió sin respetar el acuerdo la directiva sobre orientadores. Con la circular 51 impulsó la violación de las leyes laborales al recortar las vacaciones de los maestros en un proceder bárbaro que no tiene antecedentes

A contrapelo de la arremetida del Gobierno Nacional en la comisión de financiación coincidimos con Gobernadores y Alcaldes en la necesidad de una reforma constitucional. Trabajamos con ellos y miembros del Congreso y la comunidad educativa en los acercamientos que nos permitan conformar un frente amplio por una financiación adecuada y creciente. Perseveramos en la comisión tripartita en un nuevo estatuto de la profesión docente. Rechazamos las maniobras del MEN y el ICFES en los ascensos y exigimos la convocatoria este año de la tercera cohorte.

En el 2018 defenderemos la educación pública, su financiación, los acuerdos, los derechos laborales, la estabilidad, el derecho a ascender, el nuevo estatuto, la alimentación y el transporte de nuestros estudiantes y, como lo expresa el senador Robledo, derrotaremos a los mismos con las mismas, “que saben que Fajardo es el único que puede ganarles, con el respaldo del Polo, los Verdes y Compromiso, verdades que están generando que millones de colombianos de todos los orígenes sociales y políticos, mamados de los malos gobiernos y políticos de siempre, se conviertan en el fenómeno ciudadano capaz de vencerlos y empezar a superar la crisis que vive Colombia”.

Sea la ocasión desde Tribuna Magisterial para desearles a todos los educadores de esta hermosa Colombia la mayor felicidad en estas  fiestas decembrinas y un año nuevo pleno de ánimo unitario y decisión de lucha.

 

TRIBUNA MAGISTERIAL NACIONAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *